El fiscal de Ciudad de México que archivó la denuncia por homicidio del hermano de Alejandro Gertz: “Fue con saña contra nosotros. Nos tuvimos que ocultar”

Las ramificaciones del proceso judicial que el fiscal general, Alejandro Gertz, impulsa contra su familia política por el presunto asesinato de su hermano parecen no tener fin. Si el tronco principal, que contó en exclusiva EL PAÍS en marzo y abril, crece entre amparos e impugnaciones, con su sobrina política en la cárcel desde hace casi un año, otro secundario se robustece, dibujando una imagen igualmente controvertida. Se trata de la den...

Las ramificaciones del proceso judicial que el fiscal general, Alejandro Gertz, impulsa contra su familia política por el presunto asesinato de su hermano parecen no tener fin. Si el tronco principal, que contó en exclusiva EL PAÍS en marzo y abril, crece entre amparos e impugnaciones, con su sobrina política en la cárcel desde hace casi un año, otro secundario se robustece, dibujando una imagen igualmente controvertida. Se trata de la denuncia que Gertz interpuso contra los fiscales de Ciudad de México que en 2016 archivaron el proceso en primera instancia. En ambos casos, la actuación del fiscal general de la República ha sido cuestionada, tanto por la familia política como por activistas.

En la demanda por el presunto asesinato de su hermano, Gertz apuntaba a Laura Morán, pareja del primero desde hacía décadas, y a las dos hijas de ella. El funcionario de la fiscalía de Ciudad de México encargado de la denuncia, el agente Jorge Vélez, consideró, sin embargo, que Federico Gertz, fallecido en septiembre de 2015 a los 82 años, había muerto de manera natural. En marzo de 2016, Velez firmó el escrito por el que la Fiscalía de capital decidía no procesar a las acusadas. Su jefe, José Luis Bolaños, estuvo de acuerdo con él.

La decisión de los fiscales provocó la reacción del apoderado de Gertz. El abogado Juan Ramos, mano derecha del fiscal desde hacía años, impugnó el archivo del caso. A la vez, denunció a Vélez, Bolaños y a la secretaria del primero, Jackelina Saucedo, por negación de servicio. En declaraciones a EL PAÍS, Vélez, de 47 años, describe lo que vino después como una persecución “con saña” contra ellos. “Perdimos nuestro trabajo y nos tuvimos que ocultar”, relata.

En la denuncia, Ramos señalaba que los agentes se habían negado a aceptar pruebas. El apoderado del fiscal, que con la llegada de Gertz a la Fiscalía fue nombrado subprocurador, decía, por ejemplo, que Vélez y sus superiores evitaron realizar un peritaje en química. La idea de Ramos y su jefe era que Morán y sus hijas habían suministrado medicamentos que habían deteriorado la salud de Federico Gertz. El abogado también critica que los agentes de la fiscalía de la capital evitaron llamar a testigos y tomar en cuenta dictámenes médicos que ellos presentaron.

Vélez asegura que la decisión de archivar el caso de la muerte de Federico Gertz estaba debidamente fundada. “Ese expediente en específico era muy voluminoso. Se estableció que no hubo abandono, se veía por las periciales”, argumenta. Además de los medicamentos, Gertz denunciaba que durante dos semanas y media del mes de agosto de 2015, las mujeres habían dejado de cuidarlo. Su salud, según esta versión, se había deteriorado, muriendo un mes más tarde. Pero Vélez dice que no había evidencia que probara el relato de Gertz.

El agente, que llevaba 22 años trabajando para la Fiscalía hasta que esta denuncia lo dejó en la calle, asegura que nadie le dijo cómo debía integrar la investigación. “Yo nunca tuve presión en este caso. Fue un expediente más, con la importancia que le doy a cualquiera. Determiné no ejercer acción penal contra las señoras por lo que vi en el expediente”, argumenta. En los documentos del caso, a los que ha tenido acceso este diario, aparecen las declaraciones de Vélez, que insiste, una y otra vez, en el dictamen forense de los doctores que atendieron a Federico Gertz en el hospital. El informe menciona que el paciente murió de una “congestión visceral generalizada producto de un infarto de miocardio”.

Años después de aquello, Vélez explica que el proceso ha arrasado su vida. De momento, la justicia ha paralizado cualquier intento de detención en su contra, pero es un estado volátil, cambiante. “Me genera zozobra, porque en cualquier momento me van a girar una nueva orden de aprehensión. Me siento defraudado de la institución. He tenido problemas de salud, depresión, me he tenido que alejar de mi familia. He vendido las cosas de valor que tenía… ¡El daño en mi prestigio! No he podido salir, no tengo ingresos. Hay familiares que me han ayudado y luego he salido a trabajar en cosas sencillas, de ayudante, pero no puedo ejercer mi carrera. Porque me detienen, me ingresan en prisión, ¿y qué hago?”.

Gertz y Coello Zuarth

El abogado de Vélez y Bolaños, Irving Regino, cuenta que durante los primeros años la denuncia contra los fiscales por negación de servicio apenas avanzó. “En 2018, el Ministerio Público la mandó a reserva porque no tenían suficientes elementos para continuar”, dice. Esto es, que la metieron en el congelador por si surgían nuevos datos, aunque no la cerraron oficialmente. “Pero a finales de 2018 reactivaron la investigación y luego la cambiaron de Fiscalía. Si hasta entonces había estado en la que atiende casos contra servidores públicos, de repente la mandaron a Asuntos Especiales”, explica. Ese movimiento les extrañó y les puso en guardia.

En enero de 2019, el Senado nombró a Gertz titular de la nueva Fiscalía General de la República, un ente de naturaleza autónoma, cuyo trabajo dejaría de estar en teoría bajo el control del poder político. Dos meses más tarde, el 19 de marzo, un testigo acudió a la Fiscalía de la capital para aportar nueva información en el caso contra Vélez y Bolaños. Era Jesús Coello Zuarth, uno de los abogados de Gertz. El padre de Coello Zuarth, Javier Coello Trejo, había presentado la primera denuncia contra la pareja de Federico Gertz y las hijas de ella, en agosto de 2015.

En su visita a la Fiscalía de Ciudad de México, Coello Zuarth explicó que en marzo de 2016, cuando Vélez y Bolaños archivaron el caso en primera instancia, se había reunido con el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas de la fiscalía local, Óscar Montes de Oca. En su declaración, Coello Zuarth aseguraba que Montes de Oca le había dicho que el archivo del caso había sido cosa suya, por órdenes de su jefe entonces, el fiscal local Rodolfo Ríos, y del jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Coello Zuarth dijo también que Montes de Oca le había asegurado que el asunto no se analizaría ni resolvería por la vía judicial, “ya que era un asunto de índole político”.

Ese asunto de índole político al que se habría referido Montes de Oca apuntaba a las relaciones de parentesco entre la familia política del fiscal y el primo del presidente entonces, Enrique Peña Nieto (2012-2018). La nieta de Laura Morán, pareja de Federico Gertz denunciada por el fiscal, estaba casada con Alfredo Del Mazo, primo de Peña Nieto. Con el tiempo, Del Mazo se convertiría además en gobernador del Estado de México. EL PAÍS ha buscado por varias vías a Óscar Montes de Oca, actual fiscal del Estado de Quintana Roo, pero no ha obtenido respuesta. Este diario ha buscado igualmente por varios medios al exprocurador Rodolfo Ríos, pero tampoco ha contestado.

La aparición en escena de Coello Zuarth clausuraba simbólicamente la relación entre la firma de abogados y el fiscal. Dos años antes, los Coello habían tomado la defensa de un personaje clave en uno de los casos estratégicos de la FGR: Emilio Lozoya. Descubierto el vínculo con los abogados de Lozoya, Gertz intentó justificarlo diciendo que una cosa no tenía que ver con la otra y que no había conflicto de interés alguno. Ante la insistencia de la prensa, el fiscal finalmente rompió la relación a mediados de ese año.

La detención y el desglose

El testimonio de Coello Zuarth tuvo dos efectos, ambos prácticamente inmediatos. A principios de mayo de 2019, la Fiscalía de Ciudad de México pidió a la juez la detención de Vélez, Bolaños y la secretaria Saucedo. Estudiado el expediente, la juez aceptó y ordenó la aprehensión de los tres el 15 de mayo. El abogado Irving Regino explica además que la juez añadió un agravante al delito, su carácter continuado. Es decir, que los imputados habían negado el servicio de investigar los hechos denunciados por Gertz continuamente a lo largo de los meses.

Semanas más tarde, el 5 de junio, el nuevo apoderado de Gertz, Roberto Gallardo -el mismo que había acompañado a Coello Zuarth a declarar en marzo- denunció al fiscal que había confirmado el archivo del caso, Alejandro Emmanuel García, y a su superior, Óscar Montes de Oca. En su caso, Regino explica que durante meses no se supo cómo avanzó el proceso, al menos de manera oficial. Solo los rumores que lograban arrancar los funcionarios acusados de sus compañeros.

En julio de 2020, el mismo mes en que la Fiscalía de Ciudad de México procesó a la que había sido pareja de Federico Gertz y a una de sus hijas, Alejandra Cuevas, agentes de la agencia investigadora se presentaron en casa del exfiscal Alejandro García. Para entonces, García se sentía igualmente perseguido. En enero de 2019, había entrado a trabajar a la Secretaría de Relaciones Exteriores como director general de la Unidad de Administración y Finanzas. Año y medio más tarde, su trabajo empezaba a peligrar. El rumor de que sus viejos compañeros iban tras él cobraba fuerza. Finalmente, en enero de este año le pidieron que renunciara.

Tras la visita de los agentes a su casa, García escribió a la Fiscalía de la capital para preguntar el motivo, pero no recibió respuesta. Cosa común en las relaciones con las fiscalías, sus abogados promovieron un amparo para saber si ya existía alguna orden de detención o localización en su contra. Descubrieron que sí, que existía una orden de localización. Ellos entonces pidieron cita a la Fiscalía. En agosto de 2020, García fue a la agencia investigadora a pedir hora para declarar, cita que le dieron para 15 días más tarde. Entre visitas y burocracia, sus abogados descubrieron que los agentes ya habían pedido su detención, no solo su localización. Sus abogados se ampararon.

El caso de García ha corrido paralelo al de sus viejos compañeros, Vélez, Bolaños y Saucedo, que durante meses se escondieron para evitar la cárcel. En julio de este año, un juez federal invalidó las órdenes de detención contra los tres, que otra juez local había emitido poco más de un año antes. La Fiscalía de Ciudad de México ha impugnado la sentencia. Otro tribunal decidirá ahora si el juez tiene razón y la orden de detener a los exfuncionarios de la Fiscalía es válida definitivamente o no.

La decisión sobre la orden de detención de Vélez, Bolaños y Saucedo influyó en la del juez que atendía el caso de García. En primer término le ha beneficiado, porque su posible aprehensión ha quedado en suspenso. En el caso de Montes de Oca, denunciado junto a García, su nombre ha desaparecido misteriosamente de la ecuación. Algo ocurrió entre junio de 2019 y julio de 2020, cuando los agentes de la Fiscalía de Ciudad de México acudieron a casa del primero. Solo una diferencia aparece entre ambos: mientras que García fue invitado a dejar su trabajo de Relaciones Exteriores, Montes de Oca ha continuado al frente de la Fiscalía de Quintana Roo.

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