Jëën. ¿Quiénes pagan la luz?

A mediados de los años sesenta, mi comunidad, Ayutla Mixe, en la Sierra Norte de Oaxaca logró que la electricidad llegara a nuestro pueblo. Después de la cooperación de muchas personas que aportaron voluntariamente recursos económicos y trabajo colectivo, los postes se fueron incrustando entre los montes y de pronto se hizo la luz en la vialidad principal. Poco a poco, de manera bastante lenta, la electricidad fue alcanzando las casas de las familias y, aunque al principio resultó bastante molesto como ...

A mediados de los años sesenta, mi comunidad, Ayutla Mixe, en la Sierra Norte de Oaxaca logró que la electricidad llegara a nuestro pueblo. Después de la cooperación de muchas personas que aportaron voluntariamente recursos económicos y trabajo colectivo, los postes se fueron incrustando entre los montes y de pronto se hizo la luz en la vialidad principal. Poco a poco, de manera bastante lenta, la electricidad fue alcanzando las casas de las familias y, aunque al principio resultó bastante molesto como cuentan las personas mayores en sus recuerdos, pronto se fueron acostumbrando a la luz nocturna. Aún ahora, el objetivo de la electrificación de nuestras comunidades sigue estando vigente pues aun no se ha cubierto toda la demanda, muchas comunidades siguen haciendo trabajo comunitario e invirtiendo gran parte de su esfuerzo para ir sembrando los postes que permitan acceder a la energía eléctrica. El acceso a esta energía ha servido como uno de los elementos para medir la pobreza de nuestros pueblos y, como sucede en otros tantos aspectos, son las comunidades indígenas a las que se debe mayor cobertura.

En contraste con esto, el desarrollo de la industria eléctrica, sea desde el Estado o desde el mercado, ha impactado en el territorio de los pueblos indígenas que, paradójicamente, menos se han beneficiado de ese desarrollo. En abril de 1978, Luis Echeverría Álvarez, presidente de la república en ese momento, firmó un decreto que expropiaba las tierras de comunidades indígenas, en su mayoría del pueblo chinanteco, en el estado de Oaxaca, estas tierras fueron utilizadas para la creación de la presa Cerro de Oro que sería destinada principalmente para la generación de energía eléctrica. Como consecuencia de esta expropiación, aproximadamente 26 mil personas fueron desplazadas de manera forzada y reubicadas en otras zonas de Oaxaca y en el vecino estado de Veracruz. La violencia asociada a este proceso de desplazamiento y de pérdida del territorio cultural, de territorio concreto y simbólico fue justificada por el estado alegando que todo esto era necesario para el progreso y el desarrollo de la patria, una promesa de progreso y desarrollo que en la historia de los pueblos indígenas se convierte casi siempre en despojo. El sacrificio de territorios de pueblos indígenas para la generación de energía eléctrica no se ha convertido en garantía de acceso a esta energía para nuestras comunidades. Las secuelas del desplazamiento forzado durante la construcción de la presa Cerro de Oro siguen estando presentes en las poblaciones desplazadas a las que nunca les cumplieron cabalmente las promesas recibidas. En muchos casos, estos pueblos siguen luchando para poder tener un acceso más justo a la tierra y lidiando con las consecuencias sociales, materiales, psicológicas y culturales que este desplazamiento forzado les dejó. El desarrollo de la nación y la generación de energía eléctrica parece nunca alcanzar a la población indígena que se sacrifica siempre en primer lugar.

Una vez que las políticas neoliberales se establecieron en el Estado mexicano, una buena parte de la generación de la energía renovable pasó a manos de empresas privadas. Así como muchos pueblos indígenas habían sufrido los estragos de la generación eléctrica estatista, ahora tuvieron que enfrentarse a las acciones del mercado energético supuestamente limpio. En el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, se han instalado alrededor de 29 parques eólicos que cubren una superficie total de 32.000 hectáreas, muchos de ellos se han instalado sobre las tierras de pueblos zapotecos e ikoots principalmente. Según el Atlas de Justicia Ambiental, las compañías que han creado este gran corredor eólico, uno de los más grandes de América Latina, son principalmente Iberdrola y Acciona de España, Electricité de Francia, Grupo ENEL de Italia, Grupo México, Gamesa Eólica y la Comisión Federal de Electricidad, por mencionar las principales. La promesa de las energías limpias ha ocultado un comportamiento sucio con las comunidades propietarias del territorio y ha creado graves conflictos sociales, despojo de tierras y una explotación injusta en el que los menos beneficiados son los propietarios del territorio. Tanto el estado como el mercado han generado graves injusticias energéticas, tanto el estado como el mercado han creado una industria eléctrica que nos queda a deber y que se ha desarrollado sobre el despojo de nuestros territorios.

En la reciente discusión sobre la propuesta de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, más allá de las acusaciones mutuas de traición a la patria, poco se tocó el tema de la justicia energética para los pueblos indígenas que han pagado, con sus territorios y la pauperización de su población, la luz de este país.

Sin embargo, si vemos más allá del estado y del mercado, algunas luces distintas comienzan a iluminar otro mundo. En el documental La energía de los pueblos se puede seguir el proceso mediante el cual algunas comunidades en México y en Guatemala comenzaron el proceso de producir su propia energía eléctrica, entendiéndola como un bien común sostenible y como un derecho para todos. En Estados Unidos, proyectos como Indigenized Energy Initiative están planteando la posibilidad de crear energía desde una manera más justa y desde una perspectiva decolonial y sustentable para todas las personas. La empresa Navajo Power, cuyos propietarios son en su mayoría nativo-americanos, trabaja en crear energía solar de una manera no solo sustentable ambientalmente sino más justa en la redistribución de los beneficios. Por fortuna, poco a poco, la generación de energía se está comenzando a generar y discutir desde otras perspectivas que no son las que han trazado el estado o el mercado como macroestructuras, se está empezando a pensar la generación de una energía que no responda a las necesidades masivas del capitalismo y contribuya a un bien común ampliamente entendido desde la autonomía energética de un contexto local. No hay energía que pueda satisfacer la demanda del sistema capitalista y de su vientre sin fondo. Desde los pueblos indígenas, se alcanza a ver una luz.