Los detenidos en las protestas: “Están hablando de nuestra libertad sin discutirlo con nosotros”

Angélica Socha espera ya haber pasado lo peor. Durante 16 meses, uno de sus tres hijos, Kevin Sebastián, estuvo detenido como sindicado de terrorismo por supuestamente haber incendiado una estación de policía en el sur de Bogotá en las protestas de 2020. Hace dos meses su defensa logró la libertad condicional y aunque el proceso judicial sigue, dice que al menos terminó una parte de la “pesadilla”. Socha confía en que la justicia lo absuelva y no vuelva a pisar una prisión. “Ni siquiera lo tenían en la cárcel, siempre estuvo en una URI en condiciones indignas. Para todo había que pagar, si se ...

Angélica Socha espera ya haber pasado lo peor. Durante 16 meses, uno de sus tres hijos, Kevin Sebastián, estuvo detenido como sindicado de terrorismo por supuestamente haber incendiado una estación de policía en el sur de Bogotá en las protestas de 2020. Hace dos meses su defensa logró la libertad condicional y aunque el proceso judicial sigue, dice que al menos terminó una parte de la “pesadilla”. Socha confía en que la justicia lo absuelva y no vuelva a pisar una prisión. “Ni siquiera lo tenían en la cárcel, siempre estuvo en una URI en condiciones indignas. Para todo había que pagar, si se quería bañar o dormir en un colchón y no el piso. Estábamos realmente desesperados”, dice la mujer, que espera que el anuncio de Gustavo Petro de liberar a jóvenes que participaron en las protestas sea el paso previo para hablar de los montajes judiciales que, dice ella, se cometieron en algunas detenciones masivas, como en la que cayó su hijo.

Kevin Sebastián Hernández Socha estuvo más de un año en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, un lugar que se supone debe ser solo de tránsito mientras los detenidos son llevados a cárceles. Su defensa asegura que es inocente y que el 4 de mayo, el día que una unidad policial (un CAI) en Usme fue incendiada, él no estaba en ese lugar, sino celebrando el cumpleaños de su novia. “Hay fotos que pueden probar que él no estaba ahí”, dice su mamá, que lo ha acompañado en todas las audiencias, van más de 20, la última fue el pasado 1 de diciembre. Cuenta que cuando fue detenido llevaba apenas unos meses de haber regresado de prestar servicio militar en la Fuerza Aérea. Tenía 20 años y buscaba trabajo.

“Es injusto que pongan a nuestros hijos al mismo nivel de Pablo Escobar, como si fueran criminales, unos terroristas. Mi hijo ni siquiera participó en las protestas, pero pasó más de 400 días detenido y todavía tiene un proceso por algo que no hizo”, asegura la mujer, que ha buscado llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su hijo, la Fiscalía lo acusa por los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público e incendio. El testimonio de un hombre que jura haberlo visto esa noche cuando el CAI ardió en llamas y una foto son las principales pruebas en su contra. “Tenemos mucho miedo de que lo condenen por cargos que podrían sumar una pena de hasta 30 años. Queremos que usen el polígrafo, que pongan a prueba la verdad de mi hijo, no queremos sufrir más”, dice. Para ella y otras familias, la decisión de Petro es un alivio, aunque sepan poco sobre cómo los beneficiará. “No nos han dicho nada, no hay claridad sobre los casos de quienes están en libertad condicional” dice.

Anyela Michele Rodríguez también tiene dudas sobre el anuncio de Petro. No sabe, por ejemplo, qué pasará con los jóvenes detenidos que continúan en estaciones de policía. Rodríguez y su novio, Janner Carreño, fueron capturados en junio pasado porque supuestamente financiaban a la primera línea en Bucaramanga. Ella logró la libertad, aunque su proceso continúa, pero él sigue detenido como sindicado por el delito de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. “El Gobierno no ha sido claro en decirnos quiénes podrán ser gestores o voceros de paz, qué tareas tendrán quienes sean elegidos, en qué ciudad, por cuánto tiempo, si podemos tener acceso a educación y trabajo, ¿vamos a estar completamente libres o habrá limitaciones?”, cuestiona.

Petro ha anunciado que antes de Navidad cientos de jóvenes detenidos en el marco de las protestas serán liberados, aunque no ha especificado cómo será el procedimiento con los sindicados y qué pasará con quienes están condenados, pero alegan procesos injustos. “Necesitamos que nos incluyan en esta conversación, ellos [el Gobierno] están haciendo todo a su manera”, cuestiona Anyela, de 21 años.

Juliana Higuera, parte de la campaña Objetivo Libertad, dice que el anuncio de Petro es apenas la respuesta a uno de los muchos reclamos que tienen los jóvenes detenidos y sus familias. Ella misma estuvo en prisión durante 99 días por participar en las protestas de Boyacá, ahora está libre, pero su judicialización continúa. “Aún no existe una reglamentación alrededor de cómo se van a hacer las gestorías de paz, no hay claridad. Exigimos que nos hagan parte de estas discusiones como personas judicializadas o detenidas”, dice. Higuera cuestiona que desde el ministerio de Justicia se haya insistido en que la figura de gestores de paz solo vaya a ser aplicada para sindicados, cuando la norma, promovida por el mismo Ejecutivo, es más amplia. “Se admitirá como vocero a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere puedan aportar el proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”, señala un aparte de la ley de Paz Total.

Para Higuera, si el Gobierno aplica la norma como está en el papel, tendría que beneficiar a personas que incluso están condenadas. “No se ponen limitaciones de delitos, ni diferencia entre personas sindicadas y condenados”, explica. El decreto presidencial para agilizar la salida de las cárceles antes del 24 de diciembre crea una comisión para liderar el proceso y recomendar potenciales voceros, pero deja muchas preguntas sin resolver.

“Están hablando de nuestra libertad sin discutirlo con nosotros. ¿Cuáles son las garantías de que quienes sean gestores puedan seguir defendiéndose de manera idónea?, ¿cómo se va a lograr la liberación en un tiempo tan corto?”, señala, entre muchas otras dudas. Desde que Petro anunció, hace una semana, su intención de liberarlos a través de las gestorías de paz, organizaciones como Objetivo Libertad han exigido claridad frente a cómo aplicará esta figura en sus casos. “No vamos a ser representantes de ningún grupo armado, ni queremos que nos equiparen con un grupo al margen de la ley. El Gobierno ha sido irresponsable con sus pronunciamientos. Petro con su anuncio de que iba a lograr la liberación de todos antes de Navidad creó expectativas demasiado altas. No estamos hablando de un tema menor, sino de la vida de personas”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.