El subdirector general de Tributos, Carlos Cervantes explicó en el seminario sobre fiscalidad de la UIMP que Nueva Ley General Tributaria facilitará obligaciones ciudadano.

La nueva Ley General Tributaria intentará facilitar las obligaciones de los contribuyentes con la Administración Tributaria, con medidas que podrían incluir un posible escalonamiento del pago de las deudas de los ciudadanos, anunció hoy el subdirector general de Tributos, Carlos Cervantes. Pese a que aún no hay plazo fijado para la aprobación de esa ley, que está "aún en ciernes" y en fase de estudio, su objetivo será el de "mejorar los deberes y garantías de los contribuyentes", explicó Cervantes en Santander durante un seminario sobre fiscalidad que se celebra esta semana en la Universidad M...

La nueva Ley General Tributaria intentará facilitar las obligaciones de los contribuyentes con la Administración Tributaria, con medidas que podrían incluir un posible escalonamiento del pago de las deudas de los ciudadanos, anunció hoy el subdirector general de Tributos, Carlos Cervantes. Pese a que aún no hay plazo fijado para la aprobación de esa ley, que está "aún en ciernes" y en fase de estudio, su objetivo será el de "mejorar los deberes y garantías de los contribuyentes", explicó Cervantes en Santander durante un seminario sobre fiscalidad que se celebra esta semana en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP). Entre los distintos problemas que se intentan resolver con esa futura norma, dijo Cervantes, figura el de reducir la "conflictividad tributaria, que es muy alta", dijo, con la posible incorporación de mecanismos que faciliten, entre otros, la resolución de conflictos. Aunque por el momento no existe ni siquiera borrador sobre esta futura ley, que el Gobierno ha dicho que quiere aprobar durante esta legislatura, los expertos del Ministerio de Hacienda, dijo, se plantean distintas medidas para facilitar las obligaciones del contribuyente. Además del citado escalonamiento en el pago de deudas, con el que se pretende favorecer a quien pague antes y de forma voluntaria respecto al que se demore en el tiempo, se estudia asimismo endurecer las sanciones de aquellos contribuyentes que ejercen "resistencia u obstruyen los procedimientos de la actividad inspectora". Se analiza además la posibilidad de desdoblar los dos tipos de sanciones que existen actualmente en otra más, de modo que en lugar de hablar de sanciones simples y graves, se pasaría a tipificar las sanciones en tres: leves, graves y muy graves. En este último apartado de sanciones muy graves se incluirían por ejemplo, casos de comportamientos "muy concretos con medios fraudulentos", precisó. Otra de las ideas que baraja la Administración Tributaria es la de no cobrar a los contribuyentes intereses de demora en los casos en los que se excedan del plazo los procedimientos judiciales, y fomentar aún más el uso de Internet por parte del ciudadano para acceder más rápido a los servicios de la Agencia Tributaria. Cervantes cree además que no se debería sancionar a los contribuyentes por errores tributarios que hayan podido cometer derivados de problemas informáticos de la misma Administración. En el seminario de hoy intervinieron también el secretario General de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, y el subdirector general de las Haciendas Territoriales, Jaime Parrondo, quienes insistieron en la importancia de avanzar en las políticas de descentralización para dar mayores competencias a los ayuntamientos. El acto fue seguido de una mesa redonda donde participó además el director del departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria, José Luis Martínez, quien recalcó el compromiso de modernización de la Agencia Triburaria y su esfuerzo de coordinación con las corporaciones locales. Martínez avanzó que la Agencia Tributaria trabaja en la elaboración de una especie de "certificado de contribución de renta" que, servirá, dijo, como resumen de pago de lo que el contribuyente abona exactamente al Estado, por un lado, y a las comunidades autónomas, por otro.