Cierre de institutos y programas sociales en vilo: los cambios del Gobierno en 2022

El 2022 inicia con la reconfiguración de la Administración federal con la desaparición de institutos y una decena de programas sociales en vilo. En los últimos minutos del 31 de diciembre, mediante un decreto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). La eliminación del instituto, creado en 1994 durante el Gobierno priista de Carlos Salinas, deja en suspenso una decena de programas sociales destinados a las mujer...

El 2022 inicia con la reconfiguración de la Administración federal con la desaparición de institutos y una decena de programas sociales en vilo. En los últimos minutos del 31 de diciembre, mediante un decreto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). La eliminación del instituto, creado en 1994 durante el Gobierno priista de Carlos Salinas, deja en suspenso una decena de programas sociales destinados a las mujeres víctimas de violencia machista, a la inclusión de género y a favor de la profesionalización de las asociaciones civiles. Mientras integrantes de los colectivos han condenado esta medida, López Obrador ha defendido su decisión bajo el argumento de que se busca “evitar el derroche, los gastos superfluos, la duplicidad de funciones”.

En el decreto que elimina al Indesol, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se detalla que sus recursos humanos, financieros, materiales, así como sus archivos, documentación y acervos bibliográficos serán transferidos a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, en un plazo máximo de 90 días hábiles. López Obrador ha asegurado este lunes en Palacio Nacional que en México había muchas instituciones que no ayudaban a la gente. “El presupuesto se quedaba en el Gobierno porque había instituciones para todo, creaban oficinas, instituciones, fideicomisos, directores generales, directores de área, jefes de departamento, asesores, viáticos, oficinas y ahí se quedaba el dinero destinado supuestamente al pueblo”, declaró.

En contraposición, los integrantes de la sociedad civil han reprobado la desaparición del Indesol. La exdiputada Martha Tagle ha hecho hincapié en que el Indesol jugaba un papel relevante en la profesionalización de los colectivos con sus labores de formación y califica su eliminación como la “última estocada” que este Gobierno le da a las organizaciones civiles. “La única política social que le interesa a este Gobierno son los programas de corte clientelar y no le interesa ninguna intermediación de la sociedad civil organizada”, refiere.

La también activista añade que este decreto, bajo el argumento de un ahorro presupuestal, supone la centralización de los programas sociales por el Gobierno, en detrimento de los órganos autónomos. “Nunca ha sido una cuestión de ahorro, aunque lo maneja como una cuestión de austeridad, es que a López Obrador no le gustan los organismos con cierta autonomía”, zanja.

A través de sus redes sociales, la asociación Red Nacional de Refugios, ha lamentado también el cierre de este espacio: “Las ONGs de México recibimos 2022 con la lamentable publicación del Decreto por el que desaparece el Indesol 1992-2021. Un grave retroceso en los Derechos Humanos y la democracia. Los sustentos dados para su permanencia no importaron, ignorando nuevamente poner en el centro los derechos”, ha escrito el colectivo en su cuenta de Twitter.

Al rechazo de las organizaciones civiles se suma la incertidumbre ante la posibilidad de que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) corra la misma suerte. La semana pasada se dio a conocer un proyecto del Ejecutivo para que la institución, de carácter descentralizado, desaparezca y sus funciones sean absorbidas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Desde finales del año pasado le fue requerido al instituto información sobre su desempeño con miras a su eventual desaparición ha reconocido en entrevista con EL PAÍS el director del Inali, Juan Gregorio Regino: “Es parte de los ajustes administrativos que viene realizando el presidente de la República”, dice.

El directivo asegura que lejos de la duplicidad de funciones, la operación del Instituto es pertinente dados los resultados que han obtenido en los últimos 15 años: el catálogo de lenguas indígenas, un Atlas de Lenguas Indígenas, normas de escritura de más de 17 lenguas, y 12 más en proceso, y la generación de políticas públicas a favor de las lenguas y su difusión en el país. “El Instituto realiza actividades que ninguna otra institución realiza, no podríamos estar hablando de que se duplican acciones, por lo tanto, está más que justificada su creación, sus acciones y su continuidad”, refiere el director y escritor de la lengua mazateca. Para este año, el Inali tiene un presupuesto asignado de 71 millones de pesos.

Rubí Huerta, poeta purépecha, señala la desaparición del Inali significaría un retroceso, la pérdida de un espacio que se conquistó a favor de los derechos indígenas en nuestro país hace más de una década. “Como hablante e investigadora de mi lengua materna, que he conocido al Inali desde sus inicios me parece un grave error. El aporte que ha hecho el Instituto ha sido visibilizar, en un país tan racista como lo es México, ha sido visibilizar la diversidad lingüística de nuestro México”, concluye.

Tras la polémica generada tanto por integrantes de colectivos, grupos culturales e indígenas, la Secretaría de Cultura ha defendido el proyecto de fusión de los institutos bajo el argumento de que la infraestructura comunitaria con la que cuenta el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas permitiría “un mayor alcance e impacto de las acciones de estudio, institucionalización y salvaguarda de las lenguas Indígenas nacionales”. En el ecuador de su mandato, el Gobierno de López Obrador inicia este año con una “reforma administrativa” que desde la trinchera de las asociaciones civiles supone la amenaza de menos recursos para los colectivos y organismos descentralizados así como una mayor injerencia del Ejecutivo en la política social.

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