El Gobierno no cede en el corazón de su reforma tributaria

Este miércoles se conoció la ponencia de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, la primera de las propuestas legislativas que presentó, a la que Petro le puso mensaje de urgencia para sacarlo más rápido y la que hasta ahora marca el camino de su administración en temas económicos. Con el nuevo t...

Este miércoles se conoció la ponencia de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, la primera de las propuestas legislativas que presentó, a la que Petro le puso mensaje de urgencia para sacarlo más rápido y la que hasta ahora marca el camino de su administración en temas económicos. Con el nuevo texto, acordado entre el Gobierno y los congresistas ponentes, explicó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el recaudo sería “un poco menos de la que había previsto el Gobierno, pero aumenta gradualmente hasta llegar a 25 billones” en 2025. Es decir, sí llegaría a la meta establecida por Petro para 2023, la de recoger unos 5.500 millones de dólares adicionales, pero dos años más tarde. Eso muestra que la negociación con los congresistas logró el difícil equilibrio de ceder a sus críticos sin adelgazar mucho la reforma.

El Gobierno ha mostrado el texto como un logro. “Con esta reforma Colombia por fin alcanza la tributación como porcentaje del PIB de un país latinoamericano”, dijo Ocampo, mostrando cómo alcanzaría una de sus mayores metas, aumentar el recaudo en más del 1,5% del PIB y conseguir los fondos para financiar un programa de Gobierno que apunta a aumentar el gasto público para reducir la desigualdad en uno de los países más inequitativos del mundo según los datos del índice de Gini que centraliza el Banco Mundial

En casi dos meses de reuniones con congresistas, gremios y economistas, el Gobierno cedió varios puntos. En agosto renunció a eliminar el subsidio a la gasolina en las zonas de frontera y a cobrar un impuesto a las exportaciones de oro cuando sobrepasen cierto precio. En septiembre aceptó reducir la lista de alimentos que se considerarían ultraprocesados a efectos de tener un impuesto saludable, excluyendo por ejemplo al salchichón, que se convirtió en un símbolo del debate sobre ese impuesto. Y en los pocos días que van de ese mes cerró las negociaciones con otras concesiones, incluyendo echarse para atrás en la idea de mantener dos días sin IVA que había anunciado apenas una semana atrás.

Lo más visible es que aceptó eliminar un impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón cuando pasen cierto nivel, que era una de sus innovaciones más grandes y una fuente de recaudo importante. Eso no significa que haya renunciado a ver al sector extractivo como una importante fuente de recursos: mantendrá la polémica propuesta de hacer que las regalías, el dinero que pagan los privados al Estado por extraer bienes del subsuelo - que es estatal- no puedan ser deducibles, es decir, no se puedan descontar de su impuesto de renta. Encima, crea una sobretasa temporal de ese impuesto a las mineras y carboneras, que sería de un 10% más el primer año, un 7.5% el segundo y un 5% el tercero. Así, esas empresas pagarían más renta que las que se dedican a otros negocios, que pagan la tarifa general del 35%. Con todo eso, Ocampo calcula que ese sector “va a dar un poco más de 9 billones de pesos” en 2023. Es decir, casi la mitad de los 22 billones que recogería en su primer año.

El otro sector económico sobre el que hace énfasis la reforma en su nueva versión es el financiero, pues mantiene por hasta 2027 una sobretasa temporal al impuesto de renta, y la sube del 3% al 5%; aunque su propuesta inicial era dejarla permanente, igual a la que tendrá el sector financiero, que hasta ahora tenía una del 3% y solo temporal. Además, hasta antes de la reforma, y con el proyecto inicial, solo pagaban la sobretasa las instituciones financieras como bancos y compañías de financiamiento comercial. Según la ponencia, también lo hará “las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities y los proveedores de infraestructura del mercado de valores”, por lo que impactaría al sector de forma más amplia.

Esa carga tributaria se hace más notoria porque la ponencia revive algunos tratamientos favorables que el proyecto inicial eliminaba, como los de la industria del cine, del agroturismo, de los autores y traductores de libros o de la construcción de vivienda social.

La otra gran fuente de recursos es el aumento de impuestos a las personas más ricas, que Ocampo dijo que pagarán 3,5 billones de pesos adicionales el primer año y 6,7 el tercer año. El cambio se debe a que una de las principales fuentes de su esfuerzo será el impuesto al patrimonio, que hoy es temporal y aumentará de forma gradual. La ponencia mantiene del proyecto inicial la idea de convertirlo en permanente, en que solo lo paguen quienes tienen un patrimonio por 3 mil millones de pesos (unos 700 mil dólares) o más, y que sea del 0,5% en lo que tengan por encima de ese monto y hasta 5 mil millones, y del 1% de ahí en adelante. Pero aumenta la tarifa durante 4 años para los más ricos, los que tienen 10 mil millones de pesos o más, que pagarían 1.5% por ese valor.

Además de ese acento en dos sectores económicos y en los más pudientes, la ponencia mantiene los impuestos saludables, que han recibido tantas críticas en el pasado e históricamente han sido objeto de cabildeo en el Congreso para que no pasen. Sin embargo, lo ajusta para que solo se aplique a bebidas con más azúcar: aumenta el piso de 4 a 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, por lo que no aplicaría a algunas gaseosas azucaradas muy vendidas hoy, como la Colombiana o la Naranja, la Uva y la Manzana Postobón.

También deja vivos los impuestos al carbono y al plástico de uso único, centrales para sostener la bandera ambiental del Gobierno. Sin embargo, la ponencia también crea una sobretasa del 3% a las hidroeléctricas (propuesta por la bancada conservadora), lo que afecta esa fuente de energía, usualmente clasificada como limpia.

En última instancia, la ponencia refleja la realidad política de un Gobierno con alta popularidad de alrededor del 70% según las más recientes encuestas, con mayorías en el Congreso y con una reforma tributaria ambiciosa en recaudo pero que mantiene en buena medida el sistema impositivo actual. Aunque faltan todos los debates en el Congreso, empezando con el de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara citado para este jueves, y luego por aparte en sus plenarias, en los dos meses largos que le quedan al período legislativo hay tiempo para sacarla adelante. Si ocurre, el Gobierno tendría su primera gran reforma legislativa, y la que es condición necesaria para sacar adelante sus otras propuestas.

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