García Luna apela en Estados Unidos la sentencia de 38 años por colaborar con el Cartel de Sinaloa

El exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna ha impugnado la sentencia de 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares que le impuso un juez de Estados Unidos en 2024 por colaborar con el Cartel de Sinaloa durante el ejercicio de sus funciones como servidor público, durante el sexenio del presidente del PAN Felipe Calderón (2006-2012). La defensa del exfuncionario argumenta que hubo violaciones graves al debido proceso cometidas por los fiscales y el propio juez del caso, Brian Cogan, principalmente por el hecho de que se dio validez a declaraciones falsas de testigos sin credibilidad. Los abogados de García Luna sostienen que esas fallas contaminaron de manera irremediable el proceso, por lo que piden que el juicio se anule y se reinicie. “La condena impuesta a García Luna fue procedimental y sustancialmente no razonable, se basó en información errónea y fue sorprendentemente mayor a lo necesario para satisfacer los fines de la sentencia”, indica el escrito de impugnación, que adelantó este viernes Milenio y al que EL PAÍS ha tenido acceso.

El recurso de García Luna, presentado por el abogado Cesar de Castro en la Corte de Apelaciones de Nueva York, sostiene que al menos dos de los testigos colaboradores más importantes de la Fiscalía hicieron declaraciones incriminatorias falsas, que se podían desvirtuar con evidencia que finalmente no se tomó en cuenta. Uno de los testimonios fue el de Francisco Cañedo Zavaleta, un exagente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que dirigía García Luna, que declaró haber atestiguado, en octubre de 2008, el supuesto secuestro del exfuncionario por parte del cartel de los Beltrán Leyva en la carretera a Cuernavaca, como represalia por su colaboración con el cartel de Joaquín El Chapo Guzmán, que le pagaba a cambio sobornos millonarios.

Según la defensa del exsecretario, otros testigos contradijeron la declaración de Zavaleta: algunos hablaron del secuestro, pero en otro punto; otros, que los carteles no estuvieron involucrados; uno más negó incluso la presencia del exsecretario. La apelación señala, no obstante, que lo más importante es que existe evidencia de que, el mismo día y a la hora en que Zavaleta lo ubica en el lugar del plagio, García Luna estaba en un hospital pagando la cuenta de un servicio otorgado a su esposa. Otro documento relevante para la defensa es un registro del ISSSTE —el servicio de seguridad social para los funcionarios públicos— que demuestra que Zavaleta ni siquiera era empleado de la SSP al momento del supuesto secuestro.

Otro testigo cuya declaración cuestiona la defensa de García Luna es Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila durante el Gobierno de Rubén Moreira, del PRI. Villarreal afirmó que el exsecretario lo llevó a visitar las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia, conocido como El Búnker, en la sede de la Policía Federal bajo su mando. Villarreal señaló que, durante esa visita, ocurrida en junio de 2009, García Luna le presentó el programa Pegasus, utilizado por el Gobierno para labores de inteligencia contra el crimen, e incluso para espiar periodistas y opositores. Según Villarreal, la intención del exfuncionario era que Coahuila le comprara el software. La defensa de García Luna alega que El Búnker no existía en aquel momento (pues se construyó en noviembre de 2009) y que Pegasus ni siquiera había sido desarrollado (se creó en 2010, y México lo compró un año después).

La defensa del exfuncionario acusa otros vicios procedimentales, como el hecho de que el juez Cogan haya permitido durante el juicio la exhibición —sin que ello tuviera relación con el caso— de propiedades que evidenciaban el patrimonio de García Luna, lo que creó una mala impresión del jurado en torno al acusado. “Esta evidencia fue altamente perjudicial e indujo al jurado a inferir su culpabilidad”, lee la apelación. Los abogados agregan que, además, la Fiscalía utilizó ventajosamente un testimonio de Villarreal en el que este describió de manera general “cómo funciona la corrupción en México” y habló de “políticos corruptos”. “A pesar de no estar en posibilidad de vincular alguna propiedad de García Luna con la conspiración, el Gobierno usó el testimonio de Villarreal para explicar cómo los políticos esconden su dinero y lo blanquean”, dice el escrito.

Una parte central de la apelación se dirige a la calidad de los testigos utilizados por la Fiscalía para obtener testimonios contra el exsecretario de Seguridad, varios de ellos jefes en el Cartel de Sinaloa o los Beltrán Leyva. Los abogados de García Luna destacan los esfuerzos de la Fiscalía por convencer al jurado de hacer a un lado los crímenes cometidos por los capos. Además, alegan que no se les dio la oportunidad de verificar o confrontar las afirmaciones de esos testigos colaboradores, a fin de comprobar su credibilidad. Por ejemplo, señalan, Villarreal estaba acusado en otro juicio por haber seguido cometiendo delitos mientras colaboraba como testigo del Gobierno.

Como correlato, la apelación describe a García Luna como un “confiable y leal socio de Estados Unidos” en la lucha contra los carteles. Agrega que el exfuncionario fue certificado por las agencias de seguridad e inteligencia de ese país, y destaca el hecho de que fue acusado y sentenciado con base en testimonios de nueve jefes de cartel que fueron arrestados y extraditados a EE UU bajo su gestión en la SSP. La defensa añade que, en la declaración rendida por el exembajador Anthony Wayne, este negó que Washington tuviese indicios de que García Luna fuese corrupto.

Los abogados también reclaman que, en otros juicios semejantes donde han sido condenados funcionarios de alto nivel por narcotráfico, las penas no son tan elevadas. Afirman que la sentencia a García Luna es “desproporcionada” tomando en cuenta que está en sus casi sesentas (tiene 57 años) y que tuvo una conducta ejemplar en prisión el tiempo que estuvo recluido antes del juicio. El de García Luna ha sido uno de los casos más explosivos de los últimos años, pues ningún exfuncionario mexicano del mismo nivel había sido enjuiciado por corrupción y crimen organizado. Su vinculación con el expresidente Calderón y el PAN avivó un golpeteo político en México de gran calado. Declarado culpable en 2024, García Luna está a punto de cumplir apenas dos años de su larga sentencia.