México suma más de 10.000 detenciones y 90 toneladas de drogas incautadas en los últimos cuatro meses

Más de 90 toneladas de drogas incautadas, casi 5.000 armas decomisadas y 10.148 personas detenidas en cuatro meses. Esos son los resultados que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este martes para afrontar las presiones de Donald Trump y los cuestionamientos internos en medio de la crisis de violencia que azota a México. En las últimas semanas, las autoridades mexicanas han endurecido la estrategia contra la inseguridad, con un énfasis mayor en las labores de inteligencia y los operativos en el terreno, para mandar señales de diligencia ante la nueva Casa Blanca y tratar de apagar los focos rojos en el país, atravesados por una guerra de carteles en Sinaloa y desafíos permanentes del crimen organizado en otros Estados. Sheinbaum destacó una reducción superior al 15% en los homicidios dolosos desde que tomó posesión en octubre pasado, según las estimaciones oficiales. “Son cifras muy importantes”, afirmó la presidenta. “Vamos a lograr un acuerdo de alto nivel en todos los temas, sobre todo en Seguridad”, agregó sobre los primeros contactos con la Administración de Trump.

El republicano ha puesto en la mira la expansión de las organizaciones en México y ha anunciado que va a combatirlos con puño de acero, al responsabilizarlos de la epidemia de drogas en Estados Unidos, pero también de la crisis migratoria. “Los carteles controlan en la práctica, por medio de una campaña de asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal a lo largo de la frontera”, se lee en el decreto que firmó Trump la semana pasada para designar a los narcos como grupos terroristas. “En ciertas zonas de México, funcionan como entidades cuasigubernamentales”, asegura el Gobierno estadounidense.

El cambio que impulsa Washington no es baladí porque impone un nuevo paradigma en la guerra contra el narcotráfico, al establecer castigos más severos, aumentar la discrecionalidad de las fuerzas del orden y otorgar nuevas herramientas de presión a Trump frente a sus vecinos. También abre la puerta a que el Gobierno estadounidense adopte medidas unilaterales, en detrimento de la soberanía mexicana, como operativos de captura e incursiones militares en el extranjero.

Sheinbaum ha insistido en el respeto a la soberanía mexicana y en encontrar una salida negociada para fortalecer la cooperación bilateral frente al crimen organizado. “No lo vemos como un escenario que pueda ocurrir”, dijo la presidenta ante los temores de una “invasión suave”, a pesar de que Trump coqueteó con la idea e insinuó ante los medios que “podría pasar”. La mandataria agregó que las primeras comunicaciones con Marco Rubio, el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, han sido positivas, aunque pidió tiempo para avanzar en las negociaciones. “Hay un buen diálogo”, aseguró. “Estamos obligados a tener una buena relación”, declaró un día antes.

Una de las prioridades de Washington es frenar el tráfico de fentanilo, una droga sintética que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año y que ha revolucionado el mundo del narcotráfico porque es más barata de producir, más adictiva y más fácil de transportar. México anunció en diciembre pasado el mayor decomiso de esta sustancia de su historia, como una señal de eficacia contra el crimen frente a Trump. Las autoridades mexicanas se han incautado de 1.252 kilos y 738.000 pastillas del opioide, según el último informe. Sheinbaum señaló que México adoptará una “posición humanitaria para ayudar en la crisis de consumo de fentanilo”, aunque subrayó que es Estados Unidos, y no su país, el que tiene un problema de salud pública por la alta demanda.

El fentanilo será, en sí mismo, un termómetro de las tensiones y la colaboración que se busca construir para los próximos cuatro años, al igual que los encontronazos esporádicos. Los medios, por ejemplo, se han hecho eco de un supuesto ataque armado de narcotraficantes mexicanos a agentes fronterizos estadounidenses en los límites de ambos países, denunciado por un portavoz de Seguridad de Texas. Las autoridades mexicanas argumentaron que las imágenes difundidas no eran claras, aunque dijo que se iba a investigar lo sucedido.

En el frente interno, la fractura del Cartel de Sinaloa ha desbordado la violencia en el Estado del noroeste del país, bajo el asedio permanente de los asesinatos, las desapariciones forzadas y los mensajes intimidatorios entre Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones que se disputan el control de la organización criminal a sangre y fuego desde septiembre pasado. La población civil está al límite y ha lanzado una ola de protestas para exigir la renuncia del gobernador, Rubén Rocha, que pertenece a Morena, el partido de Sheinbaum. Rocha ha descartado esa posibilidad, ha negado los vínculos con el narcotráfico que le achacan sus rivales y ha defendido que no es culpable de la crisis que atraviesa Sinaloa.

Aunque el bloque gobernante ha cerrado filas con el gobernador, la polémica ha salpicado a Sheinbaum. “Piden que el Gobierno federal intervenga y quite a un gobernador”, dijo la presidenta, “eso lo hace el pueblo”. El Gobierno ha anunciado el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de drogas, poderosos capos locales y la incautación de armas de alto impacto, para pedir un nuevo voto de confianza a la estrategia gubernamental. Omar García Harfuch, el zar de Seguridad de la actual Administración, ha pasado varias semanas en Sinaloa para coordinar la estrategia en el terreno, consciente de que tiene que haber un esfuerzo más decidido para acabar con la guerra de carteles, apagar los frentes abiertos por Estados Unidos y atender el hartazgo de una sociedad que exige vivir en paz. “El mensaje para el pueblo de Sinaloa es que estamos trabajando todos los días”, dijo la mandataria, tras 140 días consecutivos de violencia en esa entidad.