La encrucijada del ministro Luis María Aguilar

Un nuevo embrollo de la reforma judicial ha aparecido, otra de las costuras en el reverso que dejan ver lo que se confeccionó con premura. La pregunta flota en la Suprema Corte de Justicia: ¿qué pasará con el ministro Luis María Aguilar, el integrante más antiguo del Alto Tribunal? El juez, considerado ...

Un nuevo embrollo de la reforma judicial ha aparecido, otra de las costuras en el reverso que dejan ver lo que se confeccionó con premura. La pregunta flota en la Suprema Corte de Justicia: ¿qué pasará con el ministro Luis María Aguilar, el integrante más antiguo del Alto Tribunal? El juez, considerado un enemigo por el oficialismo, fue designado por el Senado en 2009, y el próximo 30 de noviembre concluye, en teoría, el periodo de 15 años de su nombramiento. Pero la enmienda judicial lo ha puesto en una encrucijada que los propios ministros del Supremo no saben todavía cómo resolver. ¿Terminará su encargo el próximo mes, con lo que el pleno de la Corte quedaría incompleto? ¿O le harán quedarse un año más, como el resto de los togados, a la espera de ser reemplazados por nuevos ministros electos en las urnas, según lee el nuevo texto constitucional? El ministro ha manifestado su convicción de que partirá el 30 de noviembre, pero la norma vigente es ambigua al respecto.

El galimatías nace de la propia reforma al Poder Judicial, que plantea que todos los jueces de México, estatales y federales, serán electos por voto popular a partir de 2025. El Congreso estableció que los actuales juzgadores pueden participar en la elección, con la ventaja de que tendrán pase directo a la boleta electoral (es decir, no se someterán al proceso de cribado de los Comités de Evaluación). Los jueces que decidieran no ir a la elección, tenían que declararlo expresamente mediante una carta enviada al Senado hasta el pasado 30 de octubre. En los hechos, quienes tomaran esa decisión, renunciarían a su carrera.

En el caso de la Suprema Corte, ocho de los 11 ministros han entregado su carta de renuncia, entre ellos Aguilar, de 74 años. La reforma judicial impuso a los togados una disyuntiva. Si querían continuar en el cargo, debían someterse a los comicios del próximo año, en los que, quizá, resultarían electos (“ratificados”, en el lenguaje del oficialismo). En este escenario, aunque conservaran el puesto, perderían su haber por retiro, un pago vitalicio al que tienen derecho, pero que la enmienda constitucional ha eliminado para los nuevos ministros electos en las urnas. La otra opción era presentar su renuncia. Aquí, conservaban su haber por retiro, de manera proporcional al tiempo que hayan estado en el Supremo, pero dimitían del puesto. Con una curiosa condición: aunque renunciaran, debían quedarse en el cargo todavía un año más, a la espera de la elección judicial.

Para casi todos los togados no representa mayor problema quedarse a despachar otro año entero, pues el periodo de 15 años para el que fueron nombrados originalmente aún dista de concluir. Pero el ministro Aguilar está a un mes de llegar a ese punto. Él anotó su carta de dimisión ante el Senado subrayando que estaba en ”el entendido de entregar el cargo el día 30 de noviembre de 2024″.

Es donde comienza el problema interpretativo. Los analistas señalan que, de acuerdo con el texto constitucional, al haber entregado su carta de renuncia, Aguilar ha entrado en el supuesto del resto de sus colegas y tendría que despachar un año más en la Corte. Si se inconforma, deberá presentar al Senado una nueva renuncia, pero ahora alegando una causa grave, según el artículo 98 de la Constitución, y quedará a discreción de los legisladores aprobarla o no.

Otro elemento que complica más su salida es que la Corte quedaría integrada por 10 ministros. La reforma judicial no previó un mecanismo para nombrar a un reemplazo temporal. El Senado ha dejado de ser la autoridad que designa a los ministros: ahora lo es la ciudadanía que vota. Un asesor del Supremo, que ha pedido reservar su nombre, explica que, excepcionalmente, la presidenta Sheinbaum podría postular a un candidato, que luego sea avalado por el Senado, para cubrir la vacancia de Aguilar. El asesor explica que se trata del principio de ultractividad de la ley, lo opuesto a la retroactividad, esto es, que una norma extinguida sea aplicable a hechos posteriores aun cuando haya entrado en vigor un nuevo ordenamiento.

La Carta Magna señala que en la Corte se requiere de ocho votos para aprobar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La cifra de ocho es la mayoría calificada en un pleno de 11 integrantes. La reforma judicial asentó que, cuando el pleno se integre, en 2025, por nueve ministros, la mayoría calificada será de seis votos. No hay nada señalado para un pleno de 10. No obstante, el asesor consultado explica que podría no haber conflicto en las votaciones sucesivas porque la presidenta del Supremo, Norma Piña, tiene voto de calidad para los desempates y para alcanzar la mayoría calificada con siete votos.

Los deseos de Aguilar

Un ministro consultado directamente por EL PAÍS sobre qué pasará con Aguilar —si se marchará en un mes o se quedará otro año— reconoce que los togados aún no lo tienen claro. Por su parte, el asesor, que trabaja en la ponencia de otro ministro, señala que “hay mucha discusión interna”. Considera que Aguilar “tendría que quedarse un año más”, aunque reconoce que hay una enorme ambigüedad en la norma aprobada.

El abogado constitucionalista Javier Martín-Reyes opina que a Aguilar se le debería respetar su renuncia con efectos al próximo 30 de noviembre. “El problema es que el régimen transitorio [de la reforma] es deficiente en términos técnicos. Esta era una situación absolutamente previsible. Y como no dice nada y no es aplicable a su caso, él se puede ir, ni siquiera es que tengan que dejarle irse”.

Este diario se ha comunicado a la oficina de Aguilar en la Suprema Corte de Justicia para solicitar al ministro un comentario sobre su futuro, pero la solicitud no fue respondida. En una entrevista con Milenio este jueves, el togado ha mostrado su convicción de que se despedirá del Supremo en un mes. “Voy a retirarme porque termino mi periodo como ministro”, ha defendido.

El camino del togado

Cuando el entonces ministro Arturo Zaldívar, un aliado del oficialismo, entregó su carta de renuncia para integrarse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, no hubo mayor problema en la Cámara alta: se aprobó en breve. En 2019, el Senado avaló también la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, allegado al PRI, que estaba siendo investigado por el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador por posibles actos de corrupción. El ministro Aguilar camina en suelo pantanoso y, a decir de Martín-Reyes, su destino dependerá del humor del partido gobernante. “Políticamente todo puede ocurrir”, resume. El asesor del Supremo secunda: “La pregunta es si Morena quiere a Aguilar en la Corte más tiempo o que se vaya”.

El ministro, que fue postulado al cargo en 2009 por el presidente Felipe Calderón (PAN), se convirtió en el centro de las críticas desde la Administración de López Obrador y de Morena. El exmandatario acusaba a Aguilar de retrasar intencionalmente la dictaminación de un caso que permitiría al Gobierno cobrar a Grupo Salinas, emporio del magnate Ricardo Salinas Pliego, un adeudo fiscal millonario. En respuesta, el Ejecutivo denunció al ministro ante el pleno de la Corte para que se indagara si había incurrido en alguna falta. Tiempo atrás, Morena ya había presentado una solicitud de juicio político contra Aguilar y otros tres ministros, acusándolos de ganar un sueldo mayor que el del presidente. López Obrador ha tachado a Aguilar de “deshonesto” y “conservador”. El ministro no ha sido tampoco un simpatizante de las políticas del mandatario a la luz de sus sentencias.

Aguilar fue presidente de la Suprema Corte en 2015, a mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI), desde donde tuvo una relación muy cercana con la cúpula política. En 2019, Aguilar estuvo presente en la boda de la hija de Juan Collado, conocido como El abogado del poder. La foto de aquella boda sacudió la política mexicana. No fue el único magistrado y la imagen de esa convivencia con los altos políticos del PRI, incluido el entonces presidente, puso en duda la independencia del Poder Judicial. Muchos de aquellos asistentes están en prisión, fuera del partido o fuera del país. Las miradas están puestas ahora en el ministro Aguilar.