El inhabilitado e investigado Pedro Rocha sabrá este miércoles si puede presentarse a las elecciones de la RFEF

Tres jueces de la Audiencia Nacional deciden si le conceden la medida cautelar que paralizaría la suspensión del extremeño

Pedro Rocha, el día de su proclamación como presidente dela Real Federación Española de Fútbol, después sería inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte.ZIPI (EFE)

El inhabilitado Pedro Rocha sabrá este miércoles si puede presentar candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tres jueces de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional deciden si conceden la medida cautelar solicitada por el dirigente extremeño con el fin de paralizar la inhabilitación de dos años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por excederse en sus funciones cuando presidía la comisión g...

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El inhabilitado Pedro Rocha sabrá este miércoles si puede presentar candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tres jueces de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional deciden si conceden la medida cautelar solicitada por el dirigente extremeño con el fin de paralizar la inhabilitación de dos años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por excederse en sus funciones cuando presidía la comisión gestora que reemplazó a Luis Rubiales, su antecesor en el cargo. Este es el último recurso de Rocha, después de que un juez de lo Contencioso Administrativo ya le haya denegado por dos veces las medidas cautelares. Si el auto le es favorable, Rocha será el próximo presidente de la RFEF porque hay un pacto entre la mayoría de los presidentes de las territoriales para apoyarle. En ese escenario, Rocha sería virtual presidente el 5 de diciembre, el último día para depositar los 21 avales necesarios para presentar una candidatura. Rocha no tendría rival.

Los barones se han comprometido con Rocha pese a que su presidencia podría verse interrumpida cuando el juez resuelva el fondo del asunto. Si el magistrado ratifica la sanción del TAD y Rocha tuviera que abandonar de nuevo la presidencia de la RFEF, el fútbol español viviría otro bochorno en un contexto en el que España es, junto a Portugal y Marruecos, coorganizadora del Mundial 2030. Rocha cometió una infracción administrativa difícil de eludir porque responde a un hecho objetivo. Vulneró la normativa administrativa al despedir por su cuenta al secretario general Andreu Camps sin contar con el resto de miembros de la comisión gestora. Los abogados de Rocha defienden que su cliente abordó el despido de Camps auspiciado por Víctor Francos, por entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). Rocha pudo haberse negado ante Francos a cometer la ilegalidad, pero prefirió mantenerse en la presidencia de la RFEF. Los letrados de Rocha también alegan que Camps llegó a un acuerdo y no impugnó el despido. El acuerdo económico fue tan jugoso para el exsecretario general que este prefirió aceptar el despido.

Rocha, además, está imputado en la Operación Brodie al presidir la comisión económica de la RFEF cuando se firmaron adendas a los contratos para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí y para la remodelación del estadio de La Cartuja con la compañía Gruconsa, en la que trabajaba un hermano del director de los servicios jurídicos de la RFEF. Rocha fue llamado a declarar como testigo por la juez Delia Rodrigo y en solo media hora de declaración y tras haber mentido la magistrada cambió su condición a la de investigado.

Si los tres magistrados de la Audiencia Nacional no conceden a Rocha la medida cautelar, se prevé una guerra entre los barones. Estos se han citado para la tarde de este miércoles en Madrid con el objetivo de elegir un candidato de consenso que pueda ser proclamado presidente el 16 de diciembre. El gallego Rafael Louzán ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, pero en su contra juega que está condenado a siete años de inhabilitación para ocupar cargo público por prevaricar cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra. Ahora mismo no podría ocupar ningún cargo en la FIFA o la UEFA si fuese elegido presidente federativo.

Los barones que apoyan a Louzán defienden que el delito no fue cometido en el ámbito del deporte, aunque la condena se produjera por conceder a una empresa una subvención de 86.311 euros para unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que en su mayor parte ya estaban ejecutadas. Los opositores a Louzán defienden que su elección mancharía de nuevo el nombre de la federación. Otro de los candidatos entre los barones es el valenciano Salvador Gomar, que busca alianzas de última hora. El secretario general Álvaro de Miguel podría ser una solución si no hay acuerdo entre los barones. Fuera del sistema solo ha oficializado su candidatura el empresario Juan Manuel Morales, que el martes ha enviado una carta a los barones invitándoles a respaldar un programa trabajado con más de 200 propuestas.

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