La TDT se extiende a cámara lenta
Cantabria cancela un contrato con Astra para dar señal por satélite
Cuando faltan apenas ocho meses para que el apagón analógico caiga sobre 1.287 municipios, 65.000 edificios (el 70% de los incluidos en esta fase) todavía no han adecuado las antenas colectivas, un proceso necesario (como también lo es contar con un descodificador o un televisor digital) para captar las nuevas señales. Al ritmo actual, la entidad Impulsa TDT, que promueve el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre, calcula que cada día se deberían adaptar entre 370 y 380 antenas colectivas.
Para más de cinco millones y medio de habitantes, la televisión convencional ...
Cuando faltan apenas ocho meses para que el apagón analógico caiga sobre 1.287 municipios, 65.000 edificios (el 70% de los incluidos en esta fase) todavía no han adecuado las antenas colectivas, un proceso necesario (como también lo es contar con un descodificador o un televisor digital) para captar las nuevas señales. Al ritmo actual, la entidad Impulsa TDT, que promueve el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre, calcula que cada día se deberían adaptar entre 370 y 380 antenas colectivas.
Para más de cinco millones y medio de habitantes, la televisión convencional desaparecerá el próximo 30 de junio. Son los incluidos en la primera fase del Plan Nacional de Transición a la TDT. En la segunda (31 de diciembre de 2009) se verán afectados otros nueve millones, y en la tercera (3 de abril de 2010) será ya toda la población. Hasta ahora, más del 60% de los edificios se han adaptado a la TDT, pero en los municipios que apagarán el próximo junio el porcentaje es sólo del 30%. Para impulsar la cobertura de la primera fase, el Gobierno destinará 8,7 millones de euros dentro de un plan conjunto con las comunidades autónomas.
El día del apagón, la TDT llegará al 98% de la población en el caso de los canales públicos y al 96% en el de los privados. Frente a esta cobertura de mínimos fijada por el Gobierno, algunas comunidades se han marcado como objetivo llegar al 100% de su población. Éste es el caso de Cantabria, que apostó por llevar las nuevas señales a "todos los rincones habitados del territorio". Para cumplir este objetivo, firmó un contrato con la compañía de satélites SES Astra, que se encargaría de distribuir las señales a través del satélite, un sistema que permite una cobertura integral. Cantabria, sin embargo, ha cancelado el contrato. Astra prepara una demanda por la ruptura unilateral del acuerdo. "Se están estudiando acciones legales contra el Gobierno de Cantabria por cantidades relevantes que repercutirán en los ciudadanos cántabros", dice un portavoz de la compañía.
El satélite es la alternativa más rápida para extender la cobertura televisiva. Especialmente en zonas con dificultades orográficas, como es el caso de Cantabria, donde existen grupos de población que no pueden acceder -o lo hacen en condiciones muy deficientes- a las emisiones. Para solventar este problema, y de paso romper la "brecha digital", Cantabria convocó un concurso a principios de año al que se presentaron cuatro empresas (Abertis, Telecom Castilla-La Mancha, Telefónica y SES Astra). El concurso (de 4,5 millones de euros y 36 meses de explotación) se resolvió en marzo a favor de esta última, y el contrato se firmó cuatro meses después.
Todo estaba listo para fijar el lugar de ubicación de la torreta, coronada con una antena de varios metros, desde donde se lanzarían las señales al satélite para reenviarlas a los hogares. Pero poco antes de que este dispositivo se pusiera en marcha, la Sociedad Regional Cantabria I+D+i remitió una carta a Astra en la que daba por cancelado el contrato. El Ejecutivo autonómico argumenta que se trata de una decisión "sobrevenida" de la Administración central de alcanzar una cobertura del 100% de la televisión digital en todo el territorio. Y expresa su disposición a encontrar una solución para conciliar los intereses de ambas partes, teniendo en cuenta que su deber es "coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones del Estado". Astra sostiene que la ruptura del pacto es "producto de las presiones que conducen a un monopolio de facto en un sector tan estratégico como el de las comunicaciones audiovisuales terrestres y por satélite", y añade que la cancelación del acuerdo "retrasará la digitalización en Cantabria y afectará a miles de hogares en la comunidad".
En España, el apagón llegará dos años antes del límite marcado por la Comisión Europea (2012). Francia, por ejemplo, quiere completar el proceso en noviembre de 2011. Para entonces, la cobertura deberá llegar al 95% de la población, y en las zonas no cubiertas por la difusión terrestre se prevé un acceso gratuito a través de una oferta por satélite.