La jueza encarcelada en Veracruz sale del penal y seguirá su proceso en prisión domiciliaria
Un tribunal determinó la suspensión de la prisión preventiva para Angélica Sánchez, acusada en Veracruz de delitos contra la fe pública y tráfico de influencia
La jueza Angélica Sánchez ha salido del penal de Pacho Viejo, en Veracruz, sobre la 1.00 de la madrugada de este viernes y seguirá el proceso en su contra en prisión domiciliaria. Sánchez llevaba en la cárcel casi un mes, después de que las autoridades federales le detuvieran en Ciudad de México el pasado 16 de junio. La Fiscalía estatal le acusa de delitos contra la fe pública y tráfico de influencia tras liberar a un hombre acusado de homicidio por no tener pru...
La jueza Angélica Sánchez ha salido del penal de Pacho Viejo, en Veracruz, sobre la 1.00 de la madrugada de este viernes y seguirá el proceso en su contra en prisión domiciliaria. Sánchez llevaba en la cárcel casi un mes, después de que las autoridades federales le detuvieran en Ciudad de México el pasado 16 de junio. La Fiscalía estatal le acusa de delitos contra la fe pública y tráfico de influencia tras liberar a un hombre acusado de homicidio por no tener pruebas suficientes en su contra. Un juez determinó este jueves que después de pagar una fianza de un millón de pesos, medida que su defensa calificó como “desproporcionada”, la jueza fuera trasladada a su casa para enfrentar el proceso judicial desde allí.
La pesadilla de Sánchez, de 57 años, comenzó el 27 de agosto del año pasado, cuando le tocó juzgar a una persona que tenía señalamientos de ser parte del crimen organizado, un hombre llamado Itiel Palacios, alias El Compa Playa. El Ministerio Público le acusaba al hombre del homicidio de dos personas en un palenque en abril de 2018. En esa ocasión, la jueza falló a favor de vincular a proceso al detenido por los dos asesinatos, según contaba a este periódico hace unos días una de las abogadas de Sánchez, Sofía de Robina. Ante esa decisión, Palacios interpuso un amparo ante un juez federal, que pidió que el proceso se restituyera porque se habían usado pruebas recolectadas por la Fiscalía que no eran válidas.
El caso de Palacios volvió entonces a recaer el 3 de junio en Sánchez, que tenía la orden de evaluar nuevamente la vinculación a proceso. Como ya no podía utilizar algunas de las pruebas para su sentencia, consideró que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso y lo puso en libertad, detalló De Robina. Esa decisión abrió la puerta a una serie de señalamientos de corrupción en su contra, encabezados por el gobernador Cuitláhuac García (Morena), que de momento no se ha pronunciado sobre la salida de prisión.
La resolución de este jueves llega después de que sus abogados defensores presentaran un amparo contra la prisión preventiva que se le impuso cuando fue detenida. Ninguno de los dos delitos que se le acusan son graves, por lo que no cabería aplicar esa medida preventiva. Además, la jueza había acusado torturas en una primera detención que sufrió el pasado 5 de junio pasado, dos días después de que ordenara la liberación de Palacios. En ese momento le acusaron supuestamente de disparar contra los agentes. Sin embargo, la mujer contó luego que eso nunca había pasado, que había sido llevaba por policías a un sitio donde la encerraron durante cinco horas con la cabeza tapada, la mantuvieron incomunicada y la torturaron psicológicamente. Además, aseguró, le obligaron a disparar un arma de fuego para simular el supuesto ataque. A las horas, Sánchez fue liberada porque no había pruebas suficientes en su contra.
Lo que consiguió su defensa esta semana fue la suspensión de la medida cautelar hasta que la justicia resuelva ese amparo que pusieron el día que le vincularon a proceso. Mientras eso pase, la jueza se mantendrá bajo arresto domiciliario. “Por un lado estamos muy sorprendidos y contentos, sobre todo la familia está muy contenta de que la jueza Angélica salga de prisión, es la medida más gravosa, y sin duda que salga de prisión es una buena noticia. Lo que sí es un hecho es que se le impuso la segunda medida más gravosa que es resguardo domiciliario y un millón [de pesos de fianza] que nos parece desproporcionado”, dice De Robina.
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