Prueba de fuego

A propósito de la comparecencia de la expresidenta Michelle Bachelet en los diálogos interactivos en Nueva York, ha vuelto a aflorar en la agenda pública la decisión inédita del Gobierno de retirar su candidatura, produciéndose una curiosa figura, que la lleva a continuar en carrera con la fuerza de dos de los países más grandes de la región, pero sin el apoyo del propio. Los argumentos dados al principio: alta dispersión (hay apenas cuatro candidatos) e inviabilidad por “diferencias con algunos de los actores relevantes que definen el proceso”, no han logrado sostenerse en el tiempo y denotan, más bien, desconocimiento del sistema de elección o motivaciones más bien inconfesables y que son, como diría una exministra y exparlamentaria vinculada al actual oficialismo, una “prueba de fuego para la seriedad internacional de Chile”.

En efecto, la encuesta Plaza Pública Cadem de esta semana muestra no solo que una mayoría de encuestados apoya la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU (50% versus 39%, que la rechaza), sino que un abrumador 71% considera que la principal razón fueron las diferencias políticas con la expresidenta. Y está bien, los gobiernos tienen posiciones ideológicas, dogmáticas y énfasis que están en su derecho a defender, es un principio básico de la democracia y prerrogativa de quien gana las elecciones, pero un deber también de la oposición hacer de contrapunto y de las instituciones de control fiscalizar para garantizar el bien común. No obstante, esto, llevado al plano de la política exterior, tiene, al menos, algunos problemas.

Primero la continuidad de una mirada de Estado respecto a la política exterior. Parece un lugar común, pero esto significa en la práctica que los principios o pilares de nuestra manera de estar en el mundo (con el paréntesis que significó la dictadura) son también la base de lo que somos y de nuestra identidad. Nuestro país ha construido su política exterior en base a la defensa de principios como el respeto al derecho internacional, la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos y también su activa vocación multilateral.

En efecto, en nuestra historia esto nos ha valido un rol muy destacado. Como el del diplomático chileno Hernán Santa Cruz, que fue uno de los ocho redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 o que nuestro país haya asumido un rol protagónico en 2021, bajo el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, reconocido internacionalmente por empujar el Tratado sobre Pandemias, cuya discusión continuó activamente a cargo de las delegaciones diplomáticas chilenas y cuya negociación finalizó exitosamente en abril de 2025. Esta vocación también ha significado que, más allá de las diferencias políticas, la presencia de chilenos en organismos internacionales se ha transformado también en una cuestión de Estado, como fue la reelección de José Miguel Insulza en la OEA, con apoyo del Gobierno de Sebastián Piñera o la de Andrés Allamand en la SEGIB, esta última, además, ocurrida apenas en septiembre pasado bajo en Gobierno del presidente Gabriel Boric. De este modo, cuando por primera vez en nuestra historia tenemos la posibilidad de que la que fuera la primera y dos veces presidenta de la República sea también la primera mujer en encabezar el organismo multilateral más importante del mundo ¿tiene sentido romper lo que ha sido una tradición de nuestra política exterior? Peor aún: ¿es razonable que esto ocurra por cuestiones políticas? Probablemente la historia juzgará no solo frente a los resultados, sino que frente a la posibilidad de que esto solo sea la punta del iceberg de cambios más profundos y de una agenda de política exterior más ideologizada.

También la mirada de Estado y la continuidad de estos principios nos ha llevado a defender ciertas posiciones con fuerza, aun cuando las presiones o el temor a represalias haya sido parte de la ecuación a la hora de tomar decisiones. Así ocurrió, por ejemplo, cuando fuimos parte del Consejo de Seguridad durante el Gobierno del presidente Ricardo Lagos, con la negativa de apoyar la invasión a Irak que promovía Estados Unidos. Chile se opuso de manera clara y categórica (discutíamos en ese minuto el TLC que se terminó aprobando igualmente con posterioridad). La historia se cuenta sola, ganamos un prestigio y dignidad internacional que le valió también al presidente Lagos la admiración mundial y a nuestro país una ventana de visibilidad.

En segundo lugar, la imagen internacional de Chile se ve sin duda afectada por esta situación. En los últimos años Chile no solo ha avanzado en su “marca país”, siendo relevantes en este aumento temas como la gobernanza, la cultura y las exportaciones (según el Nation Brands Index de 2025), sino que también se considera como uno de los países con mayor prosperidad (junto con Costa Rica) en la región (de acuerdo al IMD Latin America and Caribbean Prosperity Rating 2026) destacando, entre otros, su gobernanza, el desarrollo social y el dinamismo empresarial. Todos ellos, por cierto, indicadores que se construyen con políticas sostenidas en el tiempo y con una imagen que se basa no sólo desde el orgullo, sino que un entorno que es propicio también para las inversiones y para nuestra inserción económica internacional.

La coherencia y proyección de los valores de la política exterior, la sostenibilidad y madurez de nuestro entorno institucional y, sobre todo, la capacidad de diálogo para conseguir grandes acuerdos, han sido la base en la construcción de los años más exitosos de nuestro país, incluso considerando nuestras enormes diferencias. Perder eso es también dinamitar la forma en que, como país, nos proyectamos en el mundo.