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Campañas electorales y esa jaula mal llamada “agenda valórica”

El aborto bajo plazos no es un simple debate de nicho, es una discusión de seguridad, de salud, de justicia y de recursos públicos. Hablamos de la vida cotidiana de mujeres, niñas y familias

Mientras Chile entra en la recta final de la campaña presidencial y parlamentaria, un debate largamente postergado vuelve al Congreso: el martes 30 de septiembre la Comisión de Salud inició la tramitación del proyecto de aborto bajo plazos, que permitiría a las mujeres interrumpir su embarazo hasta la semana 14. Regresa la conversación pública que Chile necesita tener, aunque las candidaturas han intentado mantenerla escondida bajo la etiqueta engañosa de “agenda valórica”: un rótulo que pretende relegar a lo opinable, irrelevante o accesorio aquello que en realidad son asuntos públicos urgentes.

Con esa lógica, José Antonio Kast declaró en julio que su eventual gobierno sería “de emergencia” y que toda su energía estaría puesta en los problemas reales de las personas como seguridad y crecimiento, para luego, en algún momento, abrirse a otros temas. Jeannette Jara, por su parte, presentó en agosto un programa sin mención a aborto ni eutanasia, producto de diferencias con la Democracia Cristiana, parte de su coalición. Y en el debate televisado donde, por primera vez, se reunieron todas las candidaturas, la palabra aborto no fue pronunciada en más de tres horas de transmisión.

Sin embargo, con el inicio de la discusión en el Congreso, el tema volvió a aparecer en encuestas y, en la versión final de su programa de gobierno, Jara incluyó un respaldo al avance de este proyecto. “Daremos continuidad a la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, promoviendo un diálogo respetuoso y pluralista que permita avanzar en igualdad y derechos para todas las mujeres del país”, se establece en el documento. Reconoció previamente las diferencias dentro de su coalición, particularmente con la Democracia Cristiana, y aseguró que respetará esas posturas aunque no se restarán de la conversación.

Esa mención, sin embargo, no resuelve el problema de fondo: la falta de definición política. Reconocer la necesidad de un debate democrático es un avance, pero no equivale a una postura clara sobre el fondo del asunto. Cuando las candidaturas eligen no pronunciarse con claridad, dejan abierta la puerta a retrocesos en derechos ya conquistados. Y esto, no es una advertencia abstracta. En la campaña pasada, Kast propuso derechamente derogar las tres causales, y aunque hoy guarde silencio sobre el tema, esa omisión mantiene viva la incertidumbre sobre el rumbo que podría tomar la política en esta materia.

En todo caso, la pregunta esencial no es por qué se evita hablarlo, sino por qué seguimos tratándolo como un asunto postergable, encerrado en una jaula que lo despoja de urgencia. El aborto bajo plazos no puede seguir siendo relegado a lo “valórico” ni a lo accesorio; es un tema urgente de salud pública, justicia y derechos fundamentales que requiere definiciones claras ahora, no en un futuro incierto.

Decir que el aborto “no es prioridad” porque no aparece en las encuestas como principal preocupación ciudadana equivale a estar completamente desvinculado de la realidad de las mujeres y niñas que hoy no pueden acceder a una interrupción del embarazo en situaciones tremendamente complejas y adversas no cubiertas por las tres causales vigentes. Hoy en Chile solo es legal abortar cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo es inviable, o cuando es producto de una violación. Estas excepciones, sin embargo, dejan fuera a quienes enfrentan problemas graves de salud que no alcanzan a ser un riesgo vital inmediato, a quienes siendo víctimas de una violación igualmente no logran acceder dado los estrechos plazos para ello o a quienes simplemente no tienen cómo sostener un embarazo sin poner en jaque su futuro. Ignorar esa realidad es también ignorar a quienes, habiendo accedido de alguna manera apartada a la ley, cargan con las consecuencias de un sistema que les criminaliza y persigue.

Hablar de despenalización es, en efecto, hablar de seguridad pública. Hoy el Estado destina recursos significativos a perseguir a mujeres y niñas: fiscales, policías, pericias, audiencias. En un sistema penal sobrecargado donde cada causa de aborto investigada significa otra causa que queda postergada o desatendida. ¿Es este un gasto de recursos que la sociedad chilena realmente está dispuesta a sostener?

Negar la discusión no detiene las cifras de aborto ni las problemáticas asociadas a ello sino solo las empuja al cuarto oscuro de la clandestinidad y del mercado negro, con los riesgos que ello implica para la salud y la vida de quienes acuden a esos espacios por necesidad urgente. Basta pensar en un embarazo que compromete gravemente la salud de una mujer, aunque no alcance a ser riesgo vital. La ley actual la obliga a parir, incluso cuando su pronóstico futuro se ve amenazado. Un ejemplo de esto puede ser un cáncer que —como ilustra esta campaña— no represente un peligro inmediato para la madre, pero sí constituya un riesgo para su vida posterior al verse obligada a esperar al parto para iniciar un tratamiento de quimioterapia que ya no será igual de oportuno.

Como abogada, he visto llegar a mi oficina casos en los que, cuando las mujeres se ven obligadas a recurrir a abortos fuera del sistema de salud, el Estado prioriza criminalizarlas en lugar de protegerlas, aun cuando actúan por urgencia y necesidad médica. Todo esto ocurre al margen de lo planeado o esperado que pueda haber sido el embarazo en cuestión. Y en ese instante ya no hablamos de moral ni de valores, sino de salud pública y de derechos fundamentales. Legalizar el aborto bajo plazos no solo terminaría con la clandestinidad y el mercado negro, sino que también permitiría al Estado contar con la información necesaria para controlar y regular un procedimiento que hoy ya se da en la sombra.

El aborto bajo plazos no es un simple debate de nicho, es una discusión de seguridad, de salud, de justicia y de recursos públicos. Hablamos de la vida cotidiana de mujeres, niñas y familias. Y en ese terreno, no puede seguir siendo tratado como un tema de futuro: es una urgencia del presente.

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