El fiscal desmonta el caso de la 'amistía fiscal' del PSOE
La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al juez Baltasar Garzón que archive la investigación abierta por la supuesta amnistía fiscal encubierta con la que, según el Gobierno y el Partido Popular, los socialistas beneficiaron a sus "amigos" durante su etapa en el poder. El fiscal Carlos Jiménez Villarejo señala en su escrito que no existen indicios de delito alguno, que no hay prueba de que hubiera un trato de favor de unos contribuyentes frente a otros y que el retraso en la tramitación de los expedientes no puede calificarse de prevaricación.
Pese a la petición de carpetazo al asunto hec...
La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al juez Baltasar Garzón que archive la investigación abierta por la supuesta amnistía fiscal encubierta con la que, según el Gobierno y el Partido Popular, los socialistas beneficiaron a sus "amigos" durante su etapa en el poder. El fiscal Carlos Jiménez Villarejo señala en su escrito que no existen indicios de delito alguno, que no hay prueba de que hubiera un trato de favor de unos contribuyentes frente a otros y que el retraso en la tramitación de los expedientes no puede calificarse de prevaricación.
Pese a la petición de carpetazo al asunto hecha por la Fiscalía Anticorrupción y a que las acusaciones del PP contra el PSOE tampoco fueron demostradas en la comisión parlamentaria que se creó en su día para ello, el vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, insistió anoche en que las actas por valor de 200.000 millones de pesetas prescribieron por "negligencia política" achacable a los responsables del Gobierno anterior.La supuesta amnistía desencadenó desde enero pasado una fuerte ofensiva contra el PSOE de los principales responsables del Gobierno y del PP, encabezada por el propio jefe del Ejecutivo, José María Aznar.
Garzón ya decidió hace más de un mes archivar la causa separada que se seguía por la tramitación de determinados expedientes en Valencia. En la Audiencia Nacional se considera ahora inminente la adopción de idéntica medida en la causa general.
Según el escrito de la fiscalía, el retraso en la tramitación de unos 600 expedientes con el resultado de una deuda no ingresada en Hacienda de unos 200.000 millones no obedece a "comportamiento delictivo alguno" por parte de los responsables de Hacienda durante el Gobierno socialista. "La Administración", añade, "venía operando con un criterio jurídico avalado por diversas resoluciones" de varios tribunales.
Página 17
Editorial en la página 12