Los médicos de Florida denuncian que la restricción casi total del aborto criminaliza la atención médica
Con el derecho reproductivo en las urnas en noviembre, un informe detalla cómo la ley vigente que limita el acceso a una terminación del embarazo hasta apenas la sexta semana pone en peligro a las pacientes
Cuatro meses y medio de una de las restricciones al aborto más severas del país han dado para muchos traumas en Florida. El doctor Jerry Goodman lo ha visto y oído una y otra vez desde que en mayo entró en vigor la ley que limita el acceso al aborto hasta apenas la sexta semana de gestación, antes incluso de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. “No es raro ver a una paciente acudir a las 12 semanas con una hemorragia, una membrana rota y un embarazo que no puede continuar. La situación desemboca en infección, fiebre y sepsis, pero como todavía hay latido fetal, los profesionales están restringidos para ofrecer cuidados. Incluso cuando sabemos que el feto no puede sobrevivir fuera del útero, nos vemos obligados a esperar”, narraba este ginecólogo obstetra con más de 50 años de experiencia este miércoles en una rueda de prensa virtual organizada por Yes on 4, la campaña oficial a favor de la protección del derecho al aborto en el Estado de Florida.
El próximo 5 de noviembre se votará un plebiscito que pone enfrente de los votantes mantener la actual prohibición o aprobar la Enmienda 4 que, de recibir por lo menos el 60% del apoyo, garantizaría bajo la constitución estatal el derecho de las mujeres a terminar un embarazo antes de la viabilidad. En este contexto de campaña, en la que el gobierno estatal de Ron DeSantis ha desplegado una estrategia múltiple para torpedear en las urnas la protección del aborto, la organización Physicians for Human Rights ha publicado un informe en el que detalla cómo la norma actual criminaliza la atención básica y pone en peligro a las pacientes.
De acuerdo al reporte, la restricción de las seis semanas es poco clara en sus disposiciones e introduce barreras al cuidado, retrasos en los servicios de emergencias y desviaciones de la práctica médica estándar. Asimismo, señala cómo la imprecisión de la ley y las fuertes sanciones han creado confusión y temor entre los proveedores sanitarios que no saben en qué casos sí pueden proporcionar un aborto clínicamente necesario, tensando la relación con las pacientes y, en algunos casos, obligándolas a trasladarse fuera del Estado. Según los testimonios de médicos y personal de la salud, también han recibido advertencias de administradores de hospitales, legisladores y otros diciendo que podrían ser el objetivo de investigaciones penales por proveer cuidados esenciales.
El informe incluye ejemplos de casos de retrasos y denegaciones de atención de salud reproductiva, incluida la atención del aborto y la gestión de abortos espontáneos, pero también desviaciones de la atención médica estándar, formación deficiente de nuevos médicos y un éxodo de proveedores de atención de salud del estado —lo cual, señalan, empeora la ya grave escasez de proveedores de atención de salud de Florida—. La atención al paciente se ve obstaculizada hasta en “casos de embarazo ectópico, embarazo molar y rotura prematura de membranas, a pesar de que las normas de la agencia sanitaria estatal establecen que estas condiciones no deben considerarse aborto”.
La doctora Cecilia Grande, que lleva 30 años practicando medicina en Miami, también se pronunció a favor de la Enmienda 4, pues se siente maniatada y obligada a estar en conflicto con su entrenamiento y responsabilidad ética. “Es inadmisible tener que decirle a una mujer que necesita atención médica que su médico no puede ayudarla hasta que esté al borde de la muerte. [...] Las decisiones deben estar basadas en la ética médica y la autonomía del paciente”, dijo con convicción en la videoconferencia.
Para Grande las “excepciones” son meras promesas falsas. En la práctica, explica, al igual que lo hace el informe de Physicians for Human Rights, los obstáculos legales, regulatorios y logísticos hacen casi imposible que las mujeres obtengan la atención que necesitan. También afectan especialmente a las mujeres latinas, que “ya tienen seguros médicos limitados, barreras de lenguaje y barreras económicas”. “Yo he tenido víctimas de violación, y es cruel que el Estado de la Florida les obligue a obtener un reporte policiaco o una orden judicial. Esto hace que esas pobres víctimas se vuelvan a victimizar. Tenemos que tener muy claro que las mujeres del Estado de la Florida y los médicos ginecólogos no pedimos esta restricción. Nuestras hijas, nuestras hermanas, tienen hoy en la Florida menos derechos que nuestras madres”, sentenció la doctora Grande.
En Florida, el tercer Estado más poblado del país, hay 4,6 millones de mujeres de edad reproductiva: 4,6 millones de personas con menos derechos de los que tenían hace apenas unos años. La norma conocida como Ley del Latido fue aprobada por los legisladores de Florida, de mayoría republicana, en abril de 2023, con una votación de 70-40, y entró en vigor el primero de mayo de este año. Es una de las leyes más restrictivas del país, que tras el histórico fallo del Supremo en 2022 en contra de Roe vs. Wade, el precedente legal que garantizaba el acceso al aborto a nivel nacional, entregó a los Estados potestad para legislar al respecto. En Florida, la prohibición implica que cualquier persona que “realice deliberadamente o participe activamente en una interrupción del embarazo” está cometiendo un delito grave de tercer grado, con un castigo de hasta cinco años de prisión, multa de hasta 5.000 dólares, pérdida de la licencia médica o todo lo anterior. A diferencia de muchos otros Estados, la prohibición de Florida no exime claramente a las propias personas embarazadas de la persecución penal.
La actual ley prevé excepciones limitadas en situaciones de necesidad médica para salvar la vida de una persona embarazada; para “evitar un riesgo grave de deterioro físico inminente, sustancial e irreversible de una función corporal importante.... que no sea una afección psicológica”; en casos de malformación fetal mortal cuando el embarazo no haya alcanzado el tercer trimestre; y en embarazos resultantes de violación, incesto o trata de seres humanos antes de las 15 semanas, solo si la paciente presenta “una copia de una orden de alejamiento, informe policial, historial médico u otra orden judicial o documentación que demuestre” que solicita la interrupción del embarazo porque es víctima de alguno de estos casos.
El drama de Florida en torno al aborto se da en paralelo a otros en otros Estados. Esta semana, por ejemplo, el medio ProPublica publicó dos investigaciones sobre mujeres que murieron en Georgia directamente por la falta de atención que estas restricciones implican. Este miércoles, hablando en un evento con la comunidad latina en Washington, la candidata presidencial Kamala Harris se refirió a este caso y recordó que “el 40% de las latinas viven en un Estado en el que el aborto está prohibido”. Si bien el voto de la Enmienda 4 que sellaría el derecho al aborto es en Florida, la situación permea la campaña nacional.