Las razones que llevaron a Greici, Wilfredo y Jonathan a migrar a México

La mayor lección que le ha dado México a Greici Gallardo, hondureña de 32 años, es “no confiar en la gente”. La imagen que tenía de un país de brazos abiertos se esfumó después de cruzar el río Suchiate, en la frontera con Guatemala. El sueño se volvió pesadilla en Tapachula (Chiapas), una ciudad convertida en ...

La mayor lección que le ha dado México a Greici Gallardo, hondureña de 32 años, es “no confiar en la gente”. La imagen que tenía de un país de brazos abiertos se esfumó después de cruzar el río Suchiate, en la frontera con Guatemala. El sueño se volvió pesadilla en Tapachula (Chiapas), una ciudad convertida en una cárcel a cielo abierto para más de 30.000 migrantes que permanecen retenidos. En esa localidad, el hijo de una amiga de su madre, que la acogió durante cinco meses, abusó de ella. Gallardo calló: “Me daba miedo porque soy extranjera”. Ahora se siente aliviada en la capital. Su hijo Cristopher, de nueve años, juega a su lado con un cubrebocas de Buzz Lightyear puesto. El pequeño necesita hormonas de crecimiento después de haber sido operado del corazón. Atenderse en su patria es prácticamente imposible. Su historia es la de cientos de miles que han visto en México la mejor opción para salir adelante. A pesar de todo lo que eso significa.

La tragedia de Chiapas, en donde 56 personas –en su mayoría de Guatemala– murieron tras la volcadura de un camión, en donde viajaban hacinadas la semana pasada, es una herida que sigue fresca. En buena medida, el accidente refleja todo lo que está mal con la forma en la que el Gobierno ha afrontado las últimas olas migratorias. Las rutas se vuelven cada vez más peligrosas a causa del hostigamiento de las fuerzas de seguridad. Jonathan Cuéllar, salvadoreño de 29 años, insiste en que esas muertes se pudieron evitar: “Viajar así, en esas condiciones... Eso es desesperación. No es posible que se vean obligados a hacer eso”.

Cuéllar no estuvo en la caja de ese tráiler, pero ha vivido en carne propia los peligros de cruzar por México. Fue secuestrado junto con su esposa Wendy y su hija de dos años en Oaxaca. Pasaron 23 días en una casa de seguridad. Fueron engañados por una señora en la central de autobuses de Juchitán (a 720 kilómetros al sureste de la capital del Estado) que se les acercó para ofrecerles empleo. “Nos pedían 6.000 dólares para liberarnos”, recuerda desde el centro del Servicio Jesuita a Migrantes, en el barrio de la Roma en la capital. Un día, cuando sus captores se fueron, Cuéllar forzó la puerta y se echó a correr junto con su familia. Un buen samaritano les dio 400 pesos (19 dólares) y viajaron hasta Ciudad de México.

El miedo no solo es al narcotráfico o a las pésimas condiciones para emprender la ruta hacia el norte, también lo es a la deportación. Cuéllar ya ha sido expulsado antes. En febrero, fue detenido en Monterrey, en donde vivió dos años, y enviado en avión a Guatemala. Desde ahí se fue caminando de regreso a El Salvador. Las fuerzas de seguridad han batido récords de arrestos de migrantes en 2021. Hasta octubre de este año, el Gobierno ha detenido a más de 228.000 personas y ha expulsado a 82.600. Son cifras que no se habían visto en 20 años.

Atender las causas estructurales

Al día siguiente del accidente en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a utilizar una frase con la que ha querido tratar, al menos desde el púlpito de las mañaneras, la crisis migratoria: “Debe servir para atajar las causas”. En su rosario de propuestas ha estado la implementación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Además de una lluvia de inversiones en Centroamérica. Pero para Jorge Atilano, asistente del Provincial para las Obras Sociales de la Compañía de Jesús, esto no es suficiente. “Eso no resolverá el problema, lo que se necesita es una mejor comprensión”, dice al teléfono.

Atilano se ha reunido varias veces con Gobernación desde febrero. El pasado lunes les presentó el informe Postura de la Compañía de Jesús en México y Centroamérica ante las migraciones forzadas. El clérigo ha logrado que el Gobierno tome el estudio como pauta y está a la espera de que se puedan crear mesas de trabajo para implementar algunas de las medidas que proponen.

El documento, de 17 páginas, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza y llega a la conclusión de que hay siete causas estructurales que han provocado la migración forzada de centroamericanos. Entre ellas está la inseguridad, la desilusión por los sistemas democráticos y la deficiencia en los sistemas de protección social (como la sanidad pública). Además, propone un programa regional para atender a Honduras, El Salvador y Guatemala, que concentran el 85% de las solicitudes de refugio.

Cuéllar, por ejemplo, ha pedido asilo porque volver a su país podría significar la muerte. Fue amenazado por las pandillas, quienes dejaron a su hermano hospitalizado. Le propinaron una golpiza con palos envueltos en alambre porque no quiso unírseles. “Yo me fui cuando él seguía recuperándose”, relata. A pesar de su secuestro, él se siente tranquilo y seguro recorriendo las calles de México.

Una burocracia lenta

Desde un Uber de camino a su trabajo como monitor del área de pedidos a domicilio de un supermercado WalMart, en el sur de la capital, Wilfredo Jiménez, venezolano de 53 años, cuenta que hace cuatro que no ve a su familia. Este licenciado en Administración con estudios de posgrado en Relaciones Industriales necesita reunir dinero para pagarle una operación en el ojo a su esposa. Ella solo tiene uno y si pierde este último quedaría ciega. Es miércoles por la mañana, justo un día antes fue el cumpleaños de su mujer. Pensar en eso hace que sus ojos se humedezcan. Después de una pausa larga, reflexiona: “Así es esto… hay que seguir”. Envía unos 600 pesos (28,47 dólares) semanales de vuelta a casa, es lo mismo que ganaba en un mes entero en su país. “Pero aun así no alcanza”, concluye.

Jiménez ha tenido suerte. Llegó en avión como turista y comenzó sus trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con la ayuda de los jesuitas. En enero recibió su tarjeta de residencia permanente. Cuéllar tuvo que esperar más tiempo. En parte, por desconocer que, según las leyes mexicanas, tenía solo 30 días desde su llegada para solicitar asilo: “No tiene sentido. ¿Cómo vas a revisar las leyes cuando mueres de hambre y estás caminando kilómetros y kilómetros buscando trabajo?”.

Los expertos suelen estimar que, si todo sale bien, las autoridades resuelvan los casos en unos dos o tres meses. Pero eso es en la teoría, en la práctica –como se ha visto en Tapachula– la cosa se extiende sine die. De acuerdo con la COMAR, de enero a octubre se han recibido 108.195 peticiones de asilo. Es el mayor registro en la historia.

En la mitad de la entrevista, Greici se entera por primera vez sobre la noticia del tráiler volcado en Chiapas. Se suelta a llorar. El pequeño Cristopher ya se subió a jugar a la segunda planta del Servicio Jesuita a Migrantes. No puede parar de pensar en los menores que perdieron la vida en el accidente. Se seca las lágrimas con la mano y suelta un mensaje sin que se le quiebre la voz: “Si [sus compatriotas] tienen cómo vivir su vida allá, que no se vengan. No se arriesguen, no arriesguen a sus hijos. Yo estoy aquí por él. No pienso en mi futuro, solo en su bienestar”.

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