El abuso policial en las protestas de Colombia: “Nos iban a violar, me metieron la pistola en la boca”

En una manifestación pacífica durante el paro nacional en Colombia, Ana y Catalina, nombres ficticios, recuerdan que de un momento a otro el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) empezó a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Ellas dos decidieron esconderse detrás de un carro, pero un agente del Esmad agarró a Catalina y se la llevó hacia un caño. “Nos iban a violar, me metieron la pistola en la boca, nos tocaron por todos lados, nos decían: las vamos a matar zorras”, recuerda. Los agentes decidieron llevarlas a un peaje a las afueras de la ciudad y les gritaban: “ván...

En una manifestación pacífica durante el paro nacional en Colombia, Ana y Catalina, nombres ficticios, recuerdan que de un momento a otro el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) empezó a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Ellas dos decidieron esconderse detrás de un carro, pero un agente del Esmad agarró a Catalina y se la llevó hacia un caño. “Nos iban a violar, me metieron la pistola en la boca, nos tocaron por todos lados, nos decían: las vamos a matar zorras”, recuerda. Los agentes decidieron llevarlas a un peaje a las afueras de la ciudad y les gritaban: “vándalas, hijueputas, malparidas, ¿por qué no se mueren?”.

Al rato las dejaron en libertad. Ellas decidieron denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, con la intención de “dar fortaleza a las chicas que tienen miedo a hablar”. En la entidad les propusieron tener protección policial, pero eso no les daba ninguna tranquilidad. “¿Cómo voy a aceptar yo que me cuide un policía si son los mismos que me van a querer pegar, que me van a querer violar?”.

El caso es uno de los 28 que documentó Amnistía Internacional en su informe La Policía no me cuida: violencia sexual y otras violencias basadas en género en el paro nacional. La investigación, publicada este jueves, está enfocada en la violencia contra las mujeres y personas LGBTI entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021 durante las manifestaciones del paro nacional. Las denuncias ocurrieron en ciudades como Cali, Palmira, Popayán, Soledad, Tunja, Manizales y Bogotá.

De los 28 casos documentados por Amnistía, 24 fueron cometidos contra mujeres, entre ellas algunas con orientación sexual e identidad de género diversa, y cuatro contra hombres, de los cuales uno se identifica como homosexual.

El estallido social de 2021 inició por la inconformidad de miles de personas con una reforma fiscal que impulsaba el Gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022). La reforma no prosperó por la presión en las calles, pero las manifestaciones se extendieron durante dos meses. Las jornadas fueron mayoritariamente pacíficas, pero hubo brotes de violencia y al menos 46 personas murieron, según la ONU.

El informe señala que la Policía Nacional intervino en distintos momentos en el control de las movilizaciones y protestas, e hizo uso de la fuerza de manera excesiva y desproporcionada. Como consecuencia, miles de personas resultaron gravemente heridas y decenas perdieron la vida en manos de las fuerzas de seguridad.

En el 2021, Mauricio, Sebastián y Gabriel contaron que fueron víctimas de violencia sexual en una estación de Policía tras su detención en el marco de manifestaciones del estallido social. Gabriel, que se identifica como hombre homosexual, debió hacer pública su orientación sexual como consecuencia de estos hechos. Los tres hombres fueron detenidos por agentes de policía y dirigidos a una estación. “Una vez dentro, el policía que nos recibió entra a las celdas, empieza a alentar a los presos diciendo que había llegado carne fresca, empieza a gritar que nos iban a violar, que nos iban a golpear, que nos iban a enseñar a tirar piedras”.

Dentro de la celda, Sebastián relata que fueron dirigidos cerca del baño donde fueron manoseados en varias ocasiones, “uno de los tipos me mete el dedo en el ano y me mete una cachetada. Después, me acuestan en un pasillo, uno de los tipos se desnuda y me pone el pene en la cara”. Gabriel, por su parte, cuenta que lo obligaron a realizarle sexo oral a dos reclusos.

Abuso contra mujeres indígenas y afrodescendientes

Amnistía también denunció que la violencia tuvo en algunos casos connotaciones racistas al cometerse contra indígenas y afrodescendientes. Una mujer, Erlendy, denunció haber sido secuestrada por hombres armados vestidos de civil y agredida física y psicológicamente. Es madre de un integrante de la Primera Línea y asegura que la agresión que sufrió fue por estar identificada con un logo de un grupo indígena: “Yo me resistí y empecé a gritar, me taparon la boca, me arrancaron la camisa... accedieron de mi cuerpo como animales repartiéndose su presa”. La víctima denunció a las autoridades. Sin embargo, recibió una amenaza y tuvo que desplazarse forzosamente para protegerse.

Erlendy afirma que el interrogatorio no se centró en la violencia basada en género, sino en obtener información sobre su participación en las manifestaciones y sobre la Primera Línea. Una semana después de presentar la denuncia, desconocidos la violaron y laceraron con un cuchillo por todo el cuerpo, y ha sido amenazada por policías, razón por la cual ella denuncia que la violencia sexual está vinculada con agentes de esta institución.

Amnistía recomendó en su informe que el presidente Gustavo Petro, como jefe máximo de la fuerza pública, ordene detener las violaciones de derechos humanos y que el Gobierno disponga de mecanismos independientes de supervisión de la policía. Solicitó también que cuando se haga una acusación grave de violencia de género, el presunto autor sea suspendido de su servicio como policía para que no interfiera en la investigación. Dos años después del estallido social, todavía miles de personas sobrevivientes reclaman justicia y que sus derechos sean garantizados. En ninguno de los 28 casos denunciados por la ONG hay condenas y, en la mayoría de ellos, ni siquiera se pudo identificar al victimario.

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