El INE cierra filas con los consejeros que aplazaron la revocación de mandato y rechaza la denuncia penal de Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha cerrado filas contra las presiones de Morena a los consejeros que hace dos semanas votaron aplazar la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La dirección del organismo ha rechazado la denuncia penal presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que pide penas de hasta siete años de cárcel para seis integrantes de la autoridad electoral, incluido su responsable, L...

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha cerrado filas contra las presiones de Morena a los consejeros que hace dos semanas votaron aplazar la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La dirección del organismo ha rechazado la denuncia penal presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que pide penas de hasta siete años de cárcel para seis integrantes de la autoridad electoral, incluido su responsable, Lorenzo Córdova. En su última sesión, el Consejo General de la institución aprobó por mayoría posponer temporalmente el referéndum, previsto para abril de 2022, por falta de recursos económicos. El déficit alcanza 2.300 millones de pesos tras el recorte presupuestario aplicado por el Congreso.

La disputa entre el Gobierno, el partido que lo sostiene y el INE se ha profundizado en las últimas semanas y el instituto ve “muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeras, así como contra el secretario ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”. Según un comunicado difundido por el organismo, se trata, además, de “una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”.

Para los consejeros del INE, “las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que estas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida”. La resolución que dejó en el aire la celebración de la consulta deberá pasar ahora por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones”, prosigue el organismo.

También el mandatario ha considerado este lunes durante su conferencia de prensa matutina que es el poder judicial la instancia que tiene que dirimir este caso, que representa el enésimo choque con el Ejecutivo. López Obrador ha resaltado que la Corte ya emitió un fallo que instó al INE celebrar el referéndum con los recursos asignados por el Parlamento. En su opinión, no se trata de “penalizar nada”. Sin embargo, ha afirmado que los consejeros cometieron un error y deben reconocerlo y rectificar su decisión. “Actuaron de manera antidemocrática”, ha dicho. No es la primera vez que el presidente se pronuncia en estos términos sobre la autoridad electoral y hace días ya calificó de “chicanadas” y “tácticas dilatorias” el intento de retrasar la votación.

A la espera de la última palabra de la justicia, la institución —que afronta ahora el proceso de recuento de avales entregados por los promotores de la consulta para validar la revocación de mandato— busca blindarse y reivindica su independencia. “Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las consejeras y consejeros electorales rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”, enfatizan. “Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”, concluye el instituto. Para Lorenzo Córdova, el organismo podría cambiar su posición si la Cámara rectifica el presupuesto asignado al organismo en 2.000 millones de pesos y aumenta las asignaciones.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país