El PP frena una investigación sobre las cajas "para no enrarecer más el ambiente"
El PSdeG pide que Méndez y Gayoso comparezcan en la Cámara para determinar si tuvieron responsabilidades legales
El PSdeG había registrado la petición de una comisión de investigación parlamentaria tan pronto como se supo (por este diario) que Novacaixagalicia iba a pagar 23 millones de euros por indemnizar a tres de los directivos que habían llevado a Caixa Galicia y Caixanova a su situación actual. Esta mañana, cuando la iniciativa se debatió en el hemiciclo, su viceportavoz María José Caride, exconselleira de Política Territorial con el bipartito, deseó ver sentados en el Parlamento a los hombres fuertes de las cajas, a José Luis Méndez, todopoderoso gestor de Caixa Galicia durante décadas, y a su riv...
El PSdeG había registrado la petición de una comisión de investigación parlamentaria tan pronto como se supo (por este diario) que Novacaixagalicia iba a pagar 23 millones de euros por indemnizar a tres de los directivos que habían llevado a Caixa Galicia y Caixanova a su situación actual. Esta mañana, cuando la iniciativa se debatió en el hemiciclo, su viceportavoz María José Caride, exconselleira de Política Territorial con el bipartito, deseó ver sentados en el Parlamento a los hombres fuertes de las cajas, a José Luis Méndez, todopoderoso gestor de Caixa Galicia durante décadas, y a su rival del sur, Julio Fernández Gayoso, para que expliquen por qué ambas firmas acabaron como acabaron. Y para poder exigirles responsabilidades penales por su gestión si es que éstas se deducen de su testimonio. La parlamentaria socialista aseguró que es el mejor favor que se le puede hacer a Novagalicia Banco, si lo que pretende es ganarse la confianza de una sociedad gallega "que está cabreada e indignada" y pide "respuestas a los políticos". Caride defendió que por la misma comisión de investigación deberían pasar "los miembros del consejo de administración de las cajas que no hicieron su trabajo, títeres en manos de los directivos que miraron para otro lado".
En este punto conviene hacer un inciso: dentro del consejo de administración de las cajas, concretamente en el de Caixa Galicia, estuvieron durante estos años la diputada socialista y portavoz del grupo municipal en A Coruña, Mar Barcón, que dimitió cuando estalló el escándalo de las indemnizaciones, y el secretario general del PSOE de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, que sigue en el de Novacaixagalicia y todavía ayer afirmó que su intención es salir de él "por la puerta grande". Salvado este paréntesis, sigamos con el durísimo discurso de Caride, partidaria de que las conclusiones de la comisión de investigación, en caso de haberla, fuesen enviadas a la fiscalía para que investigue si hay indicios de delito en el comportamiento de los gestores de las cajas.
Sucede que a medio plazo no habrá comisión de investigación, porque el PP y sus 38 diputados, incluido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estima que abrirla en este momento implicaría "enrarecer aun más el ambiente" mientras Novagalicia Banco y su presidente, José María Castellano, intenta recapitalizar la entidad, cuyo 93% del capital corresponde al Banco de España a través del FROB. Lo explicó el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, tras responsabilizar en exclusiva del fracaso de la fusión de las cajas al regulador bancario y explicar que su partido está a favor de que los directivos devuelvan sus millonarias compensaciones y también de que los nuevos directivos del banco expliquen también sus contratos, mientras este cuente con mayoría de capital público. Puy, como había hecho el presidente hace un par de semanas, no se opuso a que en el futuro se pueda indagar desde el Parlamento la gestión de las cajas, pero negó que este sea el momento oportuno. Junto a los 37 diputados de su partido, apretó el botón rojo y frustró la comisión de investigación que sí apoyó el BNG.
Su portavoz parlamentario repartió culpas a partes iguales entre socialistas y nacionalistas por la pérdida del sistema financiero gallego y dio entender que los 40 millones de euros (a los 23 millones de los tres directivos hay que sumar los del ex director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, el primero en marcharse forzado por el Banco de España) que percibirá la cúpula de ambas entidades, es el precio de su silencio ante el desmantelamiento de estas entidades para que aceptasen el plan que PSOE y PP habían trazado para acabar con las cajas.