El ministro de Justicia de Boric suma a la Iglesia católica al Plan de búsqueda de detenidos desaparecidos

Un año y medio después que el presidente de Gabriel Boric lanzó el Plan nacional de búsqueda de víctimas de la desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha sumado por primera vez a la instancia a la Iglesia católica. El abogado constitucionalista, militante del Partido Comunista y ateo, ha contactado al cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, para buscar la colaboración de la institución y ha designado, con la venia del mandatario de izquierdas, al sacerdote Tomás Scherz como nuevo integrante del comité de seguimiento y participación del plan. La iniciativa busca que la Iglesia pueda ser un puente entre los 140 exuniformados, cuyo promedio de edad es de 78 años, que están condenados por violaciones a los derechos humanos: cumplen sus penas en la cárcel especial Punta Peuco y otros en un área en el penal de Colina, y han negado durante décadas entregar información sobre el paradero de las víctimas.

Gajardo, de 43 años, fue nombrado por Boric como ministro en octubre de 2024 en reemplazo de Luis Cordero, quien asumió como subsecretario del Interior. El abogado comunista ya era parte de la cartera, como subsecretario de Justicia. Hoy, entre sus varias tareas está encabezar el Plan de búsqueda, una iniciativa impulsada por el Gobierno —que este 2025 ha entrado en su último año de gestión— como una política permanente del Estado. Se busca esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas y su paradero, pues en Chile hay aún 1.469 personas desaparecidas; garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad en los procesos de búsqueda e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.

El Plan ya ha lanzado su página web, donde se describen las trayectorias de las víctimas, desde su paso por diversos de centros de detención y torturas hasta su desaparición, las que se han obtenido, en gran parte, con el cruce de información de los miles de expedientes judiciales y patrones criminales que no estaban sistematizados. Además, se ha logrado elevar de 40 a 53 los sitios de interés en los que los 17 jueces de casos de derechos humanos pueden realizar diligencias investigativas. “En la dimensión de la búsqueda, el plan ha podido aportarles información que es valiosa para sus gestiones judiciales”, dice Gajardo.

Sin embargo, hasta ahora el Plan no ha logrado la identificación de personas desaparecidas. Entre las dificultades, señala el ministro, está el tiempo transcurrido, que “es un factor indudable. Pero, lo segundo, es que si bien hay información que se ha ido recopilando, podría haber mucha más de parte de los perpetradores. Por eso es tan significativa la incorporación de la Iglesia católica al comité de seguimiento, en el sentido de hacer un llamado a todas aquellos que tienen información sobre el paradero de las personas detenidas desaparecidas puedan entregar esta información que es tan importante para sanar estas heridas”.

Los contactos entre Gajardo y Chomali

Hasta esta idea de Gajardo, el Gobierno de Boric había mantenido una relación tirante con la iglesia. A finales de diciembre, luego de que la Administración de izquierdas postergara el envío al Congreso del proyecto de aborto legal [en Chile sólo se pemite por tres causales], Chomali dijo que consideraba como “un regalo” su retraso. Al respecto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló a radio Cooperativa que “las decisiones no se toman pensando en los príncipes de la iglesia”. Seis meses antes, cuando Boric anunció en su cuenta pública que empujará una ley de aborto, el arzobispo reaccionó rápidamente en su cuenta de X: “Es inhumano solucionar situaciones humanas complejas con el uso de la violencia”.

Gajardo conoció a Chomali en diciembre de 2023, durante una misa de Navidad en el Centro Penitenciario Femenino. La ceremonia se realizó nuevamente en las fiestas de fin de 2024, donde volvieron a conversar.

Tras la renuncia por razones de agenda al comité de seguimiento del Plan del constitucionalista Gastón Gómez, de la derecha tradicional, Gajardo pensó en Chomali como su reemplazo. Antes de plantear su propuesta a Boric, conversó con las agrupaciones de derechos humanos, que le señalaron que el sacerdote, mientras fue arzobispo durante once años en Concepción, en la zona centro sur de Chile, tuvo una buena relación con las organizaciones que representan a víctimas.

Durante la dictadura, parte de la Iglesia cumplió un papel clave en la defensa de los derechos humanos, principalmente a través de la Vicaría de la Solidaridad, que acogió a las víctimas y sus familiares e impulsó un equipo de abogados que se enfrentó a los militares en los tribunales. Tras le llegada de la democracia, y por más de 20 años, la Iglesia fue muy influyente en Chile, escuchada tanto en La Moneda como en el Congreso, pero con el estallido de acusaciones por abusos sexuales y encubrimientos, a mediados de la década del 2000, mermó su poder y credibilidad.

Hoy, sobre el papel que podría cumplir la institución en el Plan de búsqueda, Jaime Gajardo dice: “La iglesia siempre ha sido un actor muy importante en la defensa y promoción de los derechos humanos. Durante la dictadura militar le entregó cobijo, resguardo y acompañamiento no solo a las personas que eran buscadas por los organismos de la represión, sino también a los familiares y creó la Vicaría de la Solidaridad. También jugó un papel fundamental en las comisiones Rettig y Valech”. Y agrega: “Para nosotros es muy importante que ahora la iglesia vuelva a acompañar los esfuerzos que estamos realizando como gobierno para que podamos buscar y encontrar verdad, justicia y reparación, contribuir a la memoria y ayudar a sanar estas heridas que tenemos en la conciencia moral de nuestra sociedad. Creemos que es un actor de primer orden para aquello. Por eso valoramos que el cardenal Chomali haya acogido este llamado”.