La controvertida apuesta de México por los combustibles fósiles
El país está incumpliendo el Acuerdo de París con unos planes “muy insuficientes” para reducir sus emisiones, según un análisis de la iniciativa Climate Action Tracker
Unos 8.000 millones de dólares invertidos en la construcción de una nueva refinería, otros 100 millones para resucitar el negocio del carbón y una reforma eléctrica que privilegiará a los combustibles fósiles sobre las energías renovables. Las políticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le están dando un portazo al Acuerdo de París y, según la organización Climate Action Tracker, están llevando al país a romper sus compromisos para combatir el cambio climático.
El consorcio científico internacional, que evalúa los pasos que toman los países para cumplir el Acuerdo, ...
Unos 8.000 millones de dólares invertidos en la construcción de una nueva refinería, otros 100 millones para resucitar el negocio del carbón y una reforma eléctrica que privilegiará a los combustibles fósiles sobre las energías renovables. Las políticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le están dando un portazo al Acuerdo de París y, según la organización Climate Action Tracker, están llevando al país a romper sus compromisos para combatir el cambio climático.
El consorcio científico internacional, que evalúa los pasos que toman los países para cumplir el Acuerdo, ha rebajado de “insuficiente” a “muy insuficiente” la calificación que le otorga al plan de reducción de emisiones de México. La Secretaría de Medio Ambiente presentó en diciembre pasado ese plan, que contempla recortar un 22% los gases de efecto invernadero para 2030, lo mismo que ya había prometido en 2015.
Esto viola el Acuerdo de París, que exige a los países miembros aumentar cada cinco años sus esfuerzos para contener el calentamiento global. México no es el único que está incumpliendo esa cláusula. Otros nueve países, como Brasil o Rusia, tampoco están haciendo lo suficiente para alcanzar el objetivo del tratado: mantener la temperatura media mundial por debajo de los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.
“Lo alarmante en el caso de México es que ha pasado de ser un país que lideró la lucha contra el cambio climático en la región a tomar una dirección totalmente opuesta”, dice Sofía Gonzáles-Zúñiga, analista de Climate Action Tracker. La experta señala que el país no solo mantiene las mismas metas de reducción en términos porcentuales, sino que, tras una revisión en sus cálculos, ahora estima que generará 774 millones de toneladas de CO2 en 2030, por encima de los 763 millones pronosticados en 2015.
México es uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero con el 1,47% del total mundial, pero, según el consorcio científico, no está asumiendo esa responsabilidad para hacer un mayor esfuerzo en la lucha contra el cambio climático.
El país ha borrado de sus objetivos el compromiso de recortar sus emisiones en un 50% para 2050 respecto al nivel del año 2000, algo que sí había incluido hace cinco años. Tampoco se fija una meta para alcanzar las cero emisiones, como han hecho China, Estados Unidos o la Unión Europea. Climate Action Tracker alerta además sobre la falta de transparencia e información que ofrece México para explicar cómo alcanzará sus objetivos.
Mientras tanto, las políticas del Gobierno apuntan en la dirección opuesta a la descarbonización de la economía. La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la polémica reforma eléctrica de López Obrador, que implica que las centrales de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) –que se abastecen principalmente de hidrocarburos– tendrán preferencia para subir su producción a la red sobre las privadas, propietarias de la mayor parte de las renovables del país.
“La política energética se está originando de postulados únicamente ideológicos. No les importa que la matriz eléctrica de México sea mucho más sucia y cara y la tenga que subsidiar. Es una irracionalidad absoluta”, lamenta Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México. En 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto abrió el sector energético a la inversión privada, lo que llevó a un rápido crecimiento de granjas solares y fotovoltaicas. Ahora se echa el freno de mano a esa expansión.
La Secretaría de Medio Ambiente ha rechazado la solicitud de entrevista de este diario sobre el posible impacto de la reforma eléctrica en la lucha contra el calentamiento global y se ha limitado a responder en un comunicado que estará pendiente del proceso legislativo. La iniciativa deberá debatirse ahora en el Senado, donde también se espera que sea respaldada por la mayoría del partido gobernante, Morena.
Medio Ambiente argumenta que los objetivos para contener los gases de efecto invernadero no son más ambiciosos porque la pandemia “ha golpeado severamente al país y la economía ha sufrido un freno al crecimiento que venía teniendo en los últimos años”. Y zanja: “cada país es libre de decidir cuáles son las metas justas con su nivel de desarrollo nacional y capacidades”.
Según Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), si México no ha sido más ambicioso en sus objetivos de reducción de emisiones ha sido para no poner en riesgo las políticas energéticas impulsadas por el presidente. Pese a que no existe un mecanismo que penalice el incumplimiento del Acuerdo de París, Velasco recuerda que la reforma puede tener consecuencias jurídicas tanto internas como a nivel internacional.
Los tratados de libre comercio que ha firmado México con Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea contemplan inversiones en el sector eléctrico. “El riesgo es que estás obstaculizando la inversión extranjera al privilegiar a la CFE y por ello te pueden llevar a paneles internacionales donde se deba indemnizar a los inversionistas privados”, advierte.
La falta de interés del Gobierno de México frente al cambio climático no se limita a la política energética. El Ejecutivo ha apostado por invertir en grandes proyectos como el Tren Maya, en la Península de Yucatán, y la refinería de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco, mientras sigue recortando el de por sí debilitado presupuesto de las instituciones ambientales del país. A finales del año pasado, el Congreso eliminó más de un centenar de fideicomisos, entre los que se encontraba el destinado a combatir el calentamiento global.
“La postura oficial en relación con el cambio climático es ignorarlo. Ignorar que estamos metidos en un problema de carácter global y que somos parte él”, dice Carlos Gay, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Mientras tanto, México es particularmente vulnerable a los embates del calentamiento con más de 11.000 kilómetros de litoral costero y una geografía que lo sitúa en la ruta de unos huracanes que cada vez golpean con más fuerza.
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