El limbo de los estudiantes indocumentados tras la eliminación del Texas Dream Act

José Luis se crió como texano, aunque legalmente nunca lo ha sido. Tiene 20 años y lleva 16 viviendo en Texas. Llegó con sus padres desde México cuando era un niño de cuatro. Su padre consiguió trabajo en la construcción, su madre limpiando casas. Él aprendió inglés mejor que español: “Me siento de aquí, pero sin papeles no tengo las mismas oportunidades”. Eso lo ha obligado a esforzarse el doble. Quería ser licenciado en Computación para fusionar, dice, tecnología, política y leyes. Le fue bien durante cuatro semestres. Ahora está en su casa viendo qué hacer. Su vida quedó en pausa desde que el Estado eliminó el Texas Dream Act, una ley que permitía a los estudiantes indocumentados pagar una matrícula menor en las universidades, en lugar de las altas que pagan los estudiantes extranjeros, y pedir becas para abaratar costos.

José Luis no es su nombre real. Pide ocultarlo por miedo a la política antiinmigrante de la Administración Trump. También el nombre de la universidad a la que asistía, pero sí cuenta que es una institución de mayoría hispana donde, dice, se sentía “más confiado”. El hecho de ser indocumentado también influyó en la carrera que eligió, que le da la oportunidad de ganarse la vida como contratista independiente, con su ITIN (un número fiscal que permite a personas sin Seguro Social declarar impuestos en Estados Unidos). De hecho, pudo cubrir parte de sus gastos en la escuela trabajando como community manager.

Su limbo comenzó en junio pasado, cuando un fallo judicial acabó con la ley aprobada en 2001 por el entonces gobernador republicano, Rick Perry. Gracias a ella, miles de jóvenes indocumentados podían acceder a la matrícula estatal si habían cursado al menos tres años en el Estado y firmaban el compromiso de buscar la residencia legal. En el caso de José Luis, su universidad costaba alrededor de 10.000 dólares (unos 8.500 euros) por semestre. Entre becas privadas, ayudas estatales y la tarifa reducida del Texas Dream Act, solo tenía que pagar de su bolsillo la habitación donde dormía y sus gastos personales.

Al comienzo del verano, sin embargo, el Departamento de Justicia demandó a Texas bajo el argumento de que la ley era inconstitucional, porque otorgaba beneficios a estudiantes indocumentados que no recibían los ciudadanos estadounidenses de otros Estados. En cuestión de horas, el fiscal general del Estado, el republicano Ken Paxton, respaldó esa postura. Luego, el juez federal Reed O’Connor concluyó que el Texas Dream Act violaba la Constitución y la derogó.

Unos 57.000 estudiantes, casi el 8% de los matriculados en las universidades públicas de Texas, perdieron la posibilidad de pagar la rebajada tasa estatal. José Luis recuerda que cuando su mamá se enteró de la noticia, le dijo: “Revisa TikTok, acabo de ver algo sobre las becas”. “No le hice mucho caso, pero al otro día me empezaron a llegar mensajes de mis compañeros: ‘¿Qué vamos a hacer?’ Y ahí me preocupé”.

Su universidad le envió un correo electrónico: “En preparación para el comienzo del semestre de otoño, nos comunicamos con usted para notificarle un posible cambio en su clasificación de residencia que puede afectar su tarifa de matrícula y ayuda financiera para el año académico 2025-2026”. “Para mantener la consideración de matrícula dentro del Estado, envíe prueba de presencia legal en los Estados Unidos a la Oficina del Registrador. Si no se proporciona la documentación necesaria, su estatus volverá a No Residente de Texas para propósitos de matrícula, y su matrícula y paquete de ayuda financiera serán ajustados en consecuencia”, añadía la misiva.

“Ese día sentí que todo lo que había hecho no valía nada”, dice José Luis.

“La educación es un privilegio”

En el semestre que comenzó en el otoño de 2024, José Luis pagó una matrícula de más de 2.580 dólares, y en la primavera de 2025, pagó algo más de 2.070, cifras correspondientes a la tarifa de residentes (in-state tuition). Sin la Texas Dream Act, la universidad le habría cobrado como no residente, lo que suele triplicar o cuadruplicar los costos. En total, cada año, gracias a la ley, ahorraba entre 9.000 y 13.000 dólares, solo en matrícula.

Aunque sus pagos totales por semestre superaban los 10.000 dólares, él podía cubrir la mayor parte gracias a varias ayudas que recibía. Entre ellas, la Tuition Grant-TASFA, una beca estatal por 2.000 dólares, y la beca privada TheDream.US (la mayor del país para estudiantes indocumentados), que le aportaba unos 4.700 dólares cada semestre. Esos apoyos, más el beneficio del Texas Dream Act, reducían sus gastos a menos de 1.000 dólares por semestre.

Con la ley inactiva, José Luis y otros miles de jóvenes en su situación, se han visto obligados a abandonar los estudios. Otros, como Regina, de 21 años, han recibido apoyos específicos de las escuelas. En su caso, aunque podrá graduarse, no sabe qué va a hacer con un título universitario en la mano si no podrá ejercer esa carrera sin un permiso de trabajo que no tiene cómo conseguir.

Regina (tampoco es su nombre real) está a punto de acabar su carrera en Psicología con especialización en desarrollo infantil. Según cuenta, todos los días trata de motivarse a sí misma, aunque en realidad se la traga la incertidumbre. “El verano fue horrible. Mi familia y yo estábamos muy ansiosos”, asegura. Gracias al Texas Dream Act y a las becas que recibía, solo debía comprarse sus libros, unos 200 dólares. Pero con la eliminación de la ley, el costo de su matrícula se hubiera disparado hasta 11.000 dólares por semestre. “Si mi universidad no hubiera abierto esta beca interna, yo me hubiera tenido que salir. No tenía manera de pagar”, señala.

Regina llegó a Texas desde México siendo bebé. Su padre trabaja en la construcción, como el de José Luis, y a ella también le ha tocado poner ladrillos. Cuando supo que eliminaban la ley, antes de que su escuela abriera esa beca para que los estudiantes de último semestre no perdieran la carrera, ella pasó semanas con su padre aprendiendo a ser albañil, sin esperanza de seguir estudiando.

Con su número ITIN, Regina también ha colaborado como mentora de un programa para estudiantes de primera generación. Su deseo, cuando se gradúe, es poder continuar en ese programa a tiempo completo. De lo contrario, dice, se irá con su papá, o de mesera. No ha pensado mucho en eso todavía, está empeñada en graduarse. “Ser indocumentada me ha hecho fuerte. La educación es un privilegio y hay que darle con todo”.

Una aplicación improvisada y caótica

Para varios expertos, la forma en que se implementó la eliminación de la ley ha sido caótica. “Se está aplicando de manera muy improvisada y sin ofrecer garantías de debido proceso”, dijo a EL PAÍS Kristin Etter, directora de políticas y servicios jurídicos del Texas Immigration Law Council, una organización por los derechos de los inmigrantes que ha condenado la derogación de la Texas Dream Act. Según Etter, esto sucede porque las universidades comenzaron a reclasificar a los estudiantes “sin ninguna orientación estatal o federal”.

El Código de Educación de Texas establece que una institución no puede aumentar la matrícula de un estudiante después de que se inscribió en un semestre. Sin embargo, de acuerdo con Etter, no está claro si esto se mantiene frente a una reclasificación forzada. “Aunque una lectura simple de este estatuto indica que las tarifas de matrícula se fijan en el momento de la inscripción, existe una incertidumbre legal sobre cómo esta disposición podría interactuar con otras que permiten la reclasificación tras un cambio de información, y si esa reclasificación puede anular las protecciones”, señala la especialista. “Diferentes instituciones parecen estar interpretando y aplicando el fallo judicial de manera distinta, y la orientación estatal ha sido limitada”, añade.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Texas Civil Rights Project y el National Immigration Law Center han presentado recursos legales. Argumentan que eliminar la ley sin un periodo de transición vulnera el debido proceso y afecta tanto a los estudiantes como a las instituciones.

En 2021, los beneficiarios del Texas Dream Act aportaron 81,6 millones de dólares en matrícula y tarifas a las universidades públicas. El American Immigration Council calcula que la derogación le costará al Estado unos 461 millones de dólares anuales en pérdidas de actividad económica y salarios. “La orden del Departamento de Justicia, aprobada sin el debido proceso, genera una gran incertidumbre tanto para los estudiantes como para las universidades afectadas. Mientras los estudiantes se preparan para asistir a la universidad en otoño, la inacción del Departamento de Justicia y del fiscal general para defender la ley pone en peligro su capacidad para pagar la matrícula y, de repente, su sueño de obtener una educación superior”, advirtió la ACLU en un comunicado.

Mientras tanto, José Luis está pensando en cómo seguir estudiando. Trabaja aquí y allá, ahorra lo que puede. Sus padres le han sugerido regresar a México, pero él no quiere: “Allá no tengo nada, ni siquiera conozco ese país. Además, si salgo, no sé si podría volver”. Regina, por su parte, insiste en graduarse: “Aunque no tengo papeles, estoy aquí gracias a lo que he luchado. Eso nadie me lo quita”.