‘Caso Audios’: seis claves en la reforma al nombramiento de jueces que prepara el Gobierno de Boric

El caso Audios, que protagoniza el abogado Luis Hermosilla, y que estalló hace diez meses con la filtración de la grabación de una conversación en su oficina en el sector oriente de Santiago, ha salpicado a figuras del mundo público y privado chileno. Pero ha golpeado en especial al Poder Judicial, pues en los chats que han sido revelados por el medio Ciper Chile, hasta ahora existen conversaciones con al menos dos ministros de la Corte Suprema. Por estos días, el rostro del conflicto es la jueza Ángela Vivanco, pues entre los mensajes con el penalista que han sido divulgados se revela que en 2018, entre otros varios hechos que hoy investiga la Fiscalía, le pidió ayuda para ser nombrada en el máximo tribunal. Esto, además de entregarle información de causas que eran de su interés e intervenir en otras designaciones de altos puestos de la magistratura, y de vetar nombres.

Luis Hermosilla fue un importante asesor jurídico del Ministerio del Interior que lideraba Andrés Chadwick, en la Administración de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional. Además, lo representó en una acusación constitucional en su contra que levantó la izquierda tras el estallido social de 2019. Compartieron oficina de abogados hasta que explotó el caso Audios.

El escándalo ha empujado al Gobierno del presidente Boric ha impulsar una reforma al sistema de nombramientos no solo de ministros de la Corte Suprema, sino de todas las categorías de jueces a fin de evitar que operen intermediarios y que “permita evaluar comparativamente el mérito”, según reveló este domingo en una entrevista con EL PAÍS el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien en octubre debe presentar un proyecto. Además, dijo que la propuesta también conlleva aspectos que regulen los conflictos de interés de todos los actores del sistema de justicia: magistrados, fiscales, defensores públicos y abogados que ejercen la profesión en forma privada.

Cordero ha señalado, a raíz del caso de Hermosilla, que “esta crisis no es solo del Poder Judicial, sino de todo el sistema de justicia chileno”. La frase se enmarca en el contexto que, tras la divulgación de los mensajes del abogado, se han abierto indagatorias, además de la de Vivanco, en contra de Sergio Muñoz, quien era hasta marzo el director de la Policía de Investigaciones; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma y el exfiscal jefe de la zona oriente de Santiago, Manuel Guerra. En el caso de Palma, este domingo Ciper ha revelado nuevos chats con Hermosilla que muestran que también le solicitaba apoyo e influencia durante su postulación para ser fiscal nacional en 2022 [fue nombrado Ángel Valencia].

Tras el caso Audios el sistema de nombramientos del Poder Judicial ha sido puesto en el banquillo. EL PAÍS entrega la principales claves de cómo avanza la propuesta del Ejecutivo que se entregará en octubre, la que va el paralelo a la próxima votación en el Senado de las tres propuestas de Boric para integrar la Corte Suprema –dos ministras y un fiscal del máximo tribunal–, una prueba mayor en medio del conflicto.

Creación de un nuevo órgano

El actual sistema de nombramientos de la Corte Suprema rige desde 1997. Viene de una reforma que realizó el expresidente democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) e implicó varios cambios, entre ellos subir el número de integrantes de 17 a 21 y sumar, entre ellos, la incorporación de cinco abogados externos sin carrera judicial. Precisamente, en esos cupos entraron Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, otro de los ministros mencionados en los chats de Hermosilla y que también enfrentará una acusación constitucional.

El mecanismo requiere de la participación de los tres poderes del Estado: primero la Suprema elabora una quina, que selecciona entre postulantes que envían sus antecedentes y hacen una presentación pública de diez minutos ante el pleno de la Corte Suprema. Luego, de esas propuestas el presidente de la República elige un nombre, que debe ser ratificado en el Senado por alto un quórum: dos tercios.

Tanto la Corte Suprema como la Asociación de Magistrados han criticado por años el sistema. Tras el caso de Hermosilla, el pleno admitió que “podría permitir algunos espacios de opacidad”.

La propuesta del Gobierno de Boric recogerá parte de los planteamientos de la Suprema en el sentido de separar las dos funciones hoy tiene: la jurisdiccional (ver causas y fallar) y las tareas administrativas, entre las tener a cargo los nombramientos. La crítica de los otros escalafones de jueces es que sus superiores, es decir, quienes revisan sus sentencias, son los mismos que los promueven.

Así, el proyecto avanza hacia la creación de un nuevo órgano autónomo que se encargue de los nombramientos y que pueda enfocarse en las carreras de los candidatos dentro del Poder Judicial y no en su conocimiento personal, pues los operadores suelen actuar en las sombras para hacerlos conocidos y conseguir votos.

La duda que existe es si el Senado seguirá cumpliendo un papel en las designaciones de la Corte Suprema.

Cambios incluyen a todos los jueces

La novedad que traerá la reforma del Ejecutivo es que no solo se enfocará en cambiar las desiganciones en la Corte Suprema, sino en todos los escalafones: ministros de las 17 cortes de apelaciones del país, fiscales judiciales, y jueces orales y de garantía.

Los nombramientos en la Corte Suprema son los únicas en que interviene el Senado. En el caso de las cortes de Apelaciones, los tribunales de segunda instancia, sus integrantes son designados de una terna, tras un concurso, que arma la Suprema. La elección corre por el presidente de la República.

“Los nombramientos están vinculados más bien a la hoja de vida de una persona y a las ternas [cortes de Apelaciones] o a las quinas [Suprema]. Por lo tanto, no es un sistema que permite evaluar la trayectoria de una persona”, dijo Cordero a EL PAÍS.

Regulación de conflictos de interés

De acuerdo por lo señalado por Cordero, la reforma además incorporará un mecanismo para regular los conflictos de interés de todo el sistema de justicia. Eso incluirá a los funcionarios del Poder Judicial, es decir, jueces de todos escalafones, pero también a fiscales y defensores públicos.

El mecanismo para regular los conflictos de interés alcanzará también a los abogados privados, por lo que el ministro se ha reunido con el Colegio de Abogados. Es probable que se avance también en la colegiatura obligatoria de la profesión (en Chile se eliminó la obligatoriedad en 1984, en la dictadura de Augusto Pinochet)

Se suman todos los proyectos desde 1991

Si bien el Ejecutivo presentará un proyecto propio, tomará en cuenta todas las iniciativas que han sido impulsadas en Chile desde el retorno a la democracia sobre reformas y propuestas para las designaciones en el Poder Judicial.

Ello implica tomar la primera gran reforma, que fue archivada, y que impulsó en 1991 Francisco Cumplido, ministro de Justicia del expresidente Patricio Aylwin y que, entre varias novedades, propuso un órgano o consejo autónomo de designaciones.

Se suman las propuestas que impulsaron los dos fallidos procesos constitucionales, de 2022 y 2023, y la reforma que propuso el Gobierno de Sebastián Piñera. Esto, además del proyecto que presentó en 2015 la Corte Suprema y que lo actualizó en 2024 después del caso Audios.

Los próximos nombramientos de octubre

El próximo 1 de octubre el Senado votará las propuestas del Gobierno de Boric para integrar la Corte Suprema. Las candidatas que han sido elegidas por el presidente de izquierdas son dos juezas de carrera que entraron al Poder Judicial en 1988: Jéssica González y Mireya López. En la lista también está Jorge Pizarro, candidato a la fiscalía judicial del máximo tribunal.

Se trata del segundo nombramiento que realiza Boric en la Corte Suprema, pues ya había nominado a la ministra Soledad Melo a mediados de 2023. El Gobierno ha impulsado lograr la paridad en el máximo tribunal. Esta vez, el clima complejo supone una prueba de fuego, pues la votación está cruzada por el caso de Hermosilla.

De ser aprobadas las propuestas, el Ejecutivo deberá realizar otros dos nombramientos en la Suprema en 2024, pues está vacante el puesto que dejó el juez Jorge Dahm en diciembre de 1013, mientras que en octubre se jubila Juan Eduardo Funtes, al cumplir 75 años, la edad límite en Chile para los magistrados.

Los abogados externos y el factor acusación constitucional

Si bien distintos congresistas han mencionado que podrían presentar acusaciones constitucionales en contra de cuatro ministros de la Corte Suprema, hasta ahora los libelos que avanzan en forma más concreta son los de Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus.

Si llegaran a ser destituidos en un juicio político en el Congreso, aquello no solo supone que se abrirán dos nuevos cupos en la Suprema, y todo el largo proceso que conlleva, sino que lo más probable que se abra un nuevo foco de debate sobre la integración de los cinco abogados externos que tiene el máximo tribunal después de la reforma de 1997. Esto, porque Vivanco y Matus no son jueces de carrera, sino que entraron en esas vacantes.

Todavía no se sabe si la reforma que prepara el Gobierno de Boric mantiene los cupos de los abogados foráneos, por lo que el curso que tomen las acusaciones constitucionales es mirado con especial atención.