El TAD incoa expediente a Rocha y se paraliza su proclamación como presidente de la federación de fútbol
La impugnación impulsada por Miguel Galán deja en el aire el nombramiento del mandatario, investigado en la Operación Brodie. Además, el Tribunal expedienta por falta muy grave al mandatario y toda su comisión gestora
El último capítulo en el culebrón con sede en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas deja a la Federación Española de Fútbol (RFEF) compuesta y sin novio. El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) ha incoado un expediente sancionador a Rocha y a toda la comisión gestora por infracción muy grave. El origen es una denuncia de Miguel Galán, presidente de la escuela de entrenadores Cenafe, que le acusa de haberse extralimitado en sus funciones como presidente “interino” y de retrasar la convocatoria electoral. La resolución del TAD al respecto ha sido remitida este lunes al Consejo Superior de Deportes...
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El último capítulo en el culebrón con sede en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas deja a la Federación Española de Fútbol (RFEF) compuesta y sin novio. El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) ha incoado un expediente sancionador a Rocha y a toda la comisión gestora por infracción muy grave. El origen es una denuncia de Miguel Galán, presidente de la escuela de entrenadores Cenafe, que le acusa de haberse extralimitado en sus funciones como presidente “interino” y de retrasar la convocatoria electoral. La resolución del TAD al respecto ha sido remitida este lunes al Consejo Superior de Deportes (CSD), que está analizando las 39 páginas de las que consta el escrito “para definir los siguientes pasos”, según informaron fuentes del Consejo a este diario. Mientras se estudia la posible inhabilitación de Rocha y el resto de miembros de la federación que integraban el núcleo duro de la misma tras sobrevivir a la crisis de Rubiales y al efecto último de la Operación Brodie, la RFEF sigue sin rumbo y sin una cabeza visible ni nadie capaz de firmar un solo contrato para avanzar en el día a día.
El TAD añade picante e incertidumbre a la situación. Pero hay más caminos para cercar a Rocha y su gente de confianza. La comisión electoral ha admitido la impugnación del reciente proceso electoral, de acuerdo con otra solicitud de Miguel Galán, el hombre que se ha propuesto cambiar el rumbo en el seno del órgano que rige el fútbol español. Y descabezarlo. Así, Pedro Rocha, investigado desde el pasado viernes en la conocida como Operación Brodie, todavía no puede ser proclamado presidente. El movimiento de Galán, que impugna las elecciones por considerar que los avales presentados por Rocha no son válidos, bien por “estar caducados”, bien por “haber sido obtenidos en un presunto fraude electoral”, pone freno al proceso y abre un nuevo plazo: el 26 de abril, la fecha tope señalada en el calendario electoral y para cuando debería haberse resuelto la causa. Para entonces habrá que ver si Rocha llega a ser nombrado, acechado como está por la justicia y por la vía administrativa.
Durante el proceso electoral abierto recientemente Rocha no tuvo oposición. Ningún otro aspirante a la presidencia de la Federación logró reunir los avales suficientes (21) como para presentar oficialmente su candidatura a los comicios que permitirán cubrir el actual ciclo olímpico. Y Rocha, con una exhibición de apoyo masivo del mundo del fútbol (presentó 107 avales), se autoproclamó vencedor y presidente hasta el próximo mes de octubre o noviembre, cuando debería convocar de nuevo elecciones. La proclamación oficial de Rocha, sin embargo, no se ha producido este lunes, como estaba previsto. Galán ya había advertido de que impugnaría el proceso al considerar que antes deberían haberse renovado una cuarentena de asambleístas (en total deben ser 140) que habían perdido su condición al causar baja o haber perdido la ficha federativa, casos por ejemplo de Luis Enrique o Jorge Vilda, ex seleccionadores que ahora trabajan fuera de España. Así lo ha hecho. Y el resultado de las elecciones sigue en el aire. Como el futuro de la propia federación, vigilada en la distancia por el CSD y la FIFA.
El CSD estudia ahora el contenido del informe del TAD antes de convocar, con un margen de 48 horas, a la comisión directiva, la que, en cualquier caso, debería solicitar la suspensión de la junta gestora de la RFEF. Además, el presidente del Consejo, José Manuel Rodríguez Uribes, comparece este martes en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados, donde explicará cómo procederá el Consejo y cuáles serán las medidas que tomará con la Federación y que ha ido consensuando estas semanas con la FIFA, órgano del que depende directamente la institución española.
Rocha, por su parte, asume ahora que solo le queda “esperar a las decisiones del TAD y responder a todas las cuestiones que se le planteen en el expediente que le ha incoado junto a toda la gestora”, señalan fuentes cercanas al mandatario extremeño. El aspirante a la presidencia de la federación, en su día delfín de Rubiales, no se plantea dimitir. “Su idea es seguir adelante, ya que siente que se está cometiendo una terrible injusticia y que sigue teniendo el apoyo del fútbol español”, insisten. Esos apoyos, que se hicieron patentes en los 107 avales que presentó para fortalecer su candidatura, empiezan resquebrajarse. Al menos 11 presidentes de las federaciones territoriales se reúnen esta noche para evidenciar su posición contraria al virtual presidente federativo y pedirle que dé un paso al lado.
Javier Tebas recurre la imputación de Rocha
Por otro lado, el presidente de La Liga, Javier Tebas, sigue mostrando su apoyo a Rocha, a quien defiende en todos los foros, especialmente después de que la RFEF retirara la demanda contra el acuerdo con CVC. Tebas ha recurrido la imputación del presidente virtual de la federación a cargo de la jueza Delia Rodríguez, la misma que impulsó la investigación de la llamada Operación Brodie, que señala la existencia de una supuesta trama de corrupción en la RFEF, acusada de administración desleal y otros delitos. Tebas argumenta en su escrito que el juzgado acordó “la mutación de la situación procesal de un testigo a la condición de investigado” y que lo hizo durante la celebración de su interrogatorio “sin que haya una resolución que motive y fundamente ese cambio de situación, vulnerando su derecho de defensa”.
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