El Senado consuma el sorteo de las candidaturas del Poder Judicial y les da pase directo

El Senado mexicano ha consumado el sorteo de candidaturas a jueces, magistrados y ministros registrados ante el Poder Judicial. El órgano legislativo ha dado pase directo y sin cortapisas a la elección judicial a un puñado de aspirantes que únicamente cumplieron con el filtro de elegibilidad, es decir, con los documentos para participar, sin llegar a la fase de idoneidad que era el resultado del proceso de entrevistas que los calificaba como los mejores perfiles para los cargos de impartición de justicia.

Los 1.239 perfiles no fueron suficientes para los cargos. En el caso de las mujeres, han pasado todas las postulaciones. Para los hombres, el escenario ha sido variable, en algunos casos se ha recurrido a la tómbola. Con ello se han confirmado los nombres que irán a las boletas por el Poder Judicial. Destacan como candidatas a ministras Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República en la Administración de Felipe Calderón, y Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero.

Se cumplió con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ordenó a la Mesa Directiva de la Cámara alta suplir en sus funciones al Comité de Evaluación del Poder Judicial y formar la lista de candidatos que le corresponde a ese poder y que aparecerán en las boletas el 1 de junio. La resolución del máximo tribunal electoral ha sido acatada ante el ojo crítico de la oposición y de otros sectores de juzgadores que han considerado el fallo del tribunal una nueva violación a la Constitución.

El proceso ha sido largo, siete horas de reunión con la presencia únicamente de senadores de Morena, la oposición se ha negado a participar en lo que consideran una simulación. Otros nombres que destacan como candidatos a la Sala Superior del Tribunal Electoral son el de Adriana Favela, exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE); la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, que fue designada como magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral pero su proceso de designación fue interrumpido por la bancada de Morena, que optó por dejar incompleto el Tribunal Electoral; Luis Espíndola Morales, el magistrado de la Sala Regional Especializada que determinó que Andrés López Obrador incurrió en violaciones que influyeron en la equidad de la contienda electoral.

La intervención del Senado como sustituto del comité evaluador del Poder Judicial tiene detrás un largo camino jurídico y político que se cocinó desde el sexenio pasado cuando López Obrador puso sobre la mesa su iniciativa de reforma al Poder Judicial para elegir a jueces, magistrados y ministros en las urnas, por voto popular. La medida parecía no tener futuro hasta que las elecciones presidenciales del 2 de junio le dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum y el carro completo de las gubernaturas y del Congreso a Morena. En la Cámara de Diputados alcanzaron una mayoría calificada con los votos que les dio la coalición y en el Senado bastaron tres escaños de la oposición para lograr los dos tercios que les faltaban. Con ello redondearon la fórmula que les ha dado poder absoluto para reformar la Constitución. No ha bastado con ello para blindar las enmiendas, especialmente la judicial. Mediante la reforma de supremacía constitucional han dejado asentado que ningún cambio a la Carta Magna puede ser sujeto de impugnación.

La resistencia sistemática del Poder Judicial ha frenado temporalmente y en distintos momentos la implementación de la reforma en su punto más controvertido, la elección, en una primera fase, de más de 800 impartidores de justicia: jueces, magistrados y ministros. Este último tramo no ha sido la excepción, el Senado ha logrado intervenir mediante tómbola la lista de candidatos del Poder Judicial respaldado en una sentencia del tribunal electoral que ha logrado saltar la tranca que puso el comité evaluador del mismo poder al suspender el proceso la primera semana de enero en acatamiento a una sentencia de un juez de distrito de Michoacán que ordenó suspender los trabajos. El tribunal consideró que no había motivo para frenar el proceso y ordenó retomarlo de inmediato. La negativa del comité para hacer efectiva la sentencia, en tanto la Suprema Corte no resolviera qué sentencia acatar, la del juez que ordenó detener las actividades o la de la máxima autoridad electoral, llevó a los magistrados a intervenir nuevamente. El tribunal electoral decidió conceder al Senado las facultades del comité evaluador para sacar la lista a cómo diera lugar a más tardar este 31 de enero.

El choque entre poderes no ha cesado. El Ejecutivo que representa el Gobierno de Claudia Sheinbaum, el Legislativo, dominado por el oficialismo formado por Morena y sus aliados: PVEM y PT y el Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidenta, Norma Piña. Los últimos se han convertido en una especie de enemigos del oficialismo y objetivos a derribar. La tensión ha persistido hasta la recta final, a cuatro meses de que se materialice la reforma judicial, con la elección, los recursos legales y las críticas persisten. La Barra Mexicana de Abogados (BMA) ha manifestado su descontento por la decisión del tribunal y por el uso de la insaculación como único criterio para seleccionar a los candidatos. “La llamada reforma judicial no puede ser tan importante como para destruir el orden constitucional, minar la función de protección de los derechos humanos, del amparo, llevar a un enfrentamiento de poderes políticos y, sobre todo, minar el acceso a la justicia y sus garantías como la independencia judicial”, se lee en un comunicado de la agrupación de juristas. En el PAN y el PRI no han diferido en su posicionamiento. El fallo del tribunal electoral ha sido calificado por la oposición como mera simulación. “No vamos a validar esa farsa, es una farsa desde que inició. Han destruido al Poder Judicial”, dijo el diputado priista Pablo Ángulo a nombre de su bancada.

El Senado ha remitido a la Suprema Corte el resultado de la jornada de insaculación para concluir con el proceso. El siguiente paso es que el pleno del Supremo apruebe la lista y la envíe al Instituto Nacional Electoral, como marca la reforma judicial. El escenario adverso en el que la Corte rechaza enviar los nombres de los candidatos que aparecerán en las boletas, ha sido previsto en la resolución del Tribunal Electoral. La máxima autoridad en materia electoral también ha facultado al Senado para entregar las listas al INE en caso de que el Supremo no lo haga. Este viernes, los Comités de Evaluación de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán formar las listas finales con los perfiles más idóneos para continuar con la hoja de ruta de la elección judicial que se concretará el primer domingo de junio.