Iberdrola confirma que quiere lanzar la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz antes de fin de mes
La eléctrica vasca, principal propietaria de la planta atómica extremeña, asegura tras reunirse hoy con Endesa y Naturgy que “los socios trabajan en la gobernanza para lanzar la solicitud de continuidad al Ministerio para la Transición Ecológica cuanto antes”
Avances en la solicitud de ampliación de vida de la central nuclear de Almaraz. Tal y como adelantó este medio el pasado 15 de octubre, Iberdrola, principal propietario de la central, confirma que quiere la extensión y que están trabajando con Endesa y Naturgy para pedir la solicitud de prórroga de la planta atómica. Todo apunta a que será por tres años más, hasta 2030.
Concretamente, fuentes de Iberdrola señalan, tras celebrarse la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT), que, “respecto a la solicitud formal de continuid...
Avances en la solicitud de ampliación de vida de la central nuclear de Almaraz. Tal y como adelantó este medio el pasado 15 de octubre, Iberdrola, principal propietario de la central, confirma que quiere la extensión y que están trabajando con Endesa y Naturgy para pedir la solicitud de prórroga de la planta atómica. Todo apunta a que será por tres años más, hasta 2030.
Concretamente, fuentes de Iberdrola señalan, tras celebrarse la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT), que, “respecto a la solicitud formal de continuidad, los socios trabajan en la gobernanza para lanzarla cuanto antes, al Ministerio para la Transición Ecológica, con carácter previo a la entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear”. Dicha entrega de documentación al CSN tiene fecha límite el próximo 1 de noviembre.
“Iberdrola reafirma su compromiso con la extensión de vida de la central de Almaraz, al igual que han venido haciendo públicamente Endesa y Naturgy”, señala un portavoz de Iberdrola, que añade que “en la reunión se han analizado las operaciones de la central nuclear de Almaraz, donde se trabaja en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas, como ha reconocido recientemente WANO, al otorgar el nivel de excelencia a la planta”.
El posicionamiento mostrado hoy por Iberdrola abre ahora un trámite burocrático. Las propietarias de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy), tienen que pedir de forma individual a sus consejos de administración autorización para solicitar la prórroga. Una vez la tengan, tendrán que pactar dicho acuerdo en la junta de administradores de CNAT. Y posteriormente, deberán refrendarlo en la comunidad de bienes de CNAT (su asamblea). Esa autorización se trasladará al Ministerio, que tendrá que tomar una decisión sobre la continuidad. Así, las compañías pondrán la pelota en el tejado del Ejecuivo sin haber recibido por ahora contrapartidas fiscales, como habían solicitado.
Hito clave para el futuro energético en España
La solicitud de extensón de la vida útil de Almaraz es un hito clave en la situación energética española y que supone una afectación transversal para todo el sector, ya que esta planta produce el 7% de toda la electricidad a nivel nacional. Hasta ahora, Iberdrola había expresado su voluntad de no continuar, después de que el Ejecutivo y las compañías pactaran en 2019 el cierre ordenado de todo el parque nuclear de 2027 a 2035. Sin embargo, ante la clausura de la primera planta, el primer reactor de Almaraz en noviembre de 2027, las empresas han decidido solicitar la prórroga.
La nueva posición se produce tras meses de mensajes cruzados entre las compañías y el Ministerio para la Transición Ecológica. Iberdrola, Endesa y Naturgy pedían al Gobierno contrapartidas fiscales para sus centrales nucleares, ya que consideran que su operativa es inviable desde el punto de vista económico por las cargas impositivas que sufre esta tecnología. La realidad es que las empresas afectadas no se han mostrado completamente alineadas entre ellas en estos meses, puesto que juegan con intereses distintos a medio y largo plazo. Aun así, han sido capaces de llegar a un acuerdo de mínimos para Almaraz.
Por el contrario, el Ministerio para la Transición Ecológica y Moncloa había puesto como línea roja para estudiar cualquier hipotética revisión del calendario de cierre que esta no tuviera afectación para el bolsillo de los consumidores ni de los contribuyentes, amén de cumplir con la seguridad de suministro y la seguridad nuclear.
A casi dos años del cierre definitivo, finalmente las empresas han pedido la prórroga sin que por ahora la posición del Gobierno haya variado. No obstante, fuentes del sector creen que habría margen hasta el momento en que estaba pactado el cierre para obtener algún tipo de compensación.
De hecho, esta contrapartida sí ha llegado desde el ámbito autonómico. Tanto la Generalitat Valenciana como la Junta de Extremadura se han comprometido a eliminar y reducir a la mitad la ecotasa regional que pagan las nucleares en sus territorios si finalmente se aprueba la prórroga. El gesto anunciado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, hace poco más de una semana, llega ante la presión de Vox, que había exigido esta medida para aprobar los presupuestos regionales de la líder autonómica del PP. Lo mismo le ocurrió previamente a Mazón en Valencia.
Hasta hace menos de una semana, las empresas, sobre todo Iberdrola, que es quien más se juega en Almaraz por ser la que tiene mayor participación de la planta (posee un 52,7% del capital social de la central), habían amenazado con cerrar si no tenían ningún gesto del Gobierno. Esto ha generado una fuerte alarma social a nivel local, ya que la planta genera hasta 4.000 empleos indirectos en una zona amenazada por la despoblación.
Las empresas llevan meses solicitando la rebaja de dos tasas específicas que paga esta tecnología. Por un lado, la tasa a Enresa, una contribución que desembolsan para costear el desmantelamiento de las centrales a la empresa pública. Esta se reduciría automáticamente con la prórroga, ya que a más megavatios producidos, se prorratea este tributo.
Las compañías también quieren que el Gobierno reduzca o elimine el impuesto sobre el combustible gastado, una tasa que se instauró en 2013 con el objetivo de contener el déficit de tarifa. Su pronóstico es que el agujero del sistema eléctrico se cierre por completo en 2028, por lo que creen que este impuesto podría retirarse si Almaraz finalmente continúa a partir de 2027.
Por ahora son solo especulaciones, ya que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha mostrado convencida de cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que está desplegado sobre la base del cierre nuclear actual.
Sin embargo, desde que se pactó ese calendario de cierre, las condiciones energéticas a nivel mundial han cambiado. Por un lado, la invasión de Rusia sobre Ucrania ha provocado un shock en los mercados de gas, y cerrar la nuclear supondría un extracoste al tener que activarse ciclos combinados que operan con esta tecnología, por otro lado más contaminante.
Además, la tecnología nuclear logró que la Comisión Europea la declarara limpia y libre de emisiones en 2022, lo que también ha contribuido a una mayor aceptación social. El hecho de contar con nucleares en lugar de plantas de gas, además, contribuye al objetivo de autonomía estratégico reivindicado por Bruselas en el último año, a tenor de la inestabilidad geopolítica mundial.
Por último, las empresas han puesto encima de la mesa la contribución de las centrales nucleares como Almaraz para evitar apagones, ya que, según consideran, proporcionan una serie de características técnicas como inercia o control de tensión que a día de hoy no son capaces de ofrecer las renovables. Sin embargo, las propias eléctricas han sido reacias a los nuevos requerimientos de Red Eléctrica para elevar las exigencias en materia de control de tensión.
La petición de prórroga de Almaraz no invalida el plan de desmantelamiento que las empresas están obligadas a enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes de que concluya octubre, dos años antes del cierre. Este plan se presenta tras una instrucción técnica enviada en julio a las empresas. Con ella, se da cumplimiento a la orden ministerial de 2020 que tras pactar el calendario de cierre prolongó la vida de la central por siete años más, en lugar de diez que se suele pedir.
Otro argumento que plantean ahora las empresas y que no se vislumbraba en 2019 es que España podría aumentar con fuerza la demanda de electricidad, por lo que cerrar el parque nuclear podría ser un freno para la electrificación, nuevos proyectos industriales o centros de datos, que están apostando con fuerza por España. En esa lógica de la necesidad de más electricidad y la dificultad de seguir creciendo en renovables es en la que se basan las eléctricas para pedir ahora la continuidad de la planta extremeña.
Varios de estos argumentos también los ha reiterado este mismo martes el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, desde la propia central de Almaraz, que se encuentra en el periodo de recarga de combustible.
Por último, decretar el cierre de Almaraz podría tener efectos dispares para las distintas compañías. El cierre de Almaraz afecta sobre todo a Iberdrola. Un hipotético cambio de Gobierno en 2027 o antes, a tenor de lo que dicen las encuestas actualmente, podría hacer que mientras se cierra la planta extremeña, se podría dar el caso de que se prorroguen las otras. Ascó y Vandellós, cuyo cierre está previsto para 2029 y 2030, podrían ser más necesarias para la seguridad del sistema y además PP y Vox, que mandan en las encuestas, ya se han mostrado favorables a la prórroga. Un escenario que afectaría de forma distinta a las distintas partes, ya que Endesa es quien domina las nucleares catalanas.