México pide personarse como perjudicado en la causa de Andorra contra el abogado de Peña Nieto
El país solicita “restituir los daños” del presunto blanqueo que el letrado Juan Ramón Collado cometió en el principado, donde movió 120 millones de dólares
México ha solicitado personarse como perjudicado en la causa judicial que se instruye en Andorra por blanqueo de capitales contra Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y de otras prominentes figuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según ha podido acreditar EL PAÍS.
La petición se prese...
México ha solicitado personarse como perjudicado en la causa judicial que se instruye en Andorra por blanqueo de capitales contra Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y de otras prominentes figuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según ha podido acreditar EL PAÍS.
La petición se presentó en los tribunales andorranos el pasado 10 de mayo, durante el último tramo del mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Las autoridades mexicanas cargan en su escrito contra el letrado por haber ocultado presuntamente al fisco de su país una fortuna en Andorra. A través de un alambicado entramado de 24 cuentas, Collado movió más de 120 millones de dólares (110,7 millones de euros) en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015.
Hoy, la justicia del país pirenaico mantiene 100 millones bloqueados a este letrado conocido como el abogado del poder por sus estrechos lazos con la arquitectura política, económica e institucional mexicana. Sobre su causa planea la sospecha de que parte de los fondos que Collado movió en el principado podrían pertenecer a mandatarios del país latinoamericano.
Junto al letrado, en la misma investigación andorrana también están imputados su hermana Lucía; el marido de esta, Mario Andrade Manzana; su presunto testaferro, socio de su bufete y gestor de sus cuentas andorranas, Jaime Jesús Sánchez Montemayor; y Joan Marc Masson, exdirectivo de la BPA que abrió la oficina en Ciudad de México. Todos, acumularon cuentas millonarias y opacas en Andorra, un país de 77.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
México, constituido como actor civil, reclama ahora personarse en la investigación judicial para “solicitar la restitución de daños y perjuicios” del presunto blanqueo de fondos.
Para acreditar la nómina de irregularidades, las autoridades mexicanas han presentado los artículos y documentos confidenciales publicados desde 2015 por distintas investigaciones de EL PAÍS.
Daños a la economía nacional
En el relato de los supuestos perjuicios a México, Marc Ambrós Pujols, abogado andorrano que firma el escrito, destaca que “el dinero blanqueado e ingresado en las cuentas, no habría sido declarado a la Hacienda mexicana produciendo un perjuicio al Estado”. Una circunstancia que, en opinión de este letrado, “afecta directamente a la economía nacional”.
Las autoridades mexicanas estiman, además, que el presunto blanqueo cometido por Collado “atentaría al derecho del Estado a someter a tributación los incrementos patrimoniales derivados de los actos delictivos al sustraer del territorio el patrimonio”.
El escrito señala que la oficina de la BPA de México bajo la dirección de Joan Marc Masson, que es uno de los investigados, pudo haber desarrollado “una actividad no autorizada”. Y sitúa en la posible nómina de irregularidades, “la captación de activos de nuevos clientes nacionales o residentes en México, como los encausados, colaborando con ellos para garantizar que su dinero fuera ingresado en cuentas andorranas de la BPA”.
El letrado apunta, también, que Collado y el resto de investigados podrían haber cometido delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se trata de unos ilícitos por los que el grupo no está siendo investigado en Andorra.
El documento de México resalta, además, la conexión que Collado mantuvo con los expresidentes Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari; los exgobernadores de Quintana Roo y Veracruz, Mario Villanueva y Javier Duarte; el exsecretario del PRI Francisco Ruiz Massieu; o el exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros Carlos Romero Deschamps. “En consecuencia, los encausados podrían haber cometido delitos de corrupción o tráfico de influencias dentro del territorio mexicano, atendiendo a las relaciones habituales que mantendrían con las autoridades y funcionarios de México”, recoge el texto.
Ambrós Pujol, letrado que representa en Andorra a México, ha declinado comentar los hechos a EL PAÍS.
La causa en el principado contra Collado ha sufrido una batería de vaivenes desde que arrancó en 2015. La investigación fue archivada de forma provisional en 2018, cuando la Fiscalía mexicana bajo el último tramo del sexenio de Peña Nieto exculpó al abogado con la tesis de que podía justificar el origen legal de sus fondos.
Andorra conectó entonces los movimientos del ministerio público mexicano con una maniobra para enterrar provisionalmente la causa y salvar la fortuna de este letrado próximo al PRI.
En julio de 2019, el caso encajó otro envite. La detención de Collado en Ciudad de México por blanqueo permitió a la justicia andorrana la reapertura de la causa. El arresto, que se produjo durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se saldó, de nuevo, con el embargo del dinero del letrado en Andorra.
Durante la instrucción en el país pirenaico, el abogado de Peña Nieto ha conectado su patrimonio con una exitosa carrera profesional. Declaró a la jueza que el dinero que depositó en la BPA procedía de los beneficios de su despacho de abogados de Ciudad de México y de la casa de empeños Prenda Oro fundada por su padre en 1999. Un negocio que -según indicó a la magistrada- le generó unos ingresos de 84 millones de dólares (77,5 millones de euros) en 15 años.
La causa en Andorra no ha sido el único frente en los tribunales del abogado de los poderosos. Collado ha permanecido en prisión en México más de cuatro años. Un juez federal le concedió el pasado septiembre la libertad provisional. El letrado fue arrestado en 2019 tras ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal por 36 millones de pesos (casi dos millones de euros).
La etiqueta de abogado de los poderosos no es gratuita. Junto a Peña Nieto, Collado ha defendido a prominentes dirigentes mexicanos, como el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exlíder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
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