Hacia una nueva Defensoría Pública Electoral

La exclusión, discriminación y estigmatización son problemas públicos aún no resueltos en México. Se trata de fenómenos presentes en nuestro día a día, pero de los cuales no todos hemos estado conscientes. Hay varios factores que están asociados a estos problemas, entre los que destacan la desigualdad en la distribución de recursos, la inequidad de género, la pertenencia a una minoría sexual o étnica, a un grupo con discapacidad, a la situación migratoria, a la condición social o de salud y a otras condiciones que impiden a las personas acceder a ciertos recursos y oportunidades o gozar de cie...

La exclusión, discriminación y estigmatización son problemas públicos aún no resueltos en México. Se trata de fenómenos presentes en nuestro día a día, pero de los cuales no todos hemos estado conscientes. Hay varios factores que están asociados a estos problemas, entre los que destacan la desigualdad en la distribución de recursos, la inequidad de género, la pertenencia a una minoría sexual o étnica, a un grupo con discapacidad, a la situación migratoria, a la condición social o de salud y a otras condiciones que impiden a las personas acceder a ciertos recursos y oportunidades o gozar de ciertos derechos.

La exclusión es causa de desigualdad, mientras que la discriminación genera una sociedad menos participativa y comprometida. A fin de cuentas, la estigmatización que genera la desigualdad de las personas se convierte en un freno para el acceso y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los políticos.

Bajo la premisa de una justicia con enfoque social, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nos propusimos recientemente transformar la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en una Defensoría Pública Electoral, a fin de ampliar el acceso a la justicia de las mujeres y personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, que han sido discriminados históricamente.

La actual Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF se constituyó como un órgano para proveer protección jurídica especial para las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Su finalidad era ofrecer un servicio gratuito de defensa y de asesoría profesional y técnica, que les permitiera a las personas integrantes de ese grupo hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia en la jurisdicción electoral.

Desde su nacimiento y hasta el 28 de enero de 2022, es decir, en sus 6 años de existencia, la Defensoría atendió a 1.779 personas indígenas con el objetivo de coadyuvar a que acudan a la justicia electoral para exigir la protección de sus derechos político-electorales. Este órgano se ha consolidado como una institución a la que cada vez acuden un mayor número personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, pues, desde su creación, la tasa de solicitudes ha aumentado en un 117%.

Hasta ahora, el TEPJF ha considerado que los grupos indígenas forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad que requieren medidas especiales y diferenciadas, que atiendan tanto a su situación de vulnerabilidad como a sus especificidades culturales, para garantizar su derecho fundamental de acceso a la justicia, pero, de igual forma, se ha reconocido que no son los únicos grupos en esas condiciones.

El concepto de grupos en situación de vulnerabilidad es un fenómeno condicionado por el desarrollo de las relaciones sociales y se refiere a aquellos que, por su edad, raza, sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados.

Bajo esa línea, parte de las resoluciones del Tribunal Electoral ─como un órgano garante del Estado de Derecho y de la democracia, que pone el acento en una justicia electoral con enfoque de responsabilidad social─ han derivado en el reconocimiento legítimo de la existencia de diversas minorías que acuden a ese órgano para solicitar la protección a sus derechos político-electorales.

La reforma a la Defensoría contribuirá también a fortalecer la autonomía del órgano y a coadyuvar en la resolución de conflictos antes de que lleguen a la jurisdicción electoral. Se garantizará, además, que cuente con personal especializado y sujeto a estándares relevantes de profesionalización. En el diseño de la propuesta se han analizado otros casos de experiencias y de buenas prácticas y principios en materia de defensoría, tanto en el ámbito nacional e internacional.

En especial, esta reforma permitirá a la nueva Defensoría extender el beneficio de los servicios que ya ofrece a personas de las comunidades y pueblos indígenas, a mujeres en una perspectiva de interseccionalidad (jóvenes, indígenas, etcétera.) y en casos de paridad y de violencia política de género; a personas mexicanas residentes en el extranjero, afromexicanas, con discapacidad, jóvenes, adultas mayores, de la diversidad sexual y de género, así como en prisión preventiva.

Los procesos de democratización en los países de América Latina y la búsqueda por la igualdad son interdependientes. En sociedades como la nuestra, con altos niveles de discriminación y exclusión social, es necesario implementar correctivos iniciales y adicionales para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Una sociedad democrática reclama una sociedad igualitaria, no solamente desde el ámbito electoral, el voto, sino de la igualdad del acceso a la justicia.

Los grupos discriminados históricamente han reclamado la apertura de espacios y oportunidades políticas. Se han movilizado para integrarse a las discusiones en las que no se les tomaba en cuenta y para participar en un diálogo en el que nunca habían tenido voz. La nueva Defensoría pretende ser una contribución hacia esa ruta por la búsqueda de la igualdad en democracia.

Reyes Rodríguez Mondragón es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

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