Localizados dos de los 10 mineros sepultados hace más de un año en la mina El Pinabete de Coahuila

512 días bajo tierra. Casi un año y medio después de que un derrumbe sepultara a 10 mineros en el pozo de carbón del Pinabete, en el municipio de Sabinas, Coahuila, los equipos de recuperación lograron rescatar los dos primeros cuerpos este miércoles, de acuerdo con el Gobierno mexicano. El primer cadáver volvió a ver la luz del día a las 16:15; el segundo, apenas 14 minutos después. Fueron identificados como “indicio biológico ‘A’ y ‘B’”. Estaban solo a un metro y medio de distancia. La Fiscalía...

512 días bajo tierra. Casi un año y medio después de que un derrumbe sepultara a 10 mineros en el pozo de carbón del Pinabete, en el municipio de Sabinas, Coahuila, los equipos de recuperación lograron rescatar los dos primeros cuerpos este miércoles, de acuerdo con el Gobierno mexicano. El primer cadáver volvió a ver la luz del día a las 16:15; el segundo, apenas 14 minutos después. Fueron identificados como “indicio biológico ‘A’ y ‘B’”. Estaban solo a un metro y medio de distancia. La Fiscalía General del Estado ya ha recuperado los restos del “indicio biológico B” y procederá a realizar un análisis para confirmar su identidad. Los restos del “indicio biológico A” quedaron a “resguardo por el Ministerio Público para iniciar su recuperación el día de hoy, derivado de que aún se encuentra cubierto de rezaga”, se lee en el comunicado.

La dolorosa espera de los familiares de los 10 mineros atrapados en el derrumbe parece acariciar, por fin, el final. El rescate de los cuerpos ha sido un proceso lento; una agonía para los seres queridos de los trabajadores, que han visto constantemente el momento definitivo postergado. Un duelo en diferido que se ha alargado mucho más de lo que cualquiera habría esperado aquellos primeros días de agosto en los que todavía había esperanza de volver a ver a los hombres con vida.

El 3 de agosto, una inundación causó el colapso de los pozos del Pinabete, una compañía acusada de funcionar “ilegalmente” por la Fiscalía General de la República, pero que aun así contaba con un contrato con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) por 75 millones de pesos. Según reveló una investigación del portal Animal Político, el organismo público calificó la explotación de “segura” y acordó la compra de todo el mineral que se extrajera entre 2020 y 2024. Dos hombres, Cristian Solís Saavedra, un capataz considerado un “prestanombres” por las familias, y Luis Rafael García Luna Acuña, uno de los presuntos dueños de la empresa, están detenidos. Un tercero, Arnulfo Garza Cárdenas, se encuentra prófugo, con una orden de captura internacional de la Interpol.

Llamar accidente al derrumbe sería injusto. Las condiciones de trabajo de los pozos eran infrahumanas y no cumplían los requisitos de seguridad más básicos, como un registro oficial de quién entraba y quién salía de las galerías. La explotación de carbón, un mineral que en Coahuila llaman “rojo” por la sangre que se derrama al obtenerlo, se encontraba a apenas unos metros de una antigua mina abandonada décadas atrás, Las Conchas. El río Sabinas, a unos escasos centenares de metros, fue inundando durante años los túneles vacíos. Aquel día, el agua se abrió paso como una explosión entre las grietas del subsuelo y barrió todo a su paso.

Los mineros quedaron desde entonces atrapados a 62 metros bajo tierra. Algunos consiguieron escapar en el último momento. La esperanza a la que se aferraban los compañeros supervivientes y los familiares era a la remota casualidad de que los hombres atrapados hubieran encontrado una burbuja de aire. Por los alrededores de la mina, que en esos días se convirtió en un campamento improvisado de parientes y amigos, rondaba un viejo minero que aseguraba haber sobrevivido más de una semana así. El 29 de agosto cualquier ilusión de volver a verlos con vida saltó por los aires cuando el presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, dio por muertos a los 10 hombres.

Entonces empezó una nueva fase, un rescate de cuerpos y no de personas para el que habría que dinamitar los 60 metros de tierra que separaban a las familias de los cuerpos. Después de cuatro meses de aparente inactividad, en diciembre de 2022 la CFE comenzó las 128 explosiones controladas que ha realizado hasta el momento en el Pinabete con el objetivo de abrir un enorme tajo. El principal problema era que las galerías seguían anegadas de agua, el principal obstáculo a batir durante todo este tiempo. “Se han excavado y retirado más de 2.365.087 metros cúbicos de suelo y roca, es decir, más de cinco millones de toneladas de material”, afirma el comunicado.

Desde entonces, los tiempos han sido poco fiables. A finales de agosto de 2022, Protección Civil planteó un plazo de entre seis y 11 meses, después de llevar semanas extendiendo la idea de que el rescate era inminente. López Obrador aumentó la fecha en febrero y estimó que se lograría dar con los cadáveres en diciembre, como finalmente ha sido. Quedan por delante los otros ocho cuerpos y, por fin, el duelo.

La CFE es señalada por los expertos en minería y las familias de las víctimas como otro culpable en la sombra de la tragedia. El organismo es la pieza clave en la reforma eléctrica de López Obrador. El 99% de carbón que compra procede de la región carbonífera de Coahuila. Lejos de implementar nuevas medidas de seguridad después del desplome, la actividad en las minas de Coahuila continúa igual. Este julio, dos hombres murieron en otro accidente en un pozo, también en Sabinas. Se suman a una lista que se amplía año tras año. Según el registro que llevan los familiares de las víctimas, desde que se empezó a extraer carbón a finales del siglo XIX más de 3.100 mineros han muerto en esa región.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país