La reparación de la deuda histórica y la democracia

Con la promulgación de la ley que reconoce y repara la deuda histórica con el magisterio, nuestro país celebra una jornada de hondo significado en la búsqueda de justicia, en la dignificación de la profesión docente y en el robustecimiento de su democracia. Esos fueron los propósitos que inspiraron este proceso, y guiaron el día a día de la mesa de trabajo donde se elaboró la propuesta que hoy nos permite rectificar, en parte, este histórico agravio.

Tal como lo hemos hecho en las distintas instancias que marcaron la tramitación del proyecto, en esta hora corresponde recordar los rostros, nombres y biografías de quienes encarnaron el compromiso y el largo tránsito de esta demanda, que nos acompaña como deuda desde la municipalización de la educación pública en la década de 1980. Este paso es un homenaje a ese esfuerzo, y también una señal potente para un país que no puede bajar su guardia frente a la impunidad y la indiferencia ante el pasado.

Esta ley nos reencuentra con la justicia porque ofrece una respuesta concreta a más de 57.000 profesores y profesoras que durante décadas esperaron una respuesta satisfactoria por parte de nuestras instituciones, respuesta que les fue esquiva a pesar de contar con el respaldo de sentencias jurídicas, de la publicación de nutridos informes parlamentarios, y del apoyo transversal de la ciudadanía.

Con el objetivo de poner fin a esa injusta espera, cumpliendo además lo que era un compromiso de campaña, el presidente Gabriel Boric nos instruyó avanzar en una propuesta de reparación viable, con un monto ajustado a nuestra capacidad presupuestaria, con una nómina certificada de potenciales beneficiarios y una temporalidad razonable para el total cumplimiento de este compromiso.

No perdemos de vista que se trata de una reparación simbólica que para muchos llega tarde; en otro escenario podríamos haber proyectado condiciones distintas de reparación. Pero las circunstancias históricas no se eligen y las sociedades se prueban precisamente posibilitando avances a pesar de lo que las determina.

Es por ello que hoy cabe poner en perspectiva, junto a la historia de esta demanda, la historia de los esfuerzos que hicieron posible arribar a una solución. Porque es precisamente en democracia, y haciendo uso de sus mejores instrumentos, que hoy comenzamos a reparar una injusticia nacida en dictadura. Se trata de un gesto importante en estos tiempos de incertidumbres y pulsiones autoritarias.

Porque este avance no se explica sin la fuerza y compromiso de las infatigables profesoras y profesores que sostuvieron esta demanda durante ocho gobiernos democráticos, por más de 40 años, sin jamás perder la confianza en las instituciones. A pesar de las negativas, e incluso de los intentos por desconocer la existencia misma de la deuda, su demanda respetó siempre las fronteras y las formas de la democracia.

Este logro tampoco sería posible sin la consistencia del Colegio de Profesoras y Profesores, que jamás comprometió el carácter prioritario de esta demanda, defendiéndola con independencia de las circunstancias, por encima de las diferencias políticas, y construyendo en torno a ella una lealtad gremial sustantiva. Es bajo ese encuadre que se comprende el macizo ejemplo de deliberación democrática que dieron los propios docentes al plebiscitar la propuesta de reparación presentada por el Gobierno. El amplio respaldo que concitó la propuesta ratificó el peso simbólico del reconocimiento y confirmó una vez más la generosidad política de las y los afectados.

También fueron indispensables los avances que tuvieron lugar en distintos gobiernos y por diversos poderes del Estado. Allí está el informe de la Comisión Especial relativa a las denominadas de Deudas Históricas de 2009, encabezada por el entonces diputado y hoy ministro Carlos Montes, clave en el reconocimiento de esta deuda por parte del Estado; similar importancia cabe al minucioso trabajo en torno a la primera nómina de docentes traspasados a la administración municipal bajo dictadura, elaborada entre 2016 y 2017 durante el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que fue actualizada y verificada en 2022 en el gobierno del Presidente Gabriel Boric para abordar este tema.

Por cierto, este proceso no hubiese llegado a puerto sin el compromiso del Congreso nacional, que demostró en este trámite lo mejor de nuestra tradición política. La expedita tramitación del proyecto, la empatía general con la justicia de esta demanda, la pasión que inspiró a varias de las intervenciones en comisiones y en sala, la abrumadora mayoría que hizo posible la aprobación, cada una de esas escenas vino a coronar un trabajo democrático de una pulcritud inusual en la historia reciente.

Son procesos como este, cuando las instituciones políticas y la sociedad logran coordinarse para corregir las injusticias y reparar los agravios del pasado, que la democracia se llena de sentido. Por esta lección debemos agradecer, una vez más, a las y los profesores de Chile.