Escenarios tras la caída del Mencho

El abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no implica —como con frecuencia se sugiere— el colapso de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Implica, más bien, el inicio de una nueva fase que pondrá a prueba tanto la fortaleza institucional de la organización criminal, como las capacidades...

El abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no implica —como con frecuencia se sugiere— el colapso de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Implica, más bien, el inicio de una nueva fase que pondrá a prueba tanto la fortaleza institucional de la organización criminal, como las capacidades estratégicas y operativas del Estado mexicano. En la historia reciente de la política de seguridad, ha sido un error común pensar que la eliminación de un líder implica la desarticulación del andamiaje en que se apoyaba.

A diferencia de otros cárteles que se fragmentaron tras la captura o abatimiento de su dirigente, el CJNG se consolidó durante la última década como una organización altamente institucionalizada. Su expansionismo territorial sostenido, la diversificación de su portafolio de negocios ilícitos —desde drogas sintéticas, robo a transportistas y trata de personas, hasta extorsión, robo de hidrocarburos y tala clandestina— y su capacidad para establecer alianzas coyunturales con bandas locales, revelan una estructura basada en mecanismos de mando centralizado, disciplina férrea y coordinación vertical. En este contexto, es poco probable que la sucesión del Mencho quede a la merced de humores y caprichos.

No es difícil suponer que El Mencho, consciente de los riesgos crecientes que enfrentaba dada la presión estadounidense, delineó anticipadamente una línea sucesoria. En organizaciones criminales con fuerte centralización operativa, la previsión es una condición de supervivencia. Lo más probable es que esa línea sea respetada por la cúpula. Sólo circunstancias excepcionales —como riesgos inmediatos para el sucesor designado o cambios drásticos en el entorno operativo— podrían modificar el plan original. Además, de ocurrir algún imponderable, la designación del nuevo líder se tomaría probablemente por consenso para evitar fracturas.

Los incentivos para preservar la unidad son poderosos. De entrada, el CJNG controla economías ilícitas multimillonarias en diversas regiones del país y mantiene redes logísticas que atraviesan corredores hacia Estados Unidos, así como nodos financieros y de lavado de dinero. Una escisión abrupta implicaría pérdidas considerables, interrupciones en el flujo de mercancías ilícitas y vulnerabilidad frente a rivales. La experiencia reciente del conflicto al interior del Cártel de Sinaloa muestra cómo las guerras intestinas erosionan capital, reputación y control territorial. En términos racionales, la cohesión es una condición primordial para continuar haciendo buenos negocios.

Ahora bien, aun cuando la sucesión transcurra sin ruptura abierta, es previsible un reacomodo de la estructura de mando. El nuevo líder buscará afianzar su autoridad mediante la designación de operadores de confianza en posiciones clave: coordinación logística, finanzas, seguridad interna y jefaturas regionales. Este proceso implicará rotaciones y ascensos que sin duda generarán roces y tensiones en los niveles intermedios. Algunas de estas disputas locales podrían escalar en las siguientes semanas, especialmente donde los equilibrios son precarios. Sin embargo, dada la resiliencia que ha mostrado el cártel hasta hoy, lo más probable es que estas fricciones tiendan a apagarse en unas cuantas semanas.

Durante el periodo de transición, el CJNG podría tener retrocesos tácticos en algunos territorios donde enfrenta disputas intensas. En Michoacán, la confrontación con Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana ha sido prolongada y costosa. En Guanajuato, la pugna con el Cártel Santa Rosa de Lima continúa siendo una fuente de violencia crónica. En ciertas zonas del sureste, la expansión del CJNG también enfrenta resistencias locales. Las organizaciones competidoras intentarán aprovechar cualquier señal de debilidad para disputar corredores, mercados de extorsión o control de zonas rurales. La velocidad con la que el nuevo liderazgo de CJNG contenga estas presiones será un indicador temprano de estabilidad o fragilidad.

También es probable que, en el corto plazo, el cártel opte por reducir su perfil público. Disminuir la espectacularidad de la violencia, evitar confrontaciones abiertas y contener acciones que atraigan atención mediática puede ser una estrategia viable para proteger a la nueva cúpula. Este repliegue táctico podría prolongarse varios meses y coincidir con el Mundial de fútbol, cuando las autoridades intensificarán los operativos anticrimen.

Desde el lado del Estado, el golpe obliga a sostener y ampliar la ofensiva. Ni México ni Estados Unidos considerarán el abatimiento como un evento de cierre. Al contrario, es previsible una estrategia orientada a debilitar las segundas y terceras líneas de mando: jefes de sicarios, coordinadores logísticos, responsables financieros y operadores regionales. La clave estará en realizar detenciones focalizadas, basadas en inteligencia detallada, sin detonar ciclos de fragmentación y dispersión criminal que eleven la violencia.

Por otra parte, Washington ha presionado por resultados visibles y contundentes en el corto plazo. La narrativa de que México debía abandonar estrategias gradualistas y producir golpes de alto impacto formó parte del discurso reciente de autoridades estadounidenses. El abatimiento del Mencho responde también a esa exigencia. Pero la eficacia real se medirá en la capacidad de impedir que la organización se recomponga o que surja un nuevo grupo criminal en su lugar.

De modo que la caída del Mencho sí podría marcar el inicio de una fase de debilitamiento del CJNG. Todo dependerá de la capacidad del nuevo mando para preservar cohesión interna, de su habilidad para sostener posiciones en conflictos regionales y, sobre todo, de la consistencia del Estado mexicano para desarticular redes locales de soporte político, financiero y logístico. Sin una estrategia territorial permanente que combine inteligencia, presencia institucional y controles anticorrupción, cualquier victoria será transitoria.

Con el golpe que ha asestado a CJNG, el Estado mexicano parece haber recuperado la iniciativa estratégica. En contraste con visiones que apostaban por minimizar la confrontación directa con grandes organizaciones criminales, la actual conducción federal ha optado por un enfoque más pragmático. La seguridad nacional no puede quedar subordinada a consignas ideológicas que han demostrado límites evidentes frente a organizaciones violentas y expansivas. El uso selectivo y legal de la fuerza, acompañado de inteligencia financiera y cooperación binacional, es condición indispensable vulnerar conglomerados criminales consolidados.

La fase que inicia exige claridad de objetivos. Primero, profundizar la desarticulación financiera mediante bloqueos de cuentas, extinción de dominio y combate al lavado de dinero. Segundo, priorizar la captura de los mandos regionales o locales más relevantes de la red criminal, al mismo tiempo que se evitan operativos que generen violencia. Tercero, consolidar presencia territorial permanente en corredores críticos, especialmente en el Bajío, Michoacán y el sureste. Cuarto, blindar gobiernos municipales vulnerables a la cooptación criminal. Y quinto, mantener una comunicación y coordinación estrecha con las agencias de Estados Unidos.

La muerte del Mencho puede, entonces, abrir una ventana de oportunidad para que el Estado consolide la pacificación de algunas zonas del país y empiece a mostrar progreso en la reducción de las desapariciones y las extorsiones. La diferencia entre una mera neutralización simbólica y un punto de inflexión histórico dependerá de lo que ocurra en los meses que restan de este año.