Patricio Cooper, el incómodo fiscal que investiga las causas penales que involucran a la izquierda chilena

Cada tanto, en Chile hay un fiscal que se convierte en protagonista por las causas que investiga. Desde 2024, por ejemplo, lo son Lorena Parra con la trama del caso audios, uno de los mayores escándalos de corrupción del sistema judicial, y Xavier Armendáriz por su indagatoria en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual a una subalterna. Y este año lo es Patricio Cooper, quien ha acaparado la atención y provocado grandes dolores de la cabeza en especial a la izquierda, pues tiene en sus manos dos de los casos de mayor connotación pública que por estos días marcan la agenda nacional. Uno, es la fallida adquisición del gobierno de la casa de Salvador Allende, proceso en que testificará el presidente Gabriel Boric. Otro, la venta, también frustrada, de la Clínica Sierra Bella, donde se pesquisa si hubo sobreprecio, y que involucra a la exalcaldesa comunista de Santiago Irací Hassler y su nueva arista por presunto tráfico de influencias en contra de su compañera de partido, la diputada Karol Cariola. Al listado de Cooper su suma la causa de la Fundación Procultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, y por la que tomó declaración como imputada, en noviembre, a Irina Karamanos, la expareja del mandatario.

Patricio Cooper se sumó al Ministerio Público cuando la institución recién comenzaba a operar en Chile, pues ingresó en el 2000, cinco años antes de que empezara regir la reforma procesal penal, que cambió el anterior sistema inquisitorio por uno oral. En su carrera, el abogado, quien se especializó en delitos sexuales y violentos, ha pasado por varias jurisdicciones: comenzó en Loncoche, en La Araucanía; y luego estuvo en Viña del Mar. Su mayor experiencia estuvo en la zona metropolitana centro norte, en la capital chilena. Allí en 2021 indagó el caso del exconvencional de la Lista del Pueblo, de la extrema izquierda, Rodrigo Rojas Vade, quien engañó al país al inventar que tenía cáncer y fue condenado un año después por estafa.

En febrero de 2024, Cooper fue nombrado por el fiscal nacional Ángel Valencia, tras quedar seleccionado en una terna de la Corte de Apelaciones, para liderar la región de Coquimbo, ubicada a unos 400 kilómetros de Santiago. En adelante, ha tenido un papel cada vez más protagónico: en enero fue encargado para investigar la fallida venta de la casa de Allende en la calle Guardia Vieja, que el Gobierno de Boric quería convertir en un museo. Sin embargo, la adquisición se frustró cuando estaba a punto de concretarse, pues dos de sus cuatro copropietarios son funcionarias públicas: la hija y la nieta del mandatario, la senadora Isabel Allende y Maya Fernández, quien renunció al ministerio de Defensa en medio de la indagatoria. Ambas, del Partido Socialista, han sido llamadas a declarar ante Cooper, y su próximo interrogatorio, como ‘invitado’ por su alto rango, será a Boric. Lo hará en calidad de imputado, pues el presidente tiene una querella en su contra que interpuso la Fundación Fuerza Ciudadana, encabezada por el abogado Raimundo Palamara, quien fue candidato a constituyente por el Partido Republicano.

Diputados oficialistas buscan su destitución

A poco más de un año de su gestión como fiscal regional de Coquimbo, un grupo transversal de diputados del oficialismo, liderados por el Partido Comunista (PC), ha anunciado este martes que pedirá la destitución de Cooper a la Corte Suprema, argumentando filtraciones en la causa de Sierra Bella y su arista en contra de Cariola.

Chats telefónicos, contenidos en un informe policial reservado del caso Sierra Bella, fueron divulgados la noche del viernes 14 por el diario La Tercera. Fue de esos diálogos, extraídos del teléfono incautado a Hassler, que previamente el fiscal abrió una arista en la causa en contra de Cariola por presunto tráfico de influencias. Esto, luego que, en los mensajes, por un lado, se revela que la parlamentaria, dice el informe policial, ejerció “influencia en la elección” del recinto de salud. Pero también se halló una petición, de enero de 2022, en que la diputada comunista le pide ayuda a Hassler para que Bo Yang, un amigo y empresario chino conocido en Chile como Emilio Yang, propietario de un mall, obtuviera una patente de alcoholes pues no había alcanzado a renovarla. El Concejo municipal de Santiago, sin embargo, rechazó la renovación.

Los chats entre Hassler y Cariola, de finales de 2022, dos de las figuras más prominentes de la nueva generación del PC chileno junto a la portavoz de Boric, Camila Vallejo, también revelaron que la exacaldesa y la diputada estaban decepcionadas con la Administración actual, y le formularon fuertes críticas. Cariola emitió un duro juicio sobre el mandatario del Frente Amplio, y dijo, en otras cosas, que este Gobierno “es lo peor que nos ha pasado”. Tras la divulgación de los mensajes, el presidente chileno respaldó a ambas en su cuenta de X, mientras que la noche del domingo la parlamentaria renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados, cargo en el que estaría hasta el 15 de abril.

Luego de la publicación de los chats, y la arremetida de los diputados de izquierdas, Cooper dijo a CNN que él abrió una indagatoria por las filtraciones. Y, este martes, el fiscal nacional entregó esa investigación a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Los cuestionamientos a Cooper, sin embargo, comenzaron el 4 de marzo, cuando la policía allanó el departamento de Cariola, en el municipio de Providencia, el mismo día que ella daba a luz a su primer hijo en un hospital de Santiago, por lo que la parlamentaria ha dicho que se vulneraron sus derechos. El fiscal ha salido a enfrentar las críticas —lleva dos semanas dando entrevistas por el allanamiento y las filtraciones— y señaló que la diligencia fue autorizada por un tribunal. Y que “era urgente” realizarla ese día pues “la exalcaldesa Hassler tuvo acceso a informes y, dado el nexo entre ambas, ponía en riesgo el éxito de la investigación”.