Un juez impide que los imputados por la tragedia de la Línea 12 salgan de México

Los exfuncionarios señalados por la tragedia de la Línea 12 no podrán salir del país ni acercarse a las víctimas y deberán presentarse cada mes para firmar en el juzgado. Esas son las medidas cautelares que ha impuesto José Luis Palacios, el juez de control encargado del caso por el desplome en el metro de Ciudad de México de mayo del año pasado, en el que ...

Los exfuncionarios señalados por la tragedia de la Línea 12 no podrán salir del país ni acercarse a las víctimas y deberán presentarse cada mes para firmar en el juzgado. Esas son las medidas cautelares que ha impuesto José Luis Palacios, el juez de control encargado del caso por el desplome en el metro de Ciudad de México de mayo del año pasado, en el que murieron 26 personas y más de un centenar resultaron heridas. Los fiscales buscaban que se dictara prisión preventiva a los imputados, pero el tribunal ha decidido que enfrenten el proceso en libertad tras una audiencia que empezó el jueves por la tarde y se extendió durante casi 20 horas, hasta la madrugada de este viernes.

El juez de control es el encargado de llevar el proceso judicial desde que inician las investigaciones hasta que se dicta la apertura del juicio. Él es quien determinó que 10 personas sean investigadas por los delitos de lesiones, homicidio culposo y daño a la propiedad. Entre los procesados están antiguos servidores públicos que tomaron decisiones sobre la contratación de la obra de la llamada línea dorada, así como trabajadores de empresas que fueron contratadas para realizar inspecciones y supervisiones durante la construcción. Ocho de los 10 señalados como responsables, en su mayoría funcionarios del Proyecto Metro, la entidad que se creó durante la Administración de Marcelo Ebrard para construir la Línea 12, ya fueron imputados formalmente. Tan solo la lectura de todos los elementos de prueba presentados por la Fiscalía para formular la imputación tomó unas ocho horas.

La próxima fecha clave será el martes, cuando se espera que Palacios defina la situación jurídica de los imputados, si serán vinculados a proceso y si hay suficientes elementos para el inicio del juicio. La Constitución contempla un plazo de entre 72 y 144 horas, entre tres y seis días, para decidir la vinculación a proceso. En ese plazo, que concluye precisamente el martes, los abogados de la defensa pueden aportar evidencias para desvirtuar la imputación en contra de sus representados.

El proceso legal sobre el colapso entre las estaciones de Olivos y San Lorenzo Tezonco ha avanzado a paso de tortuga. La audiencia judicial celebrada el jueves se había suspendido y pospuesto cuatro veces por diferentes complicaciones y dilaciones. Había sido solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la capital desde noviembre del año pasado. Dos de los 10 señalados, por ejemplo, no pudieron asistir a la vista. Uno se encuentra enfermo y otro cambió de abogado. Por eso, aún no han podido ser imputados. Está previsto que se defina la situación jurídica de estos dos procesados el próximo 17 de agosto, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

“Tenemos la obligación constitucional de procurar justicia mediante la investigación penal y la revelación pública y completa de la verdad, todo ello encaminado a conseguir el castigo para quien resulte responsable y la reparación integral del daño”, ha señalado Ulises Lara, el portavoz de la Fiscalía, en una conferencia de prensa este viernes. Lara ha insistido en el compromiso de que no habrá impunidad y de que se llegará al fondo del asunto para que una tragedia así no vuelva a repetirse. “Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”, ha rematado el vocero en su mensaje a los medios.

Al salir del juzgado, Teófilo Benítez, abogado de 13 de las víctimas, ha expresado su descontento con las medidas cautelares y ha señalado que se necesitaban precauciones más estrictas para evitar el riesgo de fuga. “El resultado de la audiencia es vergonzoso”, ha declarado Benítez. “Entre todos los delitos suman como pena mínima 48 años y el juez autorizó unas medidas cautelares irrisorias”, ha dicho. “Esa es la clase de juzgadores que tenemos en el país”, ha rematado. Prácticamente, nueve de cada diez personas afectadas han aceptado los acuerdos reparatorios impulsados por la Fiscalía y el Gobierno de Ciudad de México, que contemplan indemnizaciones de parte de Grupo Carso del magnate Carlos Slim, la constructora a cargo del tramo colapsado, a cambio de no ser responsabilizados penalmente. Los representados por Benítez son los únicos que no han firmado. Ninguna de las empresas que construyeron la línea ha sido responsabilizada por el derrumbe.

“El balance es positivo en cuanto a que hubo un apego a los derechos humanos tanto de los acusados como de las víctimas”, ha dicho, en cambio, Salvador Herrera, abogado de Fernando Amezcua, el encargado de supervisar la obra civil del tramo elevado de la Línea 12. Herrera ha señalado que originalmente la Fiscalía pedía que se presentaran a firmar dos veces al mes, así como la suspensión de su ejercicio profesional y la portación de un brazalete localizador. Los abogados defensores lograron tumbar esa solicitud ante el juez. “A nadie le gusta estar en este tipo de situaciones, pero mi cliente confía en que se demostrará su inocencia y que cumplió con su trabajo”, ha agregado el abogado, que subraya que la mayoría de los procesados son adultos mayores.

Gabriel Regino, abogado de cinco de los exfuncionarios señalados, ha calificado la audiencia como un “acto de campaña” de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y ha lamentado que se busque responsabilizar a “10 personas inocentes y ajenas a la tragedia”. Regino ha criticado que la falta de mantenimiento no haya sido considerada como una de las causas del derrumbe y que se haya frenado el intento de llamar a declarar a Florencia Serranía, directora del metro cuando sucedió el colapso. Tanto Regino como Herrera han reconocido que será difícil que se presente un resultado diferente a la vinculación a proceso el próximo martes.

Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro y el funcionario de mayor rango entre los imputados, ha dicho que está “absolutamente tranquilo” y ha ratificado su inocencia. “La Línea 12 está bien construida y bien diseñada”, ha afirmado Horcasitas. “La Línea 12, desde su origen, es de clase mundial”, ha insistido.

La Fiscalía ha defendido los peritajes que se han realizado y ha comentado que “se abordaron todas las líneas de investigación posibles”, pero que la hipótesis más factible son los errores en el diseño y la construcción. “Nuestra teoría del caso está basada en pruebas científicas irrefutables”, ha declarado Lara.

Después de la vinculación a proceso, el caso entra en una fase de investigación complementaria o intermedia, explica Herrera. Se trata de un periodo de seis meses que empieza a correr desde el martes, en el que se pueden aportar elementos adicionales por ambas partes e incorporar más testimonios. Ese lapso se puede extender durante varios meses más a petición de las partes y a consideración del juez. El juicio propiamente dicho no puede arrancar hasta que se agoten todos los recursos pendientes por resolverse, como apelaciones y amparos, por lo que el pronóstico de Herrera es que el proceso judicial se extienda por años, incluso después de que termine la gestión del actual Gobierno en 2024.

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