El FES: una amenaza al futuro de la educación superior chilena

Hace unos días, el Gobierno del Presidente Boric presentó al Congreso el proyecto de ley que condona las deudas educativas asociadas al Crédito con Garantía Estatal (CAE) y reemplaza el sistema de créditos con un impuesto a los graduados, denominado FES. En éste, los beneficiarios, después de 12 meses de egresar, deben contribuir con un porcentaje de sus ingresos a las arcas fiscales, por un número de años que es directamente proporcional a la cantidad de semestres financiados. Existen múltiples diferencias entre el proyecto que propone el Gobierno y los anteriores intentos de reformar el sistema de créditos de educación superior. Estas diferencias crean o profundizan riesgos evidentes y distorsionan incentivos del sistema, fracturando el funcionamiento de la provisión mixta y afectando, finalmente, la calidad de todas las instituciones que participan en la educación superior chilena.

En primer lugar, el proyecto de ley del Gobierno del Presidente Boric viene a confirmar una tendencia lamentable. Más de 50 mil estudiantes de la educación escolar abandonaron el sistema el año pasado; las denuncias por convivencia escolar alcanzaron un máximo histórico; las tutorías académicas post pandemia llegaron a un número irrisoriamente bajo de estudiantes, menor al 1% de la matrícula; los aprendizajes están estancados hace más de una década; y un 71% de los estudiantes de 15 años no alcanza competencias mínimas en matemáticas, de acuerdo con la prueba PISA (Education at a Glance 2024, OCDE). El Gobierno, frente a esto, ha dedicado poco esfuerzo y presupuesto a reactivar la educación parvularia y escolar. Más bien, ha insistido en aumentar el financiamiento de la educación superior y centrar su agenda en prioridades electorales como la condonación del CAE.

En segundo lugar, este proyecto extiende la fijación de precios y vacantes al 90% de menores ingresos del país, impone un impuesto a la renta adicional a los profesionales y técnicos, y deja a cargo de calcular y otorgar el beneficio a instituciones que dependen del gobierno de turno, a saber, la Subsecretaría de Educación Superior y el eventual Servicio Ingresa. Todo esto lesiona gravemente la viabilidad financiera de las instituciones y especialmente su autonomía, al privarlas de determinar sus propios aranceles para permitir el financiamiento de la investigación, la innovación y el desarrollo. Asimismo, deja entrever una clara intención de control estatal, que extinguiría el efecto virtuoso del financiamiento y la provisión mixtos de la educación superior sobre las distintas funciones del quehacer universitario.

En tercer lugar, se ha desprendido del trámite legislativo y del proyecto de ley que las becas de arancel, determinadas por méritos académicos y criterios socioeconómicos, como la Beca Bicentenario y la Beca Nuevo Milenio, serían eliminadas del presupuesto nacional. Junto con la supresión de los distintos créditos, esto dejará sin ninguna ayuda estatal a los estudiantes de los deciles de menores ingresos del país, si sus instituciones no adhieren al nuevo sistema. Éstas serán empujadas a decidir entre el acceso de los deciles más bajos y su autonomía institucional. Lo anterior impactará negativamente sobre el ingreso de los individuos de bajos ingresos al sistema, profundizando la segmentación por nivel socioeconómico del sistema. Hoy, 60 mil estudiantes con CAE del 60% de menores ingresos del país estudian en instituciones no gratuitas.

Estas son algunas de las diferencias fundamentales que este proyecto presenta respecto de otros anteriores, y son las que lo constituyen como un peligro para el futuro de la educación superior chilena. Actualmente, las universidades de Chile son, en varios casos, la vanguardia en calidad e innovación en Latinoamérica, con presupuestos que ya se encuentran limitados por la regulación estatal, que ha crecido preocupantemente en la última década. Seguir presionando por el control estatal del financiamiento a través de la fijación de precios y vacantes, especialmente a través de un proyecto de ley pernicioso como el actual, es un error garrafal, que pone en riesgo la calidad de las instituciones de educación superior, el acceso de los estudiantes más vulnerables del sistema y, finalmente, el desarrollo nacional.