Denuncias de tortura y hostigamiento del gobernador: la pesadilla de Angélica Sánchez, la jueza presa en Veracruz

Angélica Sánchez Hernandez era, hasta hace unos 20 días, una jueza de control de la ciudad de Cosamaloapan, en el Estado de Veracruz. Llevaba 25 años trabajando en la justicia, pero una resolución que emitió a principios de este mes le ha llevado ahora a la cárcel. En apenas unos días ha pasado a ser la presa más debatida en todo México. Suspendida por el Poder Judicial estatal, la jueza es acusada por la Fiscalía estatal de delitos contra la fe pública y tráfico...

Angélica Sánchez Hernandez era, hasta hace unos 20 días, una jueza de control de la ciudad de Cosamaloapan, en el Estado de Veracruz. Llevaba 25 años trabajando en la justicia, pero una resolución que emitió a principios de este mes le ha llevado ahora a la cárcel. En apenas unos días ha pasado a ser la presa más debatida en todo México. Suspendida por el Poder Judicial estatal, la jueza es acusada por la Fiscalía estatal de delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. Su defensa respalda el trabajo de la jueza durante su larga carrera y asegura que los “hostigamientos” desde la justicia y el Gobierno estatal comenzaron después de que ella decidiera liberar a un hombre acusado de homicidio por no tener pruebas suficientes en su contra. Sánchez ha recibido el respaldo de decenas de organizaciones civiles y juristas mexicanos que denuncian su arresto como un atropello a la independencia judicial.

La pesadilla de Sánchez, de 57 años, comenzó el 27 de agosto del año pasado, cuando le tocó juzgar a una persona que tenía señalamientos de ser parte del crimen organizado, un hombre llamado Itiel Palacios, alias El Compa Playa. El Ministerio Público le acusaba del homicidio de dos personas en un palenque en abril de 2018. En esa ocasión, la jueza falló a favor de vincular a proceso al detenido por los dos asesinatos, según cuenta una de las abogadas de Sánchez, Sofía de Robina. Ante esa decisión, Palacios interpuso un amparo ante un juez federal, que pidió que el proceso se restituyera porque se habían usado pruebas recolectadas por la Fiscalía que no eran válidas.

El caso de Palacios volvió entonces a recaer el 3 de junio en Sánchez, que tenía la orden de evaluar nuevamente la vinculación a proceso. “En su consideración como jueza y a partir del estudio que hizo”, dice la abogada de la Defensoría Pública, “ya no tenía elementos de prueba suficientes para vincularlo y lo que correspondía era ponerle en libertad”. Esa decisión abrió la puerta a una serie de señalamientos en su contra, encabezados por el gobernador Cuitláhuac García (Morena), que comenzaban por mentirosa y terminaban en corrupta. El mandatario estatal ha asegurado varias veces de que hay indicios que vinculan a la jueza con la defensa de Palacios, pero más allá de las acusaciones públicas no ha mostrado una sola prueba.

El 5 de junio pasado, dos días después de que ordenara la liberación de Palacios, la jueza fue detenida en un operativo de la policía estatal de Veracruz. Le acusaban supuestamente de disparar contra los agentes. Sin embargo, la mujer contó luego que eso nunca había pasado, que había sido llevaba por policías a un sitio donde la encerraron durante cinco horas con la cabeza tapada, la mantuvieron incomunicada y la torturaron psicológicamente. Además, aseguró, le obligaron a disparar un arma de fuego para simular el supuesto ataque. A las horas, Sánchez fue liberada porque no había pruebas suficientes en su contra. Esta detención irregular fue el puntapié para que el Instituto Federal de la Defensoría Pública se sumara a su defensa.

La polémica sobre Sánchez, egresada de la Universidad Veracruzana, trascendió todas las fronteras nacionales. Diez días después de aquella primera detención, cuando un comando de la Guardia Nacional sin identificarse la volvió a arrestar en un hotel de Ciudad de México, todas las alertas se encendieron. El país comenzó a hablar de ella, y decenas de organizaciones civiles, juristas y especialistas en el tema condenaron la persecución por parte de la clase política, puntualmente del gobernador García y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacia ella y hacia todos los jueces. El caso se da en medio de una guerra que mantiene el Gobierno mexicano contra el Poder Judicial.

En este contexto, Sánchez se sometió este miércoles a una audiencia para ver si la vinculaban a proceso. La jornada estuvo marcada otra vez por irregularidades. Por un lado, el juez no permitió que la Defensoría Pública representara a la jueza, argumentando que no podía mezclar defensores públicos y privados. Tampoco permitió que ingresara una delegación de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La audiencia se hizo a puertas cerradas, pese a garantía de publicidad que existe en México respecto a los procesos judiciales. Después de varias horas, el tribunal optó por vincularla a proceso por los dos delitos.

De Robina explica a este periódico que la acusación por el delito contra la fe pública —que significa la falsificación de un documento— se debe a que, entre los papeles que completó la jueza, introdujo en uno de ellos el número de amparo erróneamente. “Cuando mete el amparo se equivoca en un número”, dice la defensora. “El juicio de amparo que hizo constar no correspondían al quejoso ni la materia”, ha defendido la Fiscalía de Veracruz en un comunicado este miércoles. En cuanto al tráfico de influencias, lo que se le acusa es haber llamado y escrito correos electrónicos al penal de Coahuila, donde estaba detenido Palacios, para pedir su liberación después de que decidiera no vincularlo a proceso. “Era parte de asegurarse de que sus decisiones se materialicen”, señala la abogada.

Uno de los puntos más polémicos surgió el fin de semana pasado, cuando el tribunal le dio un año de prisión preventiva por dos delitos a los que normalmente no se les otorga este tipo de medida por no ser considerados graves. El argumento del juez ha sido su falta de arraigo, ya que después de la primera detención, la policía buscó a la jueza en su domicilio, pero no la encontró. Su abogada ha explicado que no se animó a volver a su casa por miedo a que la volvieran a detener y a torturar.

El caso ha abierto un debate sobre la falta de independencia del Poder Judicial con respecto a los Gobiernos federal y estatal. Las líneas se han desdibujado a tal punto que Cuitláhuac García se erigió estos días como el máximo defensor y vocero del trabajo de la Fiscalía y del juez que lleva el caso de Sánchez. El gobernador incluso cargó este jueves contra la ONU por “intromisión” por querer “romper con la legalidad de un país libre y soberano”. García acusó además al Alto Comisionado de Derechos Humanos de “ignorar la Constitución” mexicana por buscar presenciar la audiencia judicial del miércoles. “Sus pretensiones pudieron violentar una audiencia”, ha dicho.

La cárcel está al alcance de cualquiera en Veracruz. Al menos una decena de políticos opositores a García fue encarcelada en los últimos años con causas judiciales plagadas de irregularidades. Allí fue encerrado, y posteriormente liberado, el secretario técnico del Senado, José Manuel del Río, acusado de homicidio. Tres antiguos comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información también permanecen en prisión por delitos de coacción, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, acusaciones que recibieron después de haber hecho públicas informaciones que desataron el enojo del Gobierno estatal. Las detenciones retratan la situación crítica que se vive en un Estado donde todavía hay personas detenidas por “ultraje a la autoridad”, un delito invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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