La Corte Constitucional de Colombia deja en duda la propiedad de miles de predios

Con una votación de ocho a uno, la Sala Plena de la Corte Constitucional zanjó un debate jurídico que puede tener profundas consecuencias para el campo colombiano, la reforma rural integral pactada con las Farc que el Gobierno de Gustavo Petro quiere implementar, y la seguridad jurídica en Colombia. Esencialmente, dijo que la Ag...

Con una votación de ocho a uno, la Sala Plena de la Corte Constitucional zanjó un debate jurídico que puede tener profundas consecuencias para el campo colombiano, la reforma rural integral pactada con las Farc que el Gobierno de Gustavo Petro quiere implementar, y la seguridad jurídica en Colombia. Esencialmente, dijo que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debe organizar un plan para recuperar las tierras de la Nación que no han sido de nadie, llamadas baldíos, cuando los obtuvieron privados a través de sentencias de prescripción adquisitiva (cuando alguien ocupa un predio durante 20 años como si fuera su dueño, y luego lo reclama). Pero la Corte aclara que la ANT no debe incluir en ese plan los predios si los privados eran campesinos sin tierra.

Como jueces han entregado miles predios que pueden ser baldíos al reconocer la prescripción adquisitiva, la sentencia puede devolver muchos de predios a la Nación. Eso en un país en el que el problema de la tierra es agudo y ha sido factor de violencia: como dice la misma Corte, el 25% de los propietarios tienen el 82% de la tierra.

La pregunta, cuya respuesta nadie tiene, es cuántos y cuáles. Según cálculos del Ministerio de Agricultura que cita la misma Corte en el comunicado de prensa que explica su decisión, a 2014 eran por lo menos 37.949 predios; según el Grupo de Investigación “Derecho Constitucional y Derechos Humanos” de la Universidad Nacional de Colombia, serían por lo menos 12.070. “Podrían existir miles de sentencias”, resume la Corte en su comunicado. Y no es claro cuántas de ellas beneficiaron a campesinos sin tierras y deberían mantenerse, y cuántas no, y deberían ser objeto de acciones legales de parte de la ANT para recuperarlas.

El proceso jurídico fue largo y complejo. La Corte recibió una primera tutela de la ANT contra un juez en 2017, y fue acumulando otras similares en un solo expediente, hasta sumar 13, incluyendo dos de personas contra jueces que les negaron la prescripción adquisitiva. Eran difíciles porque aunque en 2014 ya había dicho que los jueces no podían entregar baldíos por prescripción adquisitiva, encontró que si anulaba todas esas sentencias podía quitarle tierra a miles de campesinos que la habían adquirido por esa vía. Mejor dicho, que aplicar a rajatabla su decisión sobre las sentencias de prescripción adquisitiva podía terminar siendo una contrarreforma agraria.

El lío es que la Corte no tenía cómo revisar uno por uno los expedientes de las miles de sentencias. Por eso, el comunicado de prensa de la Corte dice que “la Sala reconoce (ii) que algunas sentencias de pertenencia han cumplido la finalidad de asegurar el acceso a la tierra de pequeños propietarios y que, desconocerlos, podría afectar intensamente la estabilidad de las relaciones sociales, finalidad última de la seguridad jurídica”.

Dada la complejidad del debate, el magistrado ponente duró meses en el estudio, y la sala plena la discutió durante varios días. “Hicimos un esfuerzo muy grande por tener una decisión consensuada en un tema tan importante”, explicó uno de los nueve magistrados de la Corte a EL PAÍS. Efectivamente, solo un magistrado, Alejandro Linares, estuvo en desacuerdo con la decisión, y no en todos los puntos.

La Corte, según el comunicado, decidió que la ANT debe elaborar un plan para recuperar los baldíos que se hayan entregado con estas sentencias. Como no es posible que las mire todas, le ordenó priorizar para saber qué predios tienen dudas, y para resolver luego si son baldíos que deben ser devueltos a la Nación o no. Así, la ANT deberá revisar sobre todo las sentencias que se refieran a grandes extensiones de tierra y a las regiones en las que haya más sentencias de este tipo o en la que las tierras están más concentradas. Además, la Corte le ordenó armar una base de datos que sustente ese plan.

Como lo que encontró la Corte fue un problema estructural, en el que no solo hay miles de sentencias y falta de información sino que el Gobierno y el Congreso no han implementado partes del Acuerdo con las Farc sobre la reforma rural, también dio órdenes a varias entidades para que se acelere ese proceso. Una aceleración que también ha reclamado el nuevo Gobierno, que ya le dio la bienvenida a la decisión con un mensaje más de mesura que de celebración, a pesar de que la Corte le abre la puerta a conseguir tierras, que hoy son de privados, para hacer su reforma agraria:

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