La Fiscalía denuncia a la jueza que absolvió a uno de los implicados en los desvíos millonarios de la extinta PGR

La Fiscalía General de la República (FGR) procederá penalmente contra la jueza federal Alejandra Domínguez Santos, que el pasado 15 de julio absolvió al general José Antonio Ramos Arévalo, quien fue director general de Servicios Aéreos de la antigua Procuraduría General en la gestión de Jesús Murillo Karam. La Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR acusaba a Ramos Arévalo de la compra injustificada de drones militares por un monto de 614 millones de pesos, según lo dio a conocer este periódico. La absolución de la jueza Domínguez puso en jaque un cúmulo de investigaciones internas iniciadas este sexenio para documentar múltiples desvíos millonarios en la era de Murillo Karam como procurador entre 2012 y 2015, cuando Enrique Peña Nieto (PRI) era el presidente de México.

Este martes, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que la Fiscalía recurrirá ante los tribunales la absolución dictada por la jueza y que, además, procederá contra ella por presuntos delitos contra la administración de justicia. El anuncio lo hizo Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la conferencia Mañanera de López Obrador, en la sección creada para ventilar los casos de jueces que, a consideración del Gobierno, actúan indebidamente (los críticos del presidente afirman que se trata de un recurso de linchamiento mediático que vulnera la independencia judicial).

La Fiscalía de Asuntos Internos acusaba al general Ramos Arévalo de uso indebido de facultades y fraude equiparado por haber autorizado la adquisición, entre 2013 y 2015, de siete drones. Los equipos fueron comprados por adjudicación directa —es decir, sin licitación— a la empresa Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V., que formaba parte del consorcio que un año después vendió a la misma Procuraduría el malware espía Pegasus. La Fiscalía señalaba que Ramos Arévalo efectuó la compra sin contar con la autorización de la Oficialía Mayor de la Procuraduría; que falsificó documentos para beneficiar expresamente a Balam Seguridad, y que los aparatos no eran necesarios ni urgentes, de modo que no había justificación para usar la opaca partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que durante la gestión de Murillo Karam fue utilizada de manera indiscriminada.

La juzgadora determinó que la compra sí estuvo justificada porque Ramos Arévalo intentaba mantener actualizada la flota aérea de la Dirección General de Servicios Aéreos y atender la demanda de diversas unidades de la Procuraduría y de otras instituciones de seguridad. No obstante, los fiscales internos hicieron notar que, conforme a sus indagatorias, ningún área administrativa de la PGR requirió la compra de los drones, y que, incluso, hasta fechas recientes, se ignoraba la existencia de los aparatos en el inventario de la institución. Los fiscales también argumentaron que los contratos establecían una fecha de entrega de los drones en un plazo de un año, lo que desvirtuaba la urgencia para poder echar mano de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Rodríguez Bucio ha relatado en la Mañanera que la jueza ordenó además el levantamiento de las medidas cautelares a que estaba sujeto Ramos Arévalo, como la presentación periódica mensual al Centro de Justicia, el pago de una garantía de un millón de pesos y la prohibición de salir del país. El expediente contra Ramos Arévalo forma parte de un rompecabezas aun mayor de posibles casos de corrupción bajo la gestión de Murillo Karam, que ascienden a 3.290 millones de pesos.

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