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María Emilia Casas / GORKA LEJARCEGI
El Tribunal Constitucional notificó ayer, pasadas las dos de la tarde, un día antes de la manifestación convocada en Cataluña contra el recorte del Estatuto, la polémica sentencia que da respuesta al recurso de inconstitucionalidad del PP contra 128 artículos de los 223 de la norma autonómica.
El término "nación" y el calificativo "nacionales", referido a la realidad y a los símbolos de Cataluña, que constituyeron el principal escollo de la sentencia y sobre los que han girado los debates de los últimos meses, quedan recogidos en el fundamento jurídico 12 en los términos exigidos por el magistrado Manuel Aragón Reyes para permitir el alumbramiento de la sentencia del Estatuto catalán.
El Tribunal Constitucional no anula el artículo 35 del Estatuto catalán, referido a los derechos lingüísticos en la enseñanza, pero su interpretación abre dudas sobre el modelo vigente en las escuelas de Cataluña. Ese artículo establece que "el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".
El Poder Judicial es exclusivo del Estado. Por lo tanto, el órgano de gobierno de los jueces es único: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y no puede descentralizarse a través de un estatuto de autonomía. El intento de crear un Consejo de Justicia de Cataluña se ha considerado inconstitucional tal y como estaba configurado.
La sentencia del Tribunal Constitucional relata la dura pugna que libraron desde julio de 2006 los defensores del Estatuto y el Partido Popular
Por si les faltaban argumentos, el Tribunal Constitucional dio ayer un último empujón a los partidos que condenan el recorte del Estatuto con vistas a movilizar a sus fieles para la manifestación de hoy en Barcelona.
El Departamento vasco de Interior, que dirige el socialista Rodolfo Ares, apartó ayer del servicio y abrió un expediente disciplinario interno a dos agentes de la Ertzaintza, presuntamente implicados en lo que apunta a ser un caso de espionaje político, bajo investigación de un juzgado de Vitoria.
La trama de corrupción político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la Vega Baja (sur de Alicante) engordó ayer con cinco nuevos imputados: tres ediles populares del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios, Ángel Fenoll, considerado por la investigación como la punta de lanza de la red, y su hijo Antonio Ángel.
Más de un centenar de familiares y amigos despidieron ayer en una capilla ardiente instalada en un polideportivo a las 12 personas que fallecieron arrolladas por un tren la noche de San Juan en Castelldefels. Hasta ahora habían permanecido en el tanatorio de Gavà.
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