La UIF revela más desvíos a la red corrupta de García Luna durante el Gobierno de Felipe Calderón

La sombra de Genaro García Luna se cierne sobre el legado del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y amenaza con causar daños graves a la imagen de su partido, el conservador Acción Nacional (PAN). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo antilavado del Gobierno mexicano, ha revelado la existencia de más desvíos de recursos públicos durante la Administración de Calderón, de quien García Luna fue secretario de Seguridad Públi...

La sombra de Genaro García Luna se cierne sobre el legado del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y amenaza con causar daños graves a la imagen de su partido, el conservador Acción Nacional (PAN). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo antilavado del Gobierno mexicano, ha revelado la existencia de más desvíos de recursos públicos durante la Administración de Calderón, de quien García Luna fue secretario de Seguridad Pública y mano derecha en el combate al narcotráfico. El titular de la UIF, Pablo Gómez, un político y economista de todas las confianzas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer que durante el Gobierno de Calderón la red empresarial ligada a García Luna obtuvo 316,6 millones de dólares mediante 10 contratos con instituciones públicas. Quien fuera el hombre fuerte del expresidente recién fue declarado culpable en Estados Unidos de cargos de narcotráfico. López Obrador ha arremetido esta mañana contra Calderón, al que acusó de haber inaugurado un “narcoestado” en México. Calderón, por su parte, lleva un tiempo viviendo fuera del país, en España, un cambio de residencia que coincidió con el juicio que se seguía a García Luna en EE UU.

Gómez ha expuesto desde la conferencia mañanera que la empresa Nunvav Inc. obtuvo cinco contratos en 2012 de parte del órgano que administra las prisiones federales (OADPRS) por un monto de 233 millones de dólares. Nunvav Inc., con sede en Panamá, es una compañía propiedad de los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub, socios y testaferros de García Luna. Gómez ha detallado que el OADPRS era encabezado entonces por el general Eduardo Enrique Gómez García, mientras que Gonzalo Villarreal Guerra era el coordinador general de Centros Federales, el área directamente involucrada en la contratación de Nunvav. Los contratos, firmados por ambos funciarios, eran, supuestamente, para la instalación de sistemas integrales de micrófonos, cámaras y equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión en penales federales.

Villarreal Guerra ya ha sido denunciado por la Fiscalía General por otra investigación relacionada con actos de corrupción en la entrega de contratos para la construcción de prisiones privadas. Por su parte, el general Gómez García era desde entonces docente en la Universidad Anáhuac y formó parte del jurado que en 2009 validó la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel, en la que la ministra del Supremo plagió el 46% de su contenido, según dio a conocer este periódico.

Nunvav Inc. también obtuvo durante el Gobierno de Calderón dos contratos de parte de la Policía Federal, uno en 2011 y otro en 2012, por un valor de 14,5 millones de dólares, de acuerdo con la información divulgada por la UIF. Gómez ha señalado que el comisionado de la Policía era en esos tiempos Rodrigo Esparza Cristerna, y ha asegurado que en una de las contrataciones, la de 2011, estuvo involucrado directamente el entonces titular de la División de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna y quien se encuentra detenido por acusaciones de tortura. Gómez ha revelado que Cárdenas Palomino recibió tres pagos por 230.000 dólares entre 2013 y 2019 de parte de una empresa ligada a Nunvav Technologies Inc., otra compañía de los Weinberg.

Otros tres contratos por un monto de 69 millones de dólares fueron asignados en 2009 por la misma Policía Federal a Nice Systems LTD, una compañía israelí propiedad de los Weimberg. Estos tres contratos forman parte de la demanda civil promovida por la UIF ante una corte de Florida, EE UU, con la que el Gobierno mexicano reclama una suma millonaria de la fortuna del expolicía que fue amasada —según la acusación— mediante desvíos del dinero que legítimamente pertenece a los ciudadanos mexicanos. Esa demanda considera los pagos hechos a la red empresarial entre 2009 y 2018 y da cuenta de 30 contratos por 745 millones de dólares.

La información revelada este jueves por la UIF amplía el periodo del análisis a lo largo de dos sexenios completos —el de Calderón, de 2006 a 2012, y el de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018— y da cuenta de siete contratos no conocidos anteriormente. Si a esa información se añaden otros dos contratos —dados a conocer por EL PAÍS— otorgados a por el PAN —el partido del expresidente Calderón— y la Fiscalía de Ciudad de México en el mismo periodo de tiempo, el monto de los recursos públicos presuntamente desviados a la red corrupta de García Luna en el mismo periodo de tiempo se eleva a 996 millones de dólares mediante 39 contrataciones.

El titular de la UIF ha dicho este jueves que serán demandados los exfuncionarios públicos involucrados en los desvíos, sin precisar a quiénes se refería puntualmente. Gran parte de los pagos durante los dos sexenios provinieron de la Secretaría de Gobernación cuando la encabezó Miguel Ángel Osorio Chong (2012-2018), actual líder de los senadores del PRI y aspirante presidencial. En cuanto a las transferencias hechas por la Fiscalía de Ciudad de México, estas sucedieron cuando el jefe de Gobierno capitalino era Miguel Ángel Mancera, que hoy es coordinador de los senadores del PRD y también aspirante presidencial. Esos dos partidos forman con el PAN la alianza electoral Va por México, que en 2024 disputará la Presidencia de la República a López Obrador y Morena.

Tras las revelaciones de la UIF, López Obrador ha afirmado en su conferencia que Calderón “no tiene autoridad moral” y lo ha involucrado en las acusaciones que pesan sobre García Luna en EE UU. “Yo creo que sí hay elementos para sostener que imperó durante el Gobierno de Calderón un narcoestado, porque fue un gobierno, de principio a fin, violatorio de la Constitución, un gobierno espurio”, ha dicho el mandatario. “Él tiene instintos autoritarios y es un prototipo de la derecha y el conservadurismo en México. Él es un partidario del uso de la fuerza. Está convencido. Hasta el día que juzgaron a García Luna, su último comunicado sobre este tema, dice: ‘Yo ordené el combate a los narcotraficantes y lo volvería a hacer, yo les declaré la guerra y lo volvería a hacer’, porque es una manera de pensar, de ser”. El expresidente Calderón no se ha pronunciado sobre los señalamientos de este jueves, pero anteriormente ha sostenido que el juicio contra García Luna estaba siendo utilizado políticamente en contra suya.

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