Los 3.000 días sin justicia para Moisés Sánchez

Hace exactamente ocho años que Jorge Sánchez entró en la morgue de Jalapa, Veracruz, para reconocer a su padre. “Su piel lacerada y sus extremidades separadas. ‘Cortes perfectos` expresaba con admiración el perito forense. Para él era solo un bulto más y se maravillaba con la perfección del trabajo de los criminales”. Llevaba 22 días buscándolo sin descanso. En una conferencia solo unas jornadas antes, el fiscal de Veracruz había dicho que ya sabían donde lo tenían, que lo iban a regresar vivo, pero “igual algo golpeadito”, dijo el funcionario. Jorge no logró ese día identificar el cuerpo ...

Hace exactamente ocho años que Jorge Sánchez entró en la morgue de Jalapa, Veracruz, para reconocer a su padre. “Su piel lacerada y sus extremidades separadas. ‘Cortes perfectos` expresaba con admiración el perito forense. Para él era solo un bulto más y se maravillaba con la perfección del trabajo de los criminales”. Llevaba 22 días buscándolo sin descanso. En una conferencia solo unas jornadas antes, el fiscal de Veracruz había dicho que ya sabían donde lo tenían, que lo iban a regresar vivo, pero “igual algo golpeadito”, dijo el funcionario. Jorge no logró ese día identificar el cuerpo de su padre, estaba descompuesto, partido. El asesinato de Moisés Sánchez —periodista, activista, taxista— representa la época de terror del Gobierno de Javier Duarte en Veracruz, su caso ilustra la maquinaria perfectamente engrasada entre el Estado y los grupos criminales para aplastar las voces incómodas. Desde entonces han pasado otros dos gobernadores y un presidente, pero la impunidad por el crimen continúa. El presunto autor intelectual de la muerte de Sánchez está prófugo y nada se sabe de los materiales. Hace ocho años que Jorge salió de esa morgue para empezar a pedir justicia.

A Moisés Sánchez lo arrancaron de su casa a las 18.50 horas del 2 de enero de 2015. Un convoy de cinco vehículos —Jorge repite con precisión los colores: dos blancos, uno rojo, otro oscuro y una camioneta negra, en la que metieron a su padre— aparcaron en la entrada de su vivienda en Medellín de Bravo, una localidad de 70.000 habitantes que forma parte del área conurbada de Puerto de Veracruz. Seis hombres entraron, otros tantos —no sabe cuántos— se quedaron fuera vigilando. Iban armados, preguntaron por Moisés a su esposa y a sus nietos pequeños. Lo encontraron en la parte de arriba de la vivienda: estaba dormido, llevaba pantalones de mezclilla, sin zapatos ni camiseta. Se lo llevaron junto a su cámara, su teléfono móvil y su computadora. Solo alcanzó a decir: “No hagan daño a mi familia”.

Sánchez, que tenía 49 años cuando lo mataron, era una figura de referencia en Medellín. Había convertido La Unión, el pequeño periódico comunitario que repartía de forma gratuita, en el azote del Gobierno municipal. Allí reportaba con precisión y terquedad cada barrio que se quedaba sin luz eléctrica, cada falla en el sistema de agua, cada abuso de la autoridad. Los vecinos le reconocían y le tenían confianza. Él escribía la información y costeaba el precio de imprimirla. Para mantener la publicación trabajaba de taxista, antes había sido taquero, albañil, vendedor de verdura, cartero y carnicero. Cuando la economía iba peor, publicaba el periódico cada 15 días o una vez al mes, pero siempre salía. “Él tenía un pequeño altavoz que a veces colocaba fuera de su casa y voceaba las noticias”, recuerda el fotoperiodista Félix Márquez, “no trataba de obtener recursos, ni estaba ligado por intereses políticos, él tenía interés en que su comunidad estuviera bien”.

Cuando la inseguridad cubrió la zona, Sánchez se dedicó también a hacer de enlace con los periodistas de Puerto de Veracruz y Boca del Río, habituados a cubrir la fuente económica y política. “Era un referente, era de los pocos periodistas que estaba en el lugar”, señala Márquez. En diciembre de 2014, Moisés formó parte de unas reuniones con los vecinos para crear grupos de vigilancia, una especie de autodefensas, palabra prohibida dentro del Gobierno de Duarte. Las fuerzas de seguridad acudieron rápido a la zona para desmantelar la idea, les dieron a los vecinos unos números de urgencia a los que llamar en caso de riesgo. En ese momento, a Moisés Sánchez le llegaron las amenazas: el entonces alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, había dicho que era hora de darle un susto. Tres días después, el periodista es secuestrado. Los vecinos llamaron a todos los números de emergencia, no contestó nadie.

Jorge Sánchez pidió ayuda para encontrar a su padre a los nombres que hoy forman parte de las tinieblas de la historia mexicana: al fiscal de Veracruz Luis Ángel Bravo —acusado de desaparición forzada—, al gobernador Javier Duarte —hoy preso por desaparición forzada—, al procurador Jesús Murillo Karam —hoy preso por tortura y desaparición forzada—. Se reunió con todos ellos y todos le aseguraron que iban a “emplear todo el aparato del Estado” para localizar con vida a Moisés Sánchez. El coordinador de Defensa de Artículo 19, Luis Knapp, identifica en esos momentos iniciales la primera omisión de las autoridades: “Fue sustraído por sujetos armados y no hubo una búsqueda inmediata, no desplegaron ningún operativo para encontrarlo. Actualmente hay dos policías municipales sentenciados por omitir su labor. Pero hemos encontrado oficios de que más autoridades sabían lo que iba a suceder y tenían la orden de no hacer nada”.

En esos días de enero, la policía detuvo de casualidad, por exceso de velocidad, a Clemente Noé, un expolicía que ahora formaba parte de una cédula criminal. En su confesión, Noé señaló al alcalde Cruz Reyes de dar la orden de matarlo, reconoció que él había estado fuera de la casa del periodista cuando lo secuestraban, apuntó cinco apodos de otros sicarios que habían participado en el crimen y localizó donde habían tirado sus restos. Cuando los análisis comprobaron que efectivamente ese cuerpo era el de Moisés, Cruz Reyes ya se había fugado. A día de hoy sigue prófugo. “Sabemos más o menos por qué zona está. Si hubieran querido detenerlo, ya lo hubieran hecho”, espeta Jorge Sánchez. También detuvieron a uno de sus escoltas —al que dejaron en libertad meses más tarde— y condenaron a dos municipales que estaban a dos cuadras de la vivienda de Moisés cuando se lo llevaron, ellos se ampararon y su caso debe resolverse próximamente.

Sobre Noé se emitió un dictamen de que había sido torturado para obtener la confesión. “Eso todavía complica más la búsqueda de justicia, porque no sabemos si dijo la verdad o si le hicieron leer un guión. Lo poco que había avanzado, se empieza a desquebrajar. Él podría ser liberado por la tortura, porque es una ilegalidad gravísima”, apunta frustrado Knapp, que ha acompañado el caso desde 2015. Hay ya 35 tomos de investigación, miles de hojas, entre la Fiscalía de Veracruz y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) —a la que tuvieron que obligar por vía judicial para que atrajera el caso de Moisés—, pero la mayoría, dice el abogado, “son paja”. “La FEADLE no ha conseguido nada. Solo han llenado el expediente con diligencias infructuosas”, afirma Knapp, que critica que ni siquiera estén buscando al exalcalde señalado como autor intelectual: “Es lamentable”. Esta semana, Artículo 19 ha presentado el asesinato de Moisés al Comité Interamericano de Derechos Humanos para que sea analizado bajo la óptica del derecho internacional.

Durante estos años, Jorge Sánchez y su familia han buscado justicia en todas las comisiones de ayuda a víctimas estatales y federales, han viajado al Parlamento Europeo de Bruselas para exponer su caso, han narrado los hechos a cientos de agentes y fiscalías, se han manifestado cada año ante las instituciones Veracruz, pero después de ocho años, todo sigue como al principio. El actual gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, les prometió a las familias escuchar sus casos para hacer avanzar las investigaciones: “A dos años de que se vaya no ha recibido a nadie”, apunta Sánchez, que señala que es lo mismo con cada gobernador: “Una vez llegan al poder se olvidan de todo”.

Este martes, día internacional del periodista, Sánchez se presentó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador con una pregunta sencilla: “¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar las familias de periodistas asesinados para que se haga justicia?”. El mandatario ha evitado dar una respuesta concreta: “Va a haber justicia, siempre, y la justicia puede tardar pero llega cuando hay voluntad”. El presidente tampoco ha aceptado una reunión con las familias de los periodistas asesinados, tal y como le ha pedido en directo Jorge, sino que le ha mandado a volver a la conferencia este jueves porque también está la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, a plantear la situación. Infatigable, Sánchez ha decidido esperar en la ciudad para acudir de nuevo a la mañanera.

Rubén, Víctor, Juan, Misael, Miguel Ángel

Tiene ahora 37 años, ocho de lucha inquebrantable a sus espaldas, y a Jorge Sánchez solo se le quiebra la voz cuando habla de los otros a los que también mataron: de Rubén Espinosa, el fotoperiodista y amigo que portó durante meses la foto de Moisés para pedir justicia y de quien tiene que llevar ahora la suya, después de que fuera también asesinado en 2015 en el famoso crimen de la Narvarte; de Yazmín López quien tuvo que limpiar la sangre de su padre Miguel Ángel, de su hermano Misael, ambos periodistas, y de su madre tras haber sido asesinados en 2011 en su propia casa; el de la esposa de Víctor Báez, que se despidió de su marido y lo volvió a ver cuando llegó su cuerpo a la morgue donde ella trabajaba como perito; el de Juan Mendoza quien desveló desde su portal Escribiendo la verdad que políticos del PRI utilizaban casas de seguridad de Los Zetas para actos de campaña y a quien encontraron en junio de 2015 tirado en una carretera y sobre quien la policía dijo que lo habían atropellado, con las manos atadas y una venda en los ojos.

En el sexenio del terror de Javier Duarte asesinaron a 18 periodistas veracruzanos, que suman 31 hasta 2022 y la impunidad es total. México se ha convertido en el país más letal para la prensa, Artículo 19 ha documentado 157 asesinatos de periodistas desde el año 2000.

La Unión se sigue publicando. En papel de una forma más irregular, pero en la web, Jorge Sánchez actualiza el periódico que creó su padre prácticamente cada día, lo que tarda en bajarle la calidad a las imágenes para que no se saturen tan rápido los servidores. Dejó su trabajo en una imprenta para dedicarse al periodismo que aprendió de Moisés. También ha creado junto a otras 12 familias de periodistas la Red de Memoria y Lucha de periodistas Asesinados y desaparecidos, para apoyarse y empujar a que haya más avances. “Es increíble que todo esto haya sucedido y que ninguna autoridad haya hecho nada, que nosotros nos hayamos tenido que reunir y presionar. Por muy raquítica y deficiente que sea la investigación de mi padre, es porque nosotros estuvimos empujando”, dice, cansado, Jorge Sánchez.

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