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El mapa de una red eléctrica al límite: País Vasco, Aragón, Andalucía y Cataluña, entre las comunidades más saturadas

El martes, las principales firmas del sector informaron de que el 83,4% de todos los nudos eléctricos de España no pueden soportar más demanda, un problema que puede amenazar millones de euros en inversión

En medio de la apuesta por la descarbonización de la economía y de los esfuerzos por una mayor electrificación, ha aparecido un obstáculo que se ha convertido en un problema de primera magnitud. La red eléctrica española está en la mayoría de sus puntos al límite de capacidad, y ello está ahogando miles de millones en inversión que ha quedado a la espera por esta falta de conectividad.

La gestión de la capacidad energética de la red eléctrica se estructura, entre otros elementos, alrededor de unos puntos estratégicos en la red de transporte conocidos como nudos eléctricos. Estos emplazamientos cuentan con la capacidad operativa de acoger nueva demanda energética sin comprometer la estabilidad del sistema. Ayer, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), basándose en los datos publicados por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, alertó a través de un comunicado de que el 83,4% de todos estos nudos eléctricos de la red española están al límite de capacidad y ya no pueden aceptar nuevas conexiones.

Al analizar los datos desglosados por regiones, se observa como 11 comunidades autónomas tienen aún un peor registro que el de la media nacional. Cantabria se lleva la peor parte con un 100% de sus nudos al límite. Le siguen de cerca País Vasco con el 99,2%, La Rioja (99,19%), Aragón (96,34%), Navarra (94,14%), Andalucía (92,16%) y Cataluña (90%). De facto, la saturación de los nudos eléctricos que golpea especialmente a estas regiones impide el asentamiento en ellas de nuevas plantas, fábricas, centros de datos o de cualquier otra actividad que implique un alto consumo de energía.

“La publicación de los mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica confirma una situación crítica en la mayoría de las comunidades autónomas”, aseguran fuentes de una compañía eléctrica. Por ejemplo, según los datos que dio a conocer el Gobierno Vasco antes de la última conferencia de presidentes celebrada el pasado junio en Barcelona, Euskadi requiere de una potencia adicional de 6.036 megavatios (MW), lo que supone un incremento del 50% sobre la capacidad vigente. El presidente vasco, Imanol Pradales, alertó entonces de que se han identificado 117 empresas en la comunidad autónoma con necesidades urgentes de descarbonización que, de no llevarse a cabo, “podrían acarrear la pérdida de más de 75.000 empleos directos, indirectos e inducidos”, estimó.

De esta forma, y siguiendo un tono similar al empleado por Pradales, la industria y las administraciones autonómicas llevan meses alertando de la falta de infraestructuras eléctricas. En febrero, Aelec informó durante un encuentro con la prensa que en 2024, de un total de 67.154 megavatios (MW) solicitados por grandes consumidores de energía, se denegó la concesión de 33.159 MW, el 49%. La situación afectó sobre todo a la industria, con 10.715 MW no concedidos que supusieron, según los cálculos de la patronal, alrededor de 60.000 millones de euros de inversión no ejecutada. Del total de 17 comunidades autónomas que conforman España, solo cuatro de ellas, Asturias, Canarias, Baleares y Galicia, se libran del problema de saturación en sus redes.

Proyectos clave en comunidades saturadas

El problema de la falta de capacidad de la red está poniendo en riesgo algunas de las grandes apuestas de cara al futuro de la economía española. De un lado, amenaza a fábricas de sectores clave como el del automóvil y sus industrias relacionadas como las baterías. El gigante chino CATL tiene previsto dedicar 4.100 millones de euros a construir la mayor fábrica de baterías de España en Zaragoza, capital de Aragón, una de las regiones con más nudos eléctricos al límite.

Por su parte, Andalucía es la comunidad emplazada a ser un gran epicentro del hidrógeno verde en España de la mano del conocido como Valle del Hidrógeno Verde Andaluz, un proyecto de 3.000 millones de euros. Por último, País Vasco, Cataluña y nuevamente Aragón, con Amazon Web Services, son comunidades que, junto con Madrid, en una situación menos peliaguda en su red eléctrica en comparación, han logrado atraer a los principales actores del sector de los centros de datos.

Tras la publicación de los datos de saturación de la red, Spain DC, la asociación española de centros de datos, siguiendo la misma línea que Aelec, advirtió de que el problema amenaza con frenar inversiones estratégicas en centros de datos en nuestro país, arriesgando con ello la posibilidad de que España se sume a la ola digital durante la próxima década. “No tenemos un problema de generación. Hay energía suficiente; lo que falla es la red. Estamos operando la economía del siglo XXI con infraestructuras del siglo XX”, ha afirmado Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC.

Uno de los grandes puntos de fricción entre el sector y el Gobierno es lo que las eléctricas perciben del Ejecutivo a cambio del despliegue de líneas. El pasado mes de julio, la CNMC sacó a consulta pública su propuesta de retribución de la red de distribución y transporte de electricidad, junto con una propuesta de cambio en la metodología de cálculo. Así, proponía una tasa de retribución del 6,46% para el periodo 2026-2031, una cifra superior al 5,58% actual, pero por debajo de las demandas del sector, que apuntaban al 7,5%. La diferencia entre lo que se estaba ofreciendo y lo que las eléctricas pedían era de 1.000 millones de euros.

El Ministerio se defiende

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico defendió ayer que, desde 2020, se ha otorgado el acceso a la red a peticiones suficientes para doblar la demanda nacional a pesar de los datos que apuntan en la dirección de la saturación de la misma.  

En concreto, el departamento liderado por Sara Aagesen señaló que en ese periodo se otorgaron 43 gigavatios (GW) de capacidad para nuevas demandas de energía, "equivalentes a otra España entera". Más en detalle, el Gobierno se referió a los 12 GW de centros de procesamiento de datos, los 11,3 GW de proyectos industriales, los 6 GW de planeamientos urbanísticos, los 3 GW para hidrógeno y los 2,3 GW para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. El Ministerio para la Transición Ecológica también recordó que el Ejecutivo ha aprobado medidas para asegurar que el uso de las redes sea "firme" y "evitar la especulación".

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