La cuestionada influencia real
Críticas al príncipe Carlos por disfrutar de derecho a veto sobre leyes que perjudiquen sus intereses privados
Carlos de Inglaterra tiene ciertos derechos de veto sobre la nueva legislación promovida por el Gobierno británico que puede afectar a sus intereses privados, según la sorprendente revelación del diario The Guardian. Tanto el anterior Gobierno laborista como la actual coalición de conservadores y liberales-demócratas han sometido al príncipe a al menos 12 proyectos de ley desde el año 2005, relativos a materias que van desde los jueces forenses a desarrollo económico y construcción, marina y acceso a las costas, vivienda y regeneración, energía y planificación urbanística.
Ni Dow...
Carlos de Inglaterra tiene ciertos derechos de veto sobre la nueva legislación promovida por el Gobierno británico que puede afectar a sus intereses privados, según la sorprendente revelación del diario The Guardian. Tanto el anterior Gobierno laborista como la actual coalición de conservadores y liberales-demócratas han sometido al príncipe a al menos 12 proyectos de ley desde el año 2005, relativos a materias que van desde los jueces forenses a desarrollo económico y construcción, marina y acceso a las costas, vivienda y regeneración, energía y planificación urbanística.
Ni Downing Street ni Clarence House han querido explicar si el príncipe ha utilizado alguna vez esos poderes para obligar al Gobierno a modificar un proyecto de ley y ajustarlo a sus intereses. Pero expertos constitucionales consultados por el periódico han comparado los poderes del príncipe al efecto disuasorio del arma nuclear: lo importante no es si Carlos ha vetado o no alguna ley sino la influencia que tiene en el legislador.
Ese veto, que puede chocar en una monarquía parlamentaria en el siglo XXI, era casi secreto y se explica por el hecho que Reino Unido no tiene una Constitución escrita y se rige por la tradición. En este caso, la tradición dice que el heredero de la corona, en virtud de sus títulos de príncipe de Gales, conde de Chester y duque de Cornualles, tiene que ser consultado en cualquier nueva legislación que puede afectar a sus intereses en esos territorios. Una norma especialmente polémica en lo que se refiere al ducado de Cornualles, una propiedad de casi 54.000 hectáreas creada en 1337 por el rey Eduardo III para su hijo, el príncipe Eduardo, cuya función primordial es generar ingresos para el heredero. El año pasado Carlos obtuvo unos ingresos de 21 millones de euros del ducado de Cornualles.
David Cameron ha asegurado que no va a modificar ese derecho del príncipe de Gales y Clarence House lo ha defendido con el argumento de que "no se trata de buscar las opiniones personales del príncipe sino que es más bien una costumbre que viene de antiguo relacionada con el ducado de Cornualles que se habría aplicado de la misma forma a sus predecesores".
La revelación de The Guardian no va a ayudar a Carlos de Inglaterra, cuyas presiones públicas en materias como la arquitectura, el urbanismo o la energía eólica han provocado ya numerosas críticas en el pasado. Aunque nadie le niega al príncipe su derecho a tener ideas y a exponerlas, muchos creen que abusa de su influencia y que sus presiones ponen en cuestión su capacidad para ser neutral el día en que herede el trono.