Ni a gritos ni con carteles de ayuda: así ignoró el Cefereso 16 la ola de suicidios dentro de la prisión

El 19 de marzo de 2023, a las 22.00 horas, las mujeres del módulo C de la prisión federal 16 empezaron a pedir ayuda a gritos: “¡No manchen se va a colgar, no hagas una tontería, no lo hagas. ¡Ayuda!”. Una de sus compañeras había atado las sábanas a las rejas de su celda para quitarse la vida. Las guardias de seguridad tardaron 20 minutos en llegar. No traían herramientas para romper la tela. Sacaron a una de las reclusas que tenía escondidas unas tijeras. Consiguieron bajarla, pero el médico tardó otros siete minutos. Solo llevaba un estetoscopio y un oxímetro. La mujer falleció. ...

El 19 de marzo de 2023, a las 22.00 horas, las mujeres del módulo C de la prisión federal 16 empezaron a pedir ayuda a gritos: “¡No manchen se va a colgar, no hagas una tontería, no lo hagas. ¡Ayuda!”. Una de sus compañeras había atado las sábanas a las rejas de su celda para quitarse la vida. Las guardias de seguridad tardaron 20 minutos en llegar. No traían herramientas para romper la tela. Sacaron a una de las reclusas que tenía escondidas unas tijeras. Consiguieron bajarla, pero el médico tardó otros siete minutos. Solo llevaba un estetoscopio y un oxímetro. La mujer falleció. Fue la primera de las 11 reclusas que han muerto dentro del Cefereso 16 en el último año. Otras dos se quitaron la vida en 2021 y en 2022. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dirige ahora una dura recomendación a las autoridades penitenciarias y a la Fiscalía de Morelos por vulnerar el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida y a la justicia de las 13 víctimas. La ola de suicidios ha puesto en la mira a la única cárcel federal para mujeres en México.

El Cefereso 16 es una mole de cemento situada en Coatlán del Río, en Morelos, a unos 70 kilómetros de Cuernavaca. Esta prisión federal ha pasado de albergar a 783 reclusas en octubre de 2021 a 1.220 dos años después. Dentro el 41% no tiene sentencia. En total hay 512 mujeres presas en una cárcel de máxima seguridad sin que ningún juez las haya declarado culpables de nada. “222 llevan más de nueve años esperando una sentencia”, apuntaba a EL PAÍS María Ana del Valle, coordinadora de interacción comunitaria de CEA-Justicia. Muchas están bajo la figura de la polémica prisión preventiva oficiosa, que obliga a los acusados a esperar en la cárcel su proceso judicial, y por la que México ha sido sancionado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las condiciones dentro del 16 no son un secreto. Los familiares han avisado de forma constante de la falta de agua, ni para beber ni para el aseo, del mal estado de la comida, que en 2022 ocasionó una intoxicación masiva de 400 mujeres, del aislamiento prácticamente total, de la falta de actividades, de la ausencia de atención médica. Ángela Guerrero, directora de la organización de CEA-Justicia, define la prisión como “un cementerio para vivas”. Lo que antes sabían sus familias y las organizaciones de derechos humanos ha dado ahora un salto al foco público.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha presentado este martes una recomendación de más de 200 páginas, a partir de una intensa investigación sobre estas muertes. De su información se deslinda que algunas presas llegaron a escribir letreros frente a las cámaras para que intervinieran las custodias a salvar a sus compañeras y estas no lo hicieron; que no reciben medicamentos prescritos para la depresión o la esquizofrenia; que se están quitando la vida mujeres a las que les quedaban meses para salir de la cárcel por la imposibilidad de trabajar y aportar dinero a su familia; que están siendo maltratadas por el personal de seguridad y también por otras compañeras sin que nadie medie. La CNDH afirma que la atención psicológica que recibieron seis de las 13 mujeres cuyos casos se investigan fue claramente insuficiente. Las otras siete ni siquiera tuvieron ese primer acceso.

Cronología de las muertes

El 24 de julio murió la segunda mujer de 2023. Llevaba apenas un año dentro de la cárcel. Aunque no había tenido problemas en su centro de origen en Ciudad Juárez, en el 16 le habían diagnosticado una depresión. Ya se había autolesionado en julio por una ruptura sentimental. Solo le dieron una contención: escucha activa. Se asfixió. El 2 de agosto a las 11 de la mañana se suicidó la tercera reclusa del año, hacía 18 meses que había llegado de una cárcel de Ecatepec, Estado de México. Un familiar comunicó a la CNDH que era víctima de agresiones físicas por parte del personal de custodia. En febrero había desarrollado los primeros síntomas ansiosos. Un día antes de su muerte refirió sentirse mal, con pérdida de apetito, autoagresiones y cambio de humor repentino, por lo cual fue diagnosticada con probable trastorno de ansiedad y se requirió la valoración urgente de psiquiatría. No llegó a tiempo.

La cuarta víctima falleció el 14 de agosto, trabajaba en el área de industrias dentro de la prisión y tenía una relación con otra reclusa, pero llevaban tres meses separadas. Intentaron reanimarla sin éxito. Había sido trasladada desde la cárcel de Aquiles Serdán, de Chihuahua, hacía poco más de un año. La mujer que murió el 3 de septiembre era originaria de Ciudad de México y había cumplido parte de su condena en la cárcel federal de Tepic, en Nayarit, desde 2015. Era tranquila y no se metía en problemas, según otras reclusas. Su familia duda todavía que fuera un suicidio, porque nunca se le especificó la mecánica de la muerte y las imágenes de la celda que les mostraron no coinciden.

El 21 de septiembre, cuando llevaba apenas un mes en el Cefereso 16, falleció otra mujer. Las autoridades dijeron a la CNDH que “no estaba en la lista de riesgo suicida y era sumamente tranquila, pero que el día del evento recibió una llamada de su defensor público, quien le dijo que ‘no podía hacer nada por ella y ya sabía lo que le esperaba”. Sin embargo, el 2 de septiembre documentos médicos refieren que ya sufrió un síncope y que tenía un trastorno antisocial para el que no recibió ayuda.

Llevaba desde el 8 de marzo en la prisión federal la séptima mujer que murió en la cárcel federal. Fue el 24 de octubre. El 4 y el 8 de noviembre fallecieron otras dos reclusas. La siguiente, el 29 de noviembre. El último deceso se registró el 6 de diciembre. De estas últimas cinco mujeres no se sabe apenas nada. Ni siquiera hay evidencias de suicidio. La CNDH refiere que ha solicitado los documentos a las autoridades penitenciarias, que rechazan entregar la información.

“Estaban orillándolas a privarse de la vida”

El diagnóstico de la Comisión sobre la situación de la cárcel federal es demoledora: el personal de seguridad es insuficiente, los programas de prevención de adicciones son insuficientes, no tienen herramientas terapéuticas, no implementan los protocolos de detección, y hay irregularidades “que pueden derivar en la comisión de suicidio como efecto dominó”. La investigación asegura: “La falta de atención a la salud mental y física, el encierro prolongado, la obstaculización en la comunicación con el exterior, la falta de actividades productivas, creativas y deportivas, el aislamiento y la fragmentación de los vínculos fracturan profundamente su identidad, lo que ha causado que se genere un clima emocional de desesperanza, de invalidez y de insignificancia como personas”.

En definitiva, la CNDH identifica omisiones de la autoridad y apunta que “no se puede perder de vista la responsabilidad” de las personas que estaban encargadas del Cefereso 16 cuando murieron estas mujeres, porque han “incumplido sus obligaciones estatales de salvaguardar su integridad psicofísica y su vida”. El ente apunta que había factores comunes “que estaban orillando a las mujeres a privarse de la vida” y las autoridades no hicieron nada. La Defensoría Pública Federal también ha interpuesto una denuncia por estas presuntas omisiones.

La CNDH también lanza la recomendación a la Fiscalía de Morelos, puesto que registra “múltiples evidencias de que se incumplieron cuestiones fundamentales respecto al derecho humano de acceso a la justicia y a la verdad”, puesto que ni siquiera investigaron en la mayoría de los casos de qué forma estaban involucradas otras personas en la muerte de las reclusas. “Con las pocas evidencias disponibles, tampoco es posible advertir sobre la realización de acciones para descartar actos de maltrato físico y psicológico”, apunta.

Ante esta situación, la Comisión encarga incluir a las 13 mujeres en el Registro Nacional de Víctimas, y a 18 familiares como víctimas indirectas, para que puedan recibir atención psicológica gratuita y también una indemnización. Además, exige que un grupo de especialistas realice un diagnóstico de “todos los factores posibles que están propiciando los acontecimientos de suicidio en el Cefereso 16″. También que se organice una jornada de atención a la salud mental dentro de la cárcel federal y talleres de gestión de las emociones, y que se diseñe una estrategia a corto, medio y largo plazo. Esta debe incluir obligatoriamente personal psicológico de manera permanente, 24 horas al interior de la prisión.

Además, encarga a las autoridades penitenciarias que incorporen más actividades “recreativas, artísticas y ocupacionales al menos cada mes” y que se busquen empresas que puedan ofrecer empleo remunerado a las reclusas. La CNDH hace hincapié en ampliar la mínima comunicación que tienen estas mujeres, que hasta hora solo tenían derecho a una llamada de 10 minutos cada semana y a una visita cada 11 días. “Se actualice la frecuencia con la que pueden realizar llamadas telefónicas, incluyéndose un aumento en la duración”, apunta la Comisión, que piensa en las mujeres que fueron trasladadas de otras cárceles y, por tanto, de otros Estados, y exige que “puedan acceder a videollamadas”. La comisión termina su informe recordando que estas mujeres, que se han convertido en las grandes olvidadas del sistema, merecen también una vida digna.

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