La reforma de López Obrador al Infonavit revive los anhelos de vivienda accesible para los trabajadores

El acceso a una vivienda digna y asequible —es decir, pagable— para los trabajadores ha sido uno de los grandes anhelos de los movimientos obreros y democráticos. La precarización laboral, el boom inmobiliario y la transformación de la vivienda en una mercancía (en lugar de un derecho humano) han hecho imposible que ese reclamo se haga realidad. En México, como en otros países, los trabajadores padecen la circunstancia de tener sueldos bajos frente a ...

El acceso a una vivienda digna y asequible —es decir, pagable— para los trabajadores ha sido uno de los grandes anhelos de los movimientos obreros y democráticos. La precarización laboral, el boom inmobiliario y la transformación de la vivienda en una mercancía (en lugar de un derecho humano) han hecho imposible que ese reclamo se haga realidad. En México, como en otros países, los trabajadores padecen la circunstancia de tener sueldos bajos frente a una oferta de vivienda cada vez más cara. Esto produce la paradoja de que haya casas vacías y gente sin techo, lo mismo que mucha gente viviendo hacinada en las periferias, lejos de sus lugares de estudio o trabajo. Aunque en México existe desde 1972 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los esfuerzos del Estado para garantizar a los obreros casas dignas y accesibles han sido insuficientes.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado al Congreso una reforma en la que propone que el Infonavit se convierta directamente en constructor de vivienda, un giro importante en la naturaleza del Instituto, que hasta ahora ha fungido solo como administrador del fondo para vivienda al que los patrones están obligados a hacer aportaciones periódicas. Otra de las modificaciones propuestas es que el Infonavit ponga en renta viviendas para los trabajadores a precios controlados, ajenos a los costos del mercado inmobiliario. Esta reforma fue incluida en el paquete de iniciativas enviado por el Ejecutivo el 5 de febrero. Los partidos de oposición han anunciado que darán sus votos al oficialismo para aprobar esta reforma constitucional. Los especialistas advierten de que los beneficios de la iniciativa únicamente alcanzarían a los empleados asalariados e independientes, y dejarían fuera a millones de trabajadores del sector informal.

Nuevo enfoque de vivienda

La propuesta del Ejecutivo plantea que el Infonavit no solo dé a los trabajadores créditos baratos y suficientes, sino que construya vivienda para que estos puedan comprarla o alquilarla en un “esquema de renta social”. El trabajador con al menos un año de cotización en el seguro social será considerado para rentar la vivienda de la que el Infonavit es propietario. La mensualidad que pagará no podrá exceder el 30% de su salario. Si el trabajador cumple 10 años rentando la vivienda, tendrá el derecho de comprarla. A este esquema tendrán acceso preferente los trabajadores con más antigüedad en la cotización y que no tengan casa propia. El Infonavit otorgará créditos no solo para adquisición de vivienda, sino también para mejoramiento o para construcción desde los cimientos.

La iniciativa reconoce que la vivienda es un factor que reduce las desigualdades, además de proporcionar seguridad, fortalecer la cohesión social y detonar la actividad económica. Destaca que, en cinco décadas, el Infonavit ha otorgado casi 13 millones de créditos de vivienda, y que actualmente financia a nivel nacional casi el 47% de las viviendas adquiridas. “Aun con los logros alcanzados, la clase trabajadora reclama que exista mayor disponibilidad de vivienda asequible”, afirma el documento.

En el 21% de los hogares de México vive una persona que tiene “necesidades insatisfechas de vivienda”, es decir, requiere rentar, comprar o construir una casa, afirma la iniciativa de López Obrador a partir de cifras oficiales. Además, el 58% de las viviendas tiene una necesidad de construcción, ampliación o mejoramiento. El documento señala que ese rezago es resultado de la dinámica de producción de vivienda a nivel nacional en los últimos años. Por un lado, la construcción de vivienda residencial se ha mantenido 15% debajo de los niveles previos a la pandemia de covid-19; por el otro, se ha encarecido el financiamiento para la construcción de vivienda (en 2023 se alcanzaron tasas superiores al 14%).

“La combinación que resulta de baja producción, un mercado financiero costoso para financiar construcción y entornos de alta inflación a nivel global que han afectado los precios de los insumos, marcan una situación de lento crecimiento de la producción de vivienda y de precios elevados para adquirirla”, explica la propuesta. “Por ello, resulta imperante dotar al Infonavit con facultades en materia de construcción para fortalecer la oferta de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras”, agrega.

El documento expone que el 16% de las viviendas en México es alquilada. El 51% de las personas que la rentan lo hace por no tener recursos suficientes para comprarla; solo una minoría lo hace por la comodidad de estar cerca de su lugar de trabajo. “Uno de los reclamos de las personas trabajadoras es que no cuentan con viviendas disponibles a precios justos y tampoco cuentan con opciones formales de arrendamiento. En el caso de la clase trabajadora, esta realidad los excluye del ejercicio de sus derechos en materia de vivienda a pesar de su contribución al Infonavit”, dice la propuesta. Agrega que en la ciudad de Austria (Viena) y en la comuna Recoleta (Santiago, Chile) ya funcionan esquemas de renta social. En el primer caso, más del 70% de las viviendas existentes cuenta con algún esquema de renta controlada y protecciones inquilinarias; en el segundo, el arriendo social no supera el 25% del ingreso de las familias.

Una casa para los obreros

María Silvia Emanuelli, coordinadora en América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés), sostiene que la propuesta de López Obrador representa un freno a la política de vivienda neoliberal que estuvo vigente en México las últimas tres décadas. Los mayores exponentes de ese modelo, afirma, fueron los presidentes panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), en cuyas Administraciones se construyeron 10 millones de viviendas, muchas financiadas con créditos del Infonavit. Esas casas “de interés social”, como se les conocía, tenían algo en común: eran diminutas y frágiles, y estaban localizadas en las periferias, a menudo en zonas sin servicios de agua, luz y electricidad, a horas de distancia de las ciudades.

Muchas familias se vieron forzadas a abandonar esas casas, pese a la deuda adquirida para pagarlas. A inicios del actual sexenio, el Gobierno de López Obrador estimó que alrededor de 650.000 viviendas estaban abandonadas. Hasta el año pasado, se habían recuperado unas 70.000 de esas casas, el 10% del total. El INEGI mostró un escenario más desolador. Según el Censo de Población de 2020, en México había más de 6 millones de casas abandonadas, cifra que representaba el 14% del total de viviendas en el país. Casi de manera natural, los barrios fantasma se convirtieron en un foco de inseguridad y violencia, pues los grupos criminales se apoderaron de los sitios vacíos.

“Hay un viraje en esta propuesta de reforma”, afirma Emanuelli en entrevista. “Es relevante que el Estado vuelva a ser responsable de la vivienda y se ponga un alto a la mercantilización”. La especialista señala que por muchos años se aplicaron las recetas neoliberales que implicaban el desmantelamiento del Estado. “El objetivo era construir muchísima vivienda, de pequeño tamaño, de mala calidad, lejana, inadecuada para el sector asalariado, enriqueciendo al sector privado y sacando de la ecuación la participación del Estado”, explica. “Esa se ha identificado como la primera fase de la financiarización de la vivienda en el país, o sea, la entrada de recursos bursátiles enfocados a la construcción de vivienda, que entonces se vuelve una mercancía”.

Emanuelli plantea que, al margen de los aspectos positivos de la reforma, no ha quedado claro de qué recursos dispondrá el Estado para la construcción de vivienda pública, ni si se tomarán previamente medidas para controlar el precio del suelo, que tiende a encarecer. “¿Cómo obtendrá el Estado los recursos suficientes para poder construir si el precio del suelo sigue estando sujeto al mercado?”, cuestiona.

Carlos Velázquez, director general del Infonavit, señala que la propuesta de reforma de López Obrador es coherente con otras medidas implementadas por el Gobierno en materia de vivienda. Por ejemplo, en este sexenio se aprobó congelar el monto de las mensualidades que deben pagar los trabajadores que tienen un crédito de vivienda, y dar descuentos a quienes cubran el 90% de su deuda; también se aprobó que el Infonavit pueda conceder más de un crédito a cada trabajador. “Con esta reforma, se pone por primera vez en la Constitución el arrendamiento como una forma del derecho de todo trabajador a acceder a una vivienda. En segundo lugar, el mandato que ya tiene el Infonavit —dar créditos— se complementa con la posibilidad de poder construir de manera directa y poner esas viviendas en renta”, explica en entrevista.

El funcionario critica la política que imperó durante los sexenios de Fox y Calderón en materia de vivienda, “una visión meramente especulativa, mercantilista”, en la que se benefició a constructoras como Geo, Urbi, Homex, que a la postre se declararon en quiebra y dejaron en el desamparo a miles de familias. “Estas empresas compraban reservas territoriales a las afueras de las ciudades, muy baratas, y desarrollaban vivienda con la concepción de que el obrero va a dormir en un lado y trabajar en otro”, expone. “El Infonavit, como institución de Estado, se tiene que plantear la pregunta de cuál es la vivienda que se merece la clase trabajadora mexicana. La respuesta que dio el sector privado con Fox y Calderón demuestra el tamaño de su desprecio por la clase trabajadora. Debemos imaginarnos que las cosas pueden ser diferentes para los obreros”, añade.

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