Ir al contenido

El Gobierno de Oaxaca informa de la detención de una persona relacionada con el asesinato de los jóvenes en la costa

El secretario Jesús Romero ha avanzado que este arresto da información clave sobre lo ocurrido con el grupo de Tlaxcala

Una patrulla de la policía municipal hace un recorrido, el 10 de marzo en Huatulco, en la costa de Oaxaca.Mónica González Islas

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, ha informado de la detención de una persona relacionada con el asesinato de los nueve jóvenes de Tlaxcala, que desaparecieron de las playas de Huatulco y Zipolite. “La Fiscalía ya tiene a una persona, ya fue presentada ante el juez. Está en un penal en el Estado de Oaxaca, reservamos cuál para garantizar su seguridad”, ha dicho el funcionario, que ha asegurado que el arresto ha traído información clave sobre el caso: “Esta persona ha dado a conocer todo el origen del móvil de esta situación que se vivió en Huatulco”. Romero, que no ha aclarado la identidad de la persona detenida, ni la edad, ni el lugar de la detención, ha afirmado que la Fiscalía estatal compartirá próximamente “toda la radiografía del crimen”.

A final de febrero, 10 jóvenes, procedentes de Tlaxcala, desaparecieron en la costa de Oaxaca. Tenían entre 19 y 29 años. El 1 de marzo los cuerpos de nueve de ellos aparecieron en un coche abandonado, a 400 kilómetros de donde habían sido secuestrados, ya en el límite del Estado con Puebla. De todo el grupo solo sobrevivió Brenda Salas, de 19 años. La Fiscalía de Puebla ha confirmado a EL PAÍS las identidades de los nueve jóvenes asesinados que aparecieron en el vehículo: Angie Pérez, Lesly Noya, Jacqueline Meza, Yamileth López y su pareja, Raúl Emmanuel González, Rubén Antonio Ramos, Guillermo Cortés, Rolando Evaristo y Uriel Calva.

Esta masacre ha cimbrado a México, por lo brutal y por lo raro del caso. El grupo desapareció de una de las regiones turísticas más importantes del país, la costa oaxaqueña. Una zona que había sido ajena a este tipo de crímenes, pero en la que en menos de un año se han registrado tres desapariciones masivas. La primera fue en mayo de 2024, cuando se perdió el rastro de siete hombres en Puerto Escondido; en enero de 2025, otros siete jóvenes se esfumaron de camino a la misma localidad (la Fiscalía solo encontró sus vehículos), y ahora el caso de los nueve de Tlaxcala, que fueron secuestrados entre Huatulco y Zipolite. Solo en este último crimen, para el que se está investigando la participación de la policía municipal, se han recuperado los cuerpos.

Ante la situación, el secretario de Gobierno del Estado ha insistido en la seguridad de la zona y ha acusado a los medios de comunicación de tratar de presentar lo contrario: “Un medio internacional está buscando señalar que Huatulco es inseguro, nosotros volvemos a ratificar: Huatulco es un destino seguro. Oaxaca lo es, hay garantías para todos los ciudadanos oaxaqueños, nacionales e internacionales”. La zona recibió en 2024 más de dos millones de turistas, que dejaron una derrama económica de 12.700 millones de pesos (unos 570 millones de dólares).

La brutalidad del caso de los últimos jóvenes ha destapado una forma de funcionar a la que ya estaba acostumbrada la población local. Varios periodistas y hoteleros de la región contaron a EL PAÍS cómo se ha establecido una “zona de tolerancia” con el crimen organizado. El litoral de Oaxaca, controlado por varias células delictivas locales vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación, es un área de llegada de los cargamentos del narcotráfico. Desde ahí se almacena y se distribuye hacia otros Estados. Para el funcionamiento correcto de todos los engranajes, hay ciertas reglas que se repiten desde Huatulco hasta Puerto Escondido: el grupo criminal al mando tiene prohibidos los robos, la extorsión y el cobro de piso a los comercios locales; no se permite la venta de drogas como el cristal o el fentanilo, y también se castigan las violaciones a mujeres. Todos saben las consecuencias de quebrantar las “normas”.

Los ejecutados aparecen con regularidad esparcidos por las colonias de estos lugares turísticos, pero no causan escándalos. El 1 de marzo, unas horas antes de que hallaran los cuerpos de los jóvenes en Puebla, encontraron asesinado a un empresario de Huatulco, José Alfredo Lavariega, conocido como El Jocha. Le habían disparado ocho veces, ha confirmado el Secretario de Gobierno, Jesús Romero. Sobre su cuerpo, que estaba dentro de su coche en Barra de Copalita, a unos 15 kilómetros de Huatulco, encontraron una cartulina en la que lo acusaban de ladrón. Este crimen se ha vuelto una pieza clave en la desaparición del grupo de Tlaxcala, puesto que algunos de los jóvenes habían estado alojados en su hospedaje.







En México hay más de 110.000 personas sin localizar, según el registro de la Secretaría de Gobernación, y una tasa de impunidad del 95%.




Sobre la firma

Más información

Archivado En