El retorno del neoliberalismo: ideología y proyecto económico

La llegada al poder del presidente José Antonio Kast, en marzo de 2026, ha tenido importantes consecuencias sobre el modo en el que tiene lugar el debate económico, y sobre la forma de gobernar la economía. Qué duda cabe: estamos en presencia del proyecto económico más regresivo desde el retorno a la democracia desde 1990, retornando a esa gran ortodoxia con la que tuvieron que lidiar los primeros gobiernos democráticos.

Es importante precisar los términos del problema con el fin de no quedar atados a la caricatura y a un lenguaje cuyas categorías han sido demasiado manoseadas: neoliberalismo, modelo, regresividad y tantas otras cosas por el estilo.

El punto de partida del actual momento económico chileno ha consistido en la exitosa instalación, por parte del Gobierno, del diagnóstico referido a una importante deuda pública y a severos problemas de viabilidad presupuestaria que fueron heredados por el nuevo oficialismo. La deuda pública existe y es importante: si bien su crecimiento se desaceleró, Chile terminó más endeudado en 2026 que cuando el presidente Gabriel Boric asumió el mando de la nación en 2022. Las cifras no mienten: a marzo de 2022, la deuda bruta equivalía al 35,8% del PIB, mientras que al cierre del año 2024 ascendía al 42,3% del PIB, proyectándose al 42,1% para el 2025. Las explicaciones se han multiplicado de lado y lado: para la derecha, es el efecto irresponsable de la disminución de la jornada laboral, ineficiencia del gasto, una proclividad de la izquierda a gastar sin mucho control y a su incapacidad de generar crecimiento, mientras que para la izquierda la deuda se explica por fallas reiteradas en la proyección de la recaudación tributaria, en un persistente dilema en materia de productividad, en la enorme concentración de los ingresos y la desigualdad que esta genera (la que necesita ser corregida mediante transferencias desde el Estado), y un largo etcétera. En la realidad de las cosas económicas, es probable que todas estas razones participen de la explicación: el problema consiste entonces en ponderarlas, lo que no se resuelve técnicamente (aunque el razonamiento económico importa), sino políticamente.

Pero lo esencial de la controversia no está allí: el verdadero foco lo entrega la racionalidad económica e ideológica del plan gubernamental de recortes presupuestarios, en el marco de una megarreforma miscelánea en la que se encuentran contempladas todo tipo de materias. El ajuste presupuestario se veía venir: el propio José Antonio Kast lo anunció durante la campaña presidencial, comprometiendo una reducción gradual del gasto público de 6.000 millones de dólares, sin nunca explicar en qué consistirían esos recortes. Pues bien, poco a poco los comenzamos a conocer, a partir de una comunicación gubernamental plagada de fallas que han llegado a molestar incluso a algunos partidos del oficialismo, especialmente a Renovación Nacional, y a ofuscar a todas las izquierdas (las que, en cualquier caso, se encuentran en clara minoría en las dos cámaras del Congreso). El plan del Gobierno contiene una verdadera reforma tributaria encubierta: desde la reducción de la tasa corporativa al 23% (sin compensaciones) para alinearse con el promedio OCDE hasta la eliminación de permisos que venían frenando la inversión, lo que podría generar un déficit permanente del orden del 0,6% del PIB de no mediar la satisfacción de la expectativa de crecimiento, lo que descansa enteramente en el comportamiento de los inversores (en donde los más grandes se ven favorecidos por una muy discutible propuesta de invariabilidad tributaria durante un cuarto de siglo). Es la famosa teoría del “chorreo” que predominó en la década del 80, cuyo corazón descansa no en la evidencia comparada de su éxito (inexistente), sino en una dimensión más subjetiva: que los inversionistas perciban rápidamente que los cambios son fiscalmente sostenibles y, sobre todo, que no serán fáciles de modificar en el futuro (de allí la importancia de que la idea de legislar sea aprobada por una mayoría holgada de diputados).

Sin embargo, es en materia de recortes presupuestarios en políticas y programas concretos en donde se delata la dimensión genuinamente neoliberal del proyecto económico del Gobierno. En oficios (suponemos que son documentos oficiales) y anexos técnicos que se filtraron, se sugerían recortes considerables y hasta discontinuidades de programas sociales completos, lo que desató una andanada de críticas que el Gobierno aun no logra contener. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz tuvo que salir a explicar el significado semántico de la palabra descontinuidad (una palabra que no existe en español, no así la palabra discontinuidad que habla por sí sola), la que él asoció a la idea de “reforma”, lo que introducía una dimensión absurda en el debate político. Sea lo que fuere, la sola mención de la idea de ajustes y recortes en programas sociales, desde los almuerzos de escolares en establecimientos públicos hasta la muy valorada Pensión Garantizada Universal (PGU), ponía en entredicho la idea misma de “derecho social”, con la que la centroderecha se había familiarizado tras los gobiernos de la Concertación (y hasta convencido durante las dos presidencias de Sebastián Piñera). Es en este sentido que los recortes y la megarreforma del Gobierno contienen una dimensión evidentemente regresiva, la que carece de precedentes desde 1990.

Es importante tomar nota de lo que la sola sugerencia de recortes en materia de goce de derechos sociales implica. Es en esta dimensión en donde se aprecia con meridiana claridad un imaginario económico de derechas y neoliberal: las personas son llamadas a encontrar soluciones para sus propios problemas e intereses haciendo uso de sus libertades personales y no de derechos colectivos y universales. Dado que en el centro de este imaginario neoliberal se encuentran presentes las libertades de los individuos que, por muy pobres que sean, siguen siendo agentes económicos (dotados de racionalidad y comportamiento estratégico), son estas libertades las que necesitan ser ampliadas, mientras el Estado reduce su presencia y, junto a él, los derechos sociales. La idea (distorsionada) de derechos sociales es idealmente pertinente ante personas demostradamente incapaces de satisfacer sus necesidades, lo que deja de ser un derecho: es aquí en donde interviene la racionalidad de los estándares, lo que en este caso se asemeja mucho a mínimos vitales (cómo garantizar la continuidad de la vida biológica misma) y no a mínimos en dignidad (de clase media en el pensamiento socialdemócrata de Esping-Andersen, quien influyó duraderamente en los gobiernos de centroizquierda entre 1990 y 2014, así como en el gobierno del presidente Boric). Esto es lo que se conoce como neoliberalismo, un término que en la política chilena funciona como mote y estigma, que la derecha aborrece y que, sin embargo, tiene a su favor una enorme literatura económica y de ciencias sociales que razona con ese término. Esta es la razón de por qué el libro El otro modelo fue relevante en Chile hace poco más de una década, y por qué el neoliberalismo que permitió su redacción sigue siendo un concepto pertinente.

Este es el meollo de la controversia política chilena por estos días: es la idea de Estado mínimo y de un proyecto neoliberal en forma, con todas sus letras. ¿Cómo no entender, entonces, la rápida polarización del debate político y legislativo, inevitablemente reorganizado en torno a la polaridad entre trabajo versus capital, con todas las caricaturas que la lucha ideológica implica? Cada reforma que se adopte y que desmedre el goce de un derecho social será un triunfo de derechas, a secas, mientras que cada paso atrás será una victoria de contención de izquierdas, pero victoria al fin.

Si la megarreforma del Gobierno es aprobada en general, como todo indica que así será, entonces en cada debate por cada medida de reforma propuesta estará algo muy importante en juego. En cada una de estas batallas se jugará el alcance y la profundidad de un proyecto económico que es neoliberal, y que es neoliberal porque afecta la organización de las cosas económicas y de los derechos asociados, en una forma de capitalismo que no tiene mucho que ver con el modelo que se heredó en 1990, y que bien podría retrotraerse a su espíritu ochentero.