Las fallas de la Conagua para atender la grave crisis hídrica que afronta México

La crisis hídrica y los problemas ecológicos que la entrelazan plantean grandes desafíos socioambientales para México. Y la entidad gubernamental responsable de atenderlos, la Comisión Nacional del Agua, (Conagua), no cuenta con los recursos necesarios ni ningún plan estratégico para abordarlos, según los estudios de expertos y organizaciones amb...

La crisis hídrica y los problemas ecológicos que la entrelazan plantean grandes desafíos socioambientales para México. Y la entidad gubernamental responsable de atenderlos, la Comisión Nacional del Agua, (Conagua), no cuenta con los recursos necesarios ni ningún plan estratégico para abordarlos, según los estudios de expertos y organizaciones ambientales.

Mientras los azotes del cambio climático secan gran parte del territorio, con el 60% de la superficie afectada por las sequías, millones de mexicanos no tienen acceso al recurso más vital para la vida. Además, casi un tercio de los cuerpos de agua lucen contaminados y el presupuesto de la entidad para enfrentar un panorama dramático consideran que es insuficiente.

Los recortes en los fondos económicos anunciados para el próximo año, una disminución de 12,6% con respecto a la dotación que le fue asignada al organismo en el 2023, han generado la alerta en la comunidad de expertos. “En el 2017 se hizo una reducción del 40%, la más baja de la década, que se mantuvo en tendencia hasta el 2022. En el contexto actual que enfrentamos, con los sistemas hídricos presionados por sequías particularmente severas, esta nueva disminución presupuestaria difícilmente asegura una mejor gestión del agua”, expone Sandra López, especialista en Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Este año hemos sufrido tres olas de calor y las presas están por debajo de sus niveles de capacidad. Es para preocuparse mucho”, apunta.

Hace solo unos días, por ejemplo la Conagua anunció la reducción del bombeo de agua del sistema Cutzamala, presa que luce en mínimos históricos por la falta de lluvias. La escasez del recurso natural causó estragos en la capital y muchos municipios del Estado de México. Algunas de sus delegaciones llevan más de un año sin acceso al agua, que la reciben de pipas. Una situación nada excepcional en el país. México es uno de los mayores consumidores de agua en botella por la falta de regulación estatal en el suministro y la calidad del servicio de agua potable.

La mala gestión administrativa y las irregularidades denunciadas en Conagua se superponen cada vez más a los estragos de la crisis ecológica. Con más de 60% de su territorio ubicado en climas áridos o semiáridos, México es, por sí, un país vulnerable a las sequías. Y a la escasez extrema de agua en algunas regiones se añade que, gran parte de la disponible, de la que beben los ciudadanos y se riegan las cosechas, está contaminada. El Río Santiago, en Jalisco, “que en los últimos años ha perdido la mitad de su caudal natural, es el más contaminado de toda América Latina”, expone Omar Orellano, profesor investigador del departamento de Ecología y Recursos Naturales de la UNAM. Según denuncian organizaciones ambientales, la toxicidad de sus aguas habrían causado la muerte de casi 700 personas en menos de una década. “Una problemática que ha recibido más atención internacional que regional. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó medidas cautelares para las comunidades que viven y están expuestas a los tóxicos. Pero la contaminación no mejora”, expone el biólogo, responsable técnico en proyectos del Programa Pronaces Agua del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

Si bien la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca) cuenta con un sistema automatizado, “a la que se le ha destinado muchísimos fondos y ha dado buenos resultados, las decisiones que se están tomando a nivel político no son las correctas”, señala Orellano. La información que brinda este programa de monitoreo expone que más de la mitad de los ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas y zonas costeras que son vigilados están repletos de bacterias y metales pesados que se desplazan por las corrientes de los afluentes. “Compuestos volátiles como benceno o fenol que circulan en las aguas y que representan un gran riesgo para la salud”, asegura el biólogo, para quien “no existe una política nacional que atienda la crisis tremenda por contaminación química que afrontamos como país. Las instalaciones de la Conagua están abandonadas y la atención a las aguas residuales es casi nula. En 12 años los niveles de contaminación sólo se han exacerbado”.

Denuncian que la falta de regulación respecto al funcionamiento de las plantas de tratamiento, de las cuales hasta dos tercios no funcionan como establece la normativa, está causando desastres ecológicos gravísimos en la naturaleza y poniendo la salud de las poblaciones en riesgo.

“La actual administración ha establecido la construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica como parte de los proyectos prioritarios de la Conagua. Pero, si se aprueba el presupuesto que les ha sido asignado para el 2024 se reduciría en un 15,7% con respecto a este año”, asegura Sánchez, para quien los recortes “plantean mucha incertidumbre. La capacidad de la infraestructura hídrica para abordar el problema de la gestión del agua es fundamental”.

Las críticas también se centran en el incumplimiento de inspecciones de las descargas tóxicas en ríos y cuencas. “Hay una falta de vigilancia tremenda”, acusa la investigadora del IMCO. “Si en el 2014 las inspecciones anuales fueron 240, el número se redujo a casi a la mitad en 2022″. Exactamente 163 inspectores para todo el país, con el 65% de su superficie nacional cubierta por cuencas. ”Las visitas de auditoría han ido cayendo cada vez más hasta llegar a mínimos”, advierte Sánchez, especialmente preocupada por la ausencia de regulación de ciertos sectores, como el industrial. “Las inspecciones no alcanzan ni el 10% de la cobertura para todas las concesiones que se dan a las empresas”, lamenta.

Algunas de las explotaciones menos vigiladas son, precisamente, las que más agua consumen: la minería y la agricultura, sector que con gran diferencia devora el recurso natural más primordial de México. “Agronegocios del aguacate, jitomate o de agave azul que consumen gran cantidades de agua”, señala Arellano como ejemplos. “Y que apenas están regulados. Esta supervisión debería hacerla la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en estrecha coordinación con la Conagua, “pero tampoco hay recursos para ello. No hay presupuesto económico ni personal”, agrega Sánchez.

La falta de fondos y recursos no son los únicos problemas que afronta la Conagua, sujeta en los últimos años a diversas polémicas. Entre las muchas arbitrariedades de la entidad, la investigadora del IMCO destaca “la poca transparencia a la hora de brindar datos actualizados y homologados. Un ejemplo son los referentes a las tarifas de servicio de agua o los tantos problemas alrededor de su página web”. Tras un hackeo en abril, la red programática de la Conagua se mantuvo sin acceso durante casi seis meses, lo que provocó, entre otros problemas, el aplazamiento de trámites y la imposibilidad de acceso a información clave con la que trabajan científicos.

Un ejemplo, entre tantos, opina Sánchez, “de lo lejos que está la institución de poder abordar los grandes problemas climáticos que ya están afectando a México. Teniendo en cuenta las sequías actuales, los conflictos socioambientales derivados de la escasez de agua, el aumento de temperaturas y el alto riesgo de estrés hídrico que se prevé para 2024, el presupuesto anunciado para la Conagua no refleja capacidad alguna para hacer frente a la situación”.

Según la experta del IMCO, el sector hídrico “ha sido muy poco valorado a nivel gubernamental en comparación al peso que se les da a otros, como el energético. Las materias que ocupan al agua en cuanto a dotación presupuestaria, gestión y capacidades de las autoridades, entre tantos otros aspectos, se han desplazado de la agenda política”.

En conclusión de Orellano, “México necesita mayor inyección de presupuesto dirigido a revertir las trayectorias legislativas en torno a los recursos hídricos, pero también profundos cambios administrativos. El agua debería ser una prioridad nacional”.

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