Un 30% de los hogares vulnerables, casi un millón, quedan fuera de los índices de pobreza energética

Pese a las medidas que ha venido aplicando el Gobierno en los últimos años para combatir la pobreza energética, hasta un millón de hogares vulnerables están fuera de los indicadores que se utilizan para determinar dicha pobreza, lo que supone un 30% del total de este tipo de casos, que suman 3,6 millones. Por el contrario, y aunque no lo sean estrictamente, 4,7 millones de hogares son considerados vulnerables “al menos, por alguno” de los tres indicadores del Observatorio UE sobre Pobreza Energética (el que usa el Gobierno), lo que representa un 25% del total de hogares (18,7 millones). Estos ...

Pese a las medidas que ha venido aplicando el Gobierno en los últimos años para combatir la pobreza energética, hasta un millón de hogares vulnerables están fuera de los indicadores que se utilizan para determinar dicha pobreza, lo que supone un 30% del total de este tipo de casos, que suman 3,6 millones. Por el contrario, y aunque no lo sean estrictamente, 4,7 millones de hogares son considerados vulnerables “al menos, por alguno” de los tres indicadores del Observatorio UE sobre Pobreza Energética (el que usa el Gobierno), lo que representa un 25% del total de hogares (18,7 millones). Estos datos forman parte de un estudio realizado por la consultora Nera Economic, y la situación ha sido denunciada a través de las alegaciones presentadas ante el Ministerio para la Transición Ecológica en la consulta pública de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030 que está elaborando el departamento que dirige Sara Aagesen, aunque no tiene carácter normativo.

La vulnerabilidad es la principal condición (pero no la única) para que los usuarios puedan solicitar el bono social de la tarifa eléctrica (que pagan todos los consumidores en un pequeño recargo en el recibo de la luz), aunque solo 1,8 millones están acogidos al mismo, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El bono es un engorroso sistema de descuentos en la factura de la luz, que se sitúan en el 50%, el 65% y el 100%, respectivamente, según se trate de consumidores vulnerables, vulnerables severos, en riesgo de exclusión social o que reúnan otras condiciones. Los dos primeros descuentos bajarán en enero a los niveles precrisis: al 35% y el 50%. Pero ni el bono eléctrico, que solo se aplica, previa solicitud, a quienes tienen contratada la tarifa regulada (PVPC) ni las políticas adoptadas por el Gobierno en los últimos años tras la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, han conseguido que la pobreza energética remita en España, según reconocen fuentes próximas al Gobierno.

Ello se debe -coinciden distintos expertos-, a que a la hora de determinar la vulnerabilidad no se tiene en cuenta la renta de las familias ni las zonas geográficas donde viven, algunas con temperaturas extremas en invierno o en verano, lo que empuja a un mayor consumo de electricidad. “Los indicadores que se utilizan no miden, en realidad, la pobreza energética sino la dispersión en el gasto energético”, señala el estudio que Nera presentó recientemente en una jornada organizada en Bilbao por ConsumES, confederación integrada por siete de las principales asociaciones de consumidores y la Universidad del País Vasco y en la que participaron miembros del BC3-Centro Vasco del Cambio Climático.

Los indicadores que utiliza el Gobierno están basados en ratios de gasto energético, que tienen en cuenta ingresos familiares, el gasto en bienes de consumo o el número de unidades de consumo del hogar, lo cual, “pueden hacer contabilizar como vulnerables hogares que no lo son y no contabilizar como vulnerables otros que sí lo son”, señala Jorge Sanz, director asociado de Nera. Estos indicadores son tres: el Gasto Energético Desproporcionado (GED), o porcentaje de hogares en los que el gasto energético (en relación a los ingresos del hogar) está por encima del doble de la mediana nacional; el Gasto Energético Insuficiente (GEI), o porcentaje de hogares en los que el gasto energético (como porcentaje de los ingresos) está por debajo de la mitad de la mediana nacional; y el indicador de Pobreza Energética Escondida (PEE), o porcentaje de hogares en los que el gasto energético (respecto al gasto total en bienes y servicios de consumo) es inferior a la mitad de la mediana nacional.

Sin embargo, según el citado estudio, un hogar puede tener un nivel de gasto energético relativamente bajo, aunque sea de renta alta, por el simple hecho de que su vivienda esté bien aislada térmicamente, y/o porque vive en una zona con un clima suave, como Canarias. Por el contrario, un hogar puede tener un nivel de gasto relativo alto con un nivel de renta bajo, solo porque su vivienda está mal aislada, y/o porque está en una zona de clima frío, como es el centro de la Península.

“Falsos positivos”

Los expertos coinciden en que los indicadores pueden ser regresivos, pues no tienen en cuenta la renta per cápita familiar ni la zona de residencia. Para Mikel González-Eguino, profesor de investigación de BC3, existen otros indicadores que deben utilizarse, como el del 10% (cuando la factura energética de un hogar supera el 10% de sus ingresos se considera un hogar pobre) o el de la métrica de renta baja (por debajo del 60% de la media) y coste elevado. “Nosotros hemos recomendado al Gobierno que se ajuste por renta y umbrales de gasto al año”, para evitar “los falsos positivos”, señala González-Eguino. Este investigador distingue entre carburantes (en este caso, sí hay más consumo a mayores ingresos) y electricidad (donde no se cumple aquella regla porque todas las familias disponen de esta energía y siempre consumen un mínimo).

Aunque Transición Ecológica destaca que gracias a las políticas sociales anticrisis el precio de la electricidad en España es inferior al del resto de Europa, los hogares acogidos al bono antes de que se aplicaran estas medidas disfrutaban de un descuento de 300 euros de media al año en la factura. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, la factura media de la luz por hogar es de 700 euros anuales.

Los expertos consideran que los indicadores miden mal la pobreza y que el bono social es regresivo pues solo en algunos casos se tiene en cuenta la renta (concretamente, el IPREM o índice de referencia para calcular los ingresos familiares) y el número de miembros del hogar, pero pone límites al volumen de consumo bonificado y además se aplica a colectivos no necesariamente vulnerables, como las familias numerosas o las víctimas de género o de terrorismo.

Otra cuestión en el centro del debate es la fiscalidad que grava la factura de una manera directa (como el IVA o el Impuesto de la Electricidad), indirecta (el 7% a la generación que pagan las eléctricas y repercuten al cliente) y a través de los llamados cargos (costes ajenos a sistema, como las subvenciones a la gran industria). Para Cristina Pizarro, investigadora de BC3 y profesora de la Universidad Pública Vasca Vasco, “hay un problema con la fiscalidad”, más aún “cuando hemos apostado por la electrificación”. Y añade que “cualquier fiscalidad va a llegar siempre al consumidor directa o indirectamente”.