La promesa del cannabis medicinal todavía tiene quijotes

Alberto y Evelyn son un matrimonio de sociólogos pensionados; Jefferson, tecnólogo en agronomía; y Richard, un técnico en electricidad industrial. Todos con algo en común: le apostaron al cannabis medicinal y han persistido para sacar adelante sus proyectos. Los cuatro reflejan las distintas habilidades necesarias para sobrevivir en este difícil sector. Un pequeño o mediano productor no puede sobrevivir produciendo cannabis sin asociarse co...

Alberto y Evelyn son un matrimonio de sociólogos pensionados; Jefferson, tecnólogo en agronomía; y Richard, un técnico en electricidad industrial. Todos con algo en común: le apostaron al cannabis medicinal y han persistido para sacar adelante sus proyectos. Los cuatro reflejan las distintas habilidades necesarias para sobrevivir en este difícil sector. Un pequeño o mediano productor no puede sobrevivir produciendo cannabis sin asociarse con otros. Para poder sacar adelante una cooperativa o asociación se requieren personas con experiencia en el cultivo y cuidado de la planta para lograr una cosecha que cumpla con los estándares del mercado. Hace falta alguien que conozca el sector público y las leyes, con capacidad para mover contactos políticos y empresariales. O se puede optar por mantenerse en el mercado gris, bajo las leyes de los cabildos indígenas, para elaborar productos derivados de cannabis para el uso medicinal.

Articular el conocimiento empírico y técnico

El municipio de Corinto, Cauca, de donde es oriundo Jefferson Chiquito, es conocido a nivel mundial como un lugar donde se produce marihuana de calidad: 47 de las 40 veredas que lo integran han producido marihuana en algún momento. Para los pequeños y medianos productores como él, la legalización del cannabis medicinal implicó la posibilidad de cambiar el estigma que pesa sobre Corinto y convertirlo en una oportunidad de desarrollo.

En esta parte del Cauca, existe una frontera entre el llano y la parte alta, esta última usualmente ligada a la ilicitud. Jefferson empezó a trabajar en “los cultivos que están en la montaña” o “cultivos convencionales” como prefiere llamarlos en 2014. A partir de allí, ese conocimiento empírico que adquirió le ha permitido estabilizar el proceso productivo de la Asociación de Productores de Corinto, APROCOR, de la que hace parte.

Además, le sumó a ese conocimiento desde la práctica, su formación como tecnólogo en agronomía e hizo un curso técnico en el manejo de cannabis, con el estatal Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA). Esto le permitió obtener un certificado que formaliza sus saberes prácticos para poder entrar al mercado ahora legal del cannabis medicinal.

A partir de la combinación entre lo empírico y lo técnico, Jefferson ha logrado estandarizar un proceso y producir el gramo de cannabis medicinal a 300 pesos. En esta experiencia él y otro compañero, según cuenta, lograron un rendimiento de trabajo equivalente al de cuatro personas cada uno. Juntos han capacitado a otras personas en esas técnicas, una actividad que entusiasma a Chiquito: “transferimos conocimiento y vemos que aparte de que somos buenos trabajando el cannabis, podemos capacitar a alguien más”, cuenta a EL PAÍS.

APROCOR tiene licencia para cultivar cannabis psicoactivo, el que tiene entre el 14 y el 17% de THC, el componente psicoactivo de la marihuana. Por cada diez kilos de flor seca de las variedades capa roja, mango-biche y biche-lemon, todas semillas nativas del Cauca, produce aproximadamente un litro de aceite. Este tiene un rendimiento mejor en el mercado y les deja mayor de ganancia que la flor seca, especialmente en el mercado internacional, por lo que Jefferson produce aceite en goteros que distribuye a personas conocidas.

Con las licencias de cannabis psicoactivo se requiere asegurar un comprador y la asignación de un cupo antes de poder sembrar. Son las grandes empresas las que los concentran; en 2021 solo el 1.7% de esos cupos fue asignado a pequeños y medianos productores como APROCOR. Para 2022, no se les ha otorgado ningún cupo. El de la asociación sería el primero.

Mientras esperaba el cupo solicitado a la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia, APROCOR estuvo varios meses inactiva. Sin embargo, Jefferson y los demás asociados se preparan para comenzar a producir en cuanto obtengan ese cupo porque acaban de conseguir un nuevo contrato para suministrarle a a Biominerals Pharma, una empresa multinacional: 2.6 toneladas de flor seca para el 31 de diciembre del 2022, por 1.000 millones de pesos. Esperan obtener entre el 20 y 30% como utilidades para el total de los asociados.

La cultura del cannabis legal está permitiendo un cambio generacional. Jefferson pone como ejemplo su familia. “Nosotros tratamos de dibujarles ese panorama a nuestras hijas. Ellas se paran ahí, como todo niño, a saber qué es lo que está haciendo el papá y le contamos de manera técnica agronómica, qué es el cultivo, cómo funciona y ella se va metiendo en el cuento, hasta el punto en que el día que nosotros no estamos, le quitan las hojitas que ven”, dice. Jefferson, sus hijas y la familia de su esposa viven en una vereda a apenas 20 minutos del casco urbano.

La necesidad del trabajo conjunto

Cuando comenzaron con su proyecto, Alberto Rivera ni su esposa, Evelyn Molina, sabían de cannabis. En 2016 asistieron a varias reuniones de personas que se estaban organizando en el norte del Cauca para constituirse como pequeños y medianos productores de cannabis medicinal. Molina recuerda, “inicialmente se constituyó en un sueño, después llegó la Ley en el 2016″. En ese momento identificaron una oportunidad no solamente de negocio para ellos sino también para los campesinos de Santander de Quilichao, Cauca, de donde Alberto es oriundo.

Crearon una cooperativa, a la que denominaron Gold Land Cannabis Medicinal, que en julio de 2022 sacó su primera cosecha de cannabis no psicoactivo. Fueron 700 matas sembradas cinco meses antes y de las que han obtenido aproximadamente 150 kg de flor seca. Ahora están buscando un comprador para obtener el primer ingreso para la cooperativa, cuyos asociados han invertido más de 200 millones de pesos. Esperan vender esa cosecha por, al menos, 400 mil pesos el kilo, lo que les daría 60 millones de pesos.

Lo último que han aprendido ha sido cómo cosechar y secar la flor. Hoy saben diferenciar las distintas variedades y el género de las matas. Han aprendido de tres de sus trabajadores en el cultivo: Quintero, Adriana y Eudilia. Evelyn reconoce que han tenido fortuna con ellos, pues son leales y cuidan el cultivo como si fuera de ellos “es una cosa maravillosa”. Gold Land se ha convertido en el proyecto familiar, al que se han integrado hijos y hermanos. “Venimos con la familia, que nos ayuda al raleo, a quitarle las hojas, a cortar flor”, cuenta Alberto. Hoy es su hijo, Carlos Alberto, quien está liderando la cosecha. Estos procesos han sido enseñanza.

Inicialmente, a Alberto le tocó conocer toda la parte legal y teórica, es decir, entender cómo se debía solicitar la licencia y adelantar los trámites. “Tiene que estar uno actualizado, siempre están saliendo normas”, señala. Este matrimonio realizó muchas visitas al Ministerio de Justicia para, finalmente, obtener la licencia a inicios de 2018. Después de eso han recibido tres visitas técnicas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y del Ministerio. En su experiencia, el proceso con la institucionalidad ha mejorado en los últimos meses, pues “anteriormente no nos daban citas para absolutamente nada, ahora el gobierno está soltando un poquito esto”. Ambos esperan que con el Gobierno de Gustavo Petro, la situación continúe mejorando.

En la tarea de liderar su propia cooperativa, Alberto aprendió a moverse entre los grandes, asistiendo a eventos de cannabis que se han multiplicado en los últimos años. Algunos de los más reconocidos son Expomedeweed o Expocannabis Cartagena. “He estado en todos los congresos”, cuenta. Su emprendimiento le llevó a participar en convocatorias incluso en otros países, como México. Esas experiencias le han servido para conocer los últimos avances técnicos y de inversión extranjera, pero sobre todo le han permitido establecer contactos. “Allá se encuentra uno con todos esos empresarios del cannabis, lo que permite ponernos de acuerdo sobre precios y alianzas” asegura. Pero asistir a estos eventos no es asequible para todos. El precio total para el acceso de tres días a Expocannabis Cartagena asciende a 950 dólares; para dos días, es de 699 dólares.

Cuando inició su sueño esperaba que todos los integrantes de la cooperativa se involucraran tanto como él. Pero eso no pasó. Hoy está agotado. Evelyn sigue en el proyecto por su esposo, pero se ha decepcionado mucho. “Le hice firmar una carta de renuncia, que él presentó en la asamblea de la cooperativa porque no había apoyo de los socios. Sin embargo, le dijeron que no, que continuara y él decidió seguir. Por lo menos hoy hay unas plantas allí sembradas que se están cuidando”, explica.

En este momento tienen sobre la mesa una posible oferta de compra para su primera cosecha. Para cumplir con la magnitud del requerimiento es necesario asociarse entre varias pequeñas y medianas cooperativas de la zona, ya han venido avanzando en esa alianza para continuar prosperar en sus ambiciosos planes para el futuro: “El plan nuestro es a largo plazo, no se puede quedar solo en la venta de la flor, es exportar, transformar productos”, dice Alberto.

Producir bajo las leyes del cabildo

Junto a su esposa Leidy Richard Guerra es representante legal de “Pachamama, transformamos para la vida”, una empresa familiar dedicada a la protección, rescate y divulgación de los saberes ancestrales. “Hemos venido caminando en distintos espacios y territorios con el cannabis de uso medicinal”, recuerda Richard. Pachamama no tiene licencia del Ministerio de Justicia, pero sus cultivos de cannabis y los productos que producen, como aceites o pomadas, están amparados en la Ley 30, que regula los cultivos y consumo de sustancias psicoactivas. Producen bajo las normas del cabildo indígena al que pertenecen. “Hay un marco legal que dice que podemos vender en territorio. Toda Colombia es territorio indígena”, explica Guerra.

Este tecnólogo en electricidad industrial trabajó en esa área durante años hasta que un accidente laboral le redujo la movilidad corporal y le dejó intensos dolores. Entonces empezó a usar el cannabis como tratamiento de sus dolencias. En 2007 pasó a experimentar con la producción de aceites de forma artesanal y a capacitarse sobre la planta de marihuana y su cultivo. Guerra detalla su experiencia: “es perderle el miedo a la planta, a aprender, a conocerla, de tal manera que con sus infinitas propiedades medicinales y terapéuticas, poder reconocerlas y conocer los métodos de aplicación para poder brindarle una ayuda real de sanación a las personas que sufren distintas patologías para las cuales esta planta puede ayudar”.

Pachamama tiene una producción mensual que requiere entre 100 y 150 libras de flor seca; en su mayoría las obtienen de sus propios cultivos, pues cuentan con entre 1.200 y 1.600 matas sembradas en varios ciclos, pero también tienen convenios con otros cultivadores de Mercaderes y Tacueyó, en el Cauca, que están convencidos de que “producir limpio y producir legal es rentable”, cuenta Richard. La mejora de los procedimientos de cultivo les ha permitido, a Pachamama y sus asociados, conseguir un rendimiento de entre 800 y 900 gramos por mata. Sin embargo sigue siendo crítico con el marco legal vigente, “desde la visión ancestral se debe mantener la planta de forma integral”. También señala que la forma cómo se ha regulado y se está desarrollando el sector, rompe esa integralidad. “Te van a vender pollos de granja, porque te van a vender una característica. Pero la planta es completa, son 150 cannabinoides”, concluye.

Entre tanto, Pachamama seguirá optando por el mercado gris y el derecho de los pueblos indígenas para mantenerse en el sector del cannabis medicinal. Y es que si bien entre las comunidades indígenas no existe consenso acerca de si la marihuana debe ser considerada una planta ancestral, sí hay una apuesta común por desarrollar la capacidad regulatoria del gobierno propio. Más allá de la mata o el negocio, es una forma de defender su autonomía.

Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.

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